Administrativo

El autor analiza la problemática actual en torno a la brecha digital existente entre la población de nuestro país, destacando la importancia de llevar adelante reformas en las leyes de procedimiento administrativo que coadyuven a cambiar este escenario. Concluye con varios interrogantes acerca de las “ventanillas de la Administración” que nos invitan a pensar nuestro actual situación.

El autor analiza el régimen de control judicial de la Administración. Al respecto, enuncia las distintas restricciones a la facultad de los jueces de ejercerlo, así como el origen y características de este instituto en nuestro país.

El autor analiza el instituto de los “meros pronunciamientos administrativos” receptados en la Ley de Procedimientos Administrativos de Mendoza. En este sentido, desarrolla la diferencia existente respecto de los actos administrativos. A esos efectos, enuncia algunas conclusiones esbozadas por Héctor A. Mairal en la materia.

La autora cuestiona uno de los incisos del Artículo 3 de la Ley N° 26.944 de responsabilidad del Estado, el que establece los requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad e inactividad ilegítima. Al respecto, la autora sostiene que la norma es furiosamente estricta y limita los derechos de los particulares, dejándolos sin protección alguna.

La autora analiza si la revocación de un contrato administrativo ante el cambio de las circunstancias de hecho relevantes constituye una hipótesis de valoración del mérito, oportunidad o conveniencia o bien un supuesto de ilegitimidad sobreviniente.

La autora menciona algunas de las políticas implementadas para instaurar en la Patagonia un modelo agro-productivo sustentable. Destaca la necesidad de contar con un tratamiento especial en lo referente a tarifas de servicios públicos, que implique una reducción sustancial y considerable que permita consolidar el modelo agro-productivo-exportador, siguiendo criterios de progresividad y razonabilidad de los incrementos, evitando que los usuarios caigan en una situación de imposibilidad de pago de los servicios.

A la luz de los conocidos aumentos de las tarifas de los servicios de energía y gas, la autora analiza pormenorizadamente las características de la Región Sur de Río Negro –la llamada “Línea Sur – en relación a la demanda y distribución de estas prestaciones, presentando la idea incipiente de implementar en la zona un modelo agro-productivo sustentable.

El autor analiza la naturaleza jurídica del recurso directo interpuesto a una resolución emanada de un órgano administrativo. Al respecto, sostiene que entendiendo que nuestro sistema normativo no confiere potestades jurisdiccionales a la Administración, los recursos directos son acciones judiciales de nulidad de actos administrativos, y no recursos de apelación de sentencias judiciales.

El autor analiza las particularidades introducidas por la Ley 26.854 sobre medidas cautelares contra el Estado o sus Entes Autárquicos. Al respecto hace especial hincapié en su carácter bilateral toda vez que, dado el interés público comprometido, corresponde al Juez requerir a la autoridad pública un informe respecto de este tema, la que además puede debatir las condiciones pretendidas. Por último reflexiona acerca del pronunciamiento respecto de las costas.

El autor aborda la problemática de la inseguridad jurídica y cómo ello afecta el crecimiento económico en nuestro país, destacando la importancia de construir altos niveles de confianza en quienes toman decisiones de inversión. Al respecto, analiza cuál es el rol del Derecho en este escenario.