Administrativo

El autor propone repensar la noción de función administrativa como actividad permanente, concreta y práctica por medio de la cual el Estado cumple de modo inmediato su obligación de garantizar el libre y pleno goce de los derechos fundamentales en el marco del art. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los autores consideran la constitucionalidad de la reforma introducida por la Ley de Presupuesto 14.652 de la Provincia de Buenos Aires al art. 70 de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 13.133, en tanto impone la obligación de pago previo de las multas aplicadas en el ejercicio del poder de policía de consumo para habilitar su impugnación judicial.

El autor entiende que, siendo conocidas las razones que llevaron al legislador a disponer la cláusula de vigencia temporal de las medidas cautelares, ésta no debería interpretarse en sentido de que los seis meses son prorrogables varias veces.

El autor repasa las doctrinas que han demarcado las diferentes ramas del derecho y sus límites, los que se mueven al compás de oscilaciones históricas, sociales y políticas y señala particularmente lo que acontece con la categorización de derecho constitucional como derecho público, no obstante albergar la regulación básica de derechos individuales de naturaleza privada, como el derecho de propiedad.

El autor analiza propuestas para llenar el vacío legal que existe en materia de reestructuración de deuda y concluye que el derecho internacional de los derechos humanos debe ser considerado como ley aplicable a  aquella y que debe informar las discusiones acerca de una convención multilateral desde su concepción misma.

El autor, a raíz de una reciente sentencia, entiende que la Corte Suprema de Justicia se acerca a la configuración precisa de la  representación colectiva adecuada respecto de los titulares de un derecho de incidencia colectiva divisible.

El autor sostiene que el endeudamiento soberano se encuentra orientado a contribuir en la implementación de aquellas políticas económicas y sociales nacionales que promuevan el crecimiento y el desarrollo de un país y concluye que, sin embargo, la litigación distorsiva de los fondos buitre es sólo una -pero probablemente la más importante- evidencia de las consecuencias del vacío legal global sobre las reestructuraciones de deuda.

El autor analiza el contenido del derecho a la “buena administración” y concluye que, si bien no tiene recepción expresa en nuestro ordenamiento, es saludable observar a esta “nueva” categoría porque puede resultar un ejercicio útil para mejorar o completar el abanico de derechos y garantías existentes.

El autor analiza los aspectos más destacados del proyecto de ley que pretende declarar como servicio público el uso y acceso a las redes de comunicaciones, y sostiene que el mismo destraba incompatibilidades vigentes en la Ley de Medios y permite que las empresas telefónicas puedan brindar servicios de televisión por cable.

El autor concluye que resulta peligroso pretender justificar la constitucionalidad y convencionalidad de leyes que evidentemente no lo son, cuando tanto la ley 26.854  como la ley 26.944  se evidencian restrictivas con sólo efectuar su comparación con el sistema jurídico vigente previo a su promulgación.