Administrativo

En la última entrega de su artículo, la autora se aboca al análisis de las fuentes de derecho utilizadas por la Corte Suprema de Justicia en los precedentes “Navarrine” y “Losicer” finalizando con una interesante reflexión al respecto que involucra las fuentes del Derecho Internacional en materia de DDHH.

En esta nueva entrega, el autor analiza pormenorizadamente cada una de las garantías del Derecho Penal que deben cumplirse en el marco del ejercicio de la potestad sancionatoria en el Derecho Administrativo.

La autora desarrolla la segunda parte de su artículo centrándose en el análisis de la forma en que las desigualdades sociales y económicas se ven reflejadas en el diseño y estructuración de las ciudades, finalizando con una interesante reflexión al respecto.

La autora analiza la importancia de diseñar las ciudades de forma tal que se favorezca la igualdad contrarrestando la exclusión social y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Destaca además la necesidad de que los ciudadanos puedan ser parte de los procesos tanto de acción como de discusión en los asuntos de la ciudad y el rol del Estado en este sentido.

El autor continúa analizando la potestad sancionatoria en el Derecho Administrativo, desarrollando los puntos de vista de distintos doctrinarios en relación con la aplicación de los principios del Derecho Penal al procedimiento administrativo en cuestión y los puntos de contacto con lo regido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El autor analiza un caso donde la Corte Suprema de Justicia Nacional se expidió respecto de un conjunto de temas sensibles para el Derecho Administrativo. Estos son la garantía de defensa en juicio, la prescripción de la acción penal, la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, y el derecho a obtener una decisión en un plazo razonable en el marco de un procedimiento administrativo.

El autor analiza lo dispuesto por la Ley 27.351 que otorga una serie de beneficios para usuarios del servicio de distribución eléctrica que consumen energía con destino a equipamiento electromedicinal, realizando algunas observaciones acerca de las dudas existentes en torno a la operatividad de los beneficios.

El autor analiza el derecho de acceso a la información pública y aborda los eventuales conflictos que se producen en la búsqueda de calidad institucional en la Administración Pública.

El autor analiza las disposiciones de nuestra Constitución Nacional en lo relativo a la protección de los usuarios de servicios públicos. Al respecto, observa cuál es la tutela que la misma asigna a los usuarios, cuál es el rol del Estado y qué papel desarrollan las empresas prestadoras en este contexto.

La autora, a la luz de un reciente fallo del TSJ CABA, analiza el instituto del silencio administrativo en los casos de ejercicio de facultades discrecionales. Observa las características del control judicial y el impacto que genera en los derechos individuales.