Administrativo

Con motivo de la nota publicada por Federico Egea en el número del 15/4/2014, el autor explica que la presunción de legitimidad no constituye una cualidad intrínseca del acto administrativo y que la suspensión de su ejecución debe dejar de ser entendida como una medida excepcional, a fin de evitar que la Administración se beneficie indebidamente de la lentitud funcional y patológica de la autotutela declarativa y ejecutiva.

El autor concluye que la incorporación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción se erige como una nueva razón para abandonar o morigerar la aplicación de la presunción de juridicidad del acto administrativo.

El autor concluye que la autotutela anulatoria debe tener las mismas reglas que la autotutela general ya que si no se produce una inconsistencia.

El autor concluye que en nuestro contorno Iberoamericano, se debería profundizar en los valores, principios y armonizar nuestras instituciones de derecho administrativo, no por la imposición, sino sobre la base del consenso.

El autor repasa reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y vislumbra que los tribunales tendrán ante sí situaciones complejas con connotaciones de naturaleza alimentaria, de potestades estatales sobre organización administrativa y cuestiones presupuestarias.

Las autoras concluyen que al aprobarse la Ley N° 4.895 (CABA) se incorpora una herramienta útil para lograr controles eficaces y eficientes sobre la gestión pública.

El autor concluye que es necesario profundizar la participación previa en la designación de directores y en la toma de decisiones relativas a servicios públicos.

El autor concluye que constitucionalmente se ha querido preservar al Presidente de la Nación para las grandes decisiones estratégicas y al Jefe de Gabinete y el resto de los ministros para las dificultades de la gestión administrativa.

El autor concluye que tanto la redacción anterior del proyecto de Código Civil y Comercial unificado, como del proyecto de ley que tiende a regular la Responsabilidad del Estado, es violatorio del régimen federal de gobierno.

La autora analiza cómo se enlazan los procesos electorales con las decisiones políticas cotidianas y concluye que debe darse lugar a la participación de los sectores a quienes van dirigidas dichas políticas.