Administrativo

La autora menciona algunas de las políticas implementadas para instaurar en la Patagonia un modelo agro-productivo sustentable. Destaca la necesidad de contar con un tratamiento especial en lo referente a tarifas de servicios públicos, que implique una reducción sustancial y considerable que permita consolidar el modelo agro-productivo-exportador, siguiendo criterios de progresividad y razonabilidad de los incrementos, evitando que los usuarios caigan en una situación de imposibilidad de pago de los servicios.

A la luz de los conocidos aumentos de las tarifas de los servicios de energía y gas, la autora analiza pormenorizadamente las características de la Región Sur de Río Negro –la llamada “Línea Sur – en relación a la demanda y distribución de estas prestaciones, presentando la idea incipiente de implementar en la zona un modelo agro-productivo sustentable.

El autor analiza la naturaleza jurídica del recurso directo interpuesto a una resolución emanada de un órgano administrativo. Al respecto, sostiene que entendiendo que nuestro sistema normativo no confiere potestades jurisdiccionales a la Administración, los recursos directos son acciones judiciales de nulidad de actos administrativos, y no recursos de apelación de sentencias judiciales.

El autor analiza las particularidades introducidas por la Ley 26.854 sobre medidas cautelares contra el Estado o sus Entes Autárquicos. Al respecto hace especial hincapié en su carácter bilateral toda vez que, dado el interés público comprometido, corresponde al Juez requerir a la autoridad pública un informe respecto de este tema, la que además puede debatir las condiciones pretendidas. Por último reflexiona acerca del pronunciamiento respecto de las costas.

El autor aborda la problemática de la inseguridad jurídica y cómo ello afecta el crecimiento económico en nuestro país, destacando la importancia de construir altos niveles de confianza en quienes toman decisiones de inversión. Al respecto, analiza cuál es el rol del Derecho en este escenario.

El autor plantea la relación entre el presupuesto del que disponen las Provincias y Municipios, y su deber de garantizar el goce de los Derechos Humanos. Al respecto, analiza los distintos tipos de relación entre estos dos supuestos, la importancia de la sanción de una Ley de Coparticipación Federal, las dificultades de las democracias modernas y, por último, elabora una serie de propuestas al respecto.

El autor analiza la relación instrumental que existe entre la determinación del presupuesto en las Provincias y Municipios de la Argentina y su deber de satisfacer los derechos sociales. A esos efectos, efectúa un breve recorrido histórico sobre la generación y distribución de los recursos públicos, finalizando con una reflexión acerca del deber de los Estados locales en el cumplimiento de los DESC.

El autor desarrolla la relevancia de los Entes Reguladores de servicios públicos en lo relativo a los derechos sociales y calidad institucional, analizando sus principales funciones y la relación que debiera tener con el Poder Ejecutivo a los fines de poder cumplir satisfactoriamente con las tareas que le son encomendadas.

El autor realiza un pormenorizado análisis de las características y límites de la potestad tributaria de los municipios. Al respecto, desarrolla brevemente los requisitos establecidos para la validez de las tasas.

El autor analiza un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se dirimió la competencia de las provincias para regular las profesiones liberales. Concluye afirmando que las provincias conservan la facultad de regular el ejercicio profesional, sin que por ello pueda desnaturalizar los títulos profesionales expedidos de acuerdo a la normativa nacional.