Comercial, Económico y Empresarial

En esta segunda parte la autora continúa con el análisis jurisprudencial. Señala que existen algunos pronunciamientos que echan luz en relación a las pretensiones del consumidor sobreendeudado y describe las técnicas que han usado los jueces para sanear los estados de insolvencia. Concluye que la pretensión preventiva podría un contenido orientado a hacer cesar los descuentos y depósitos.

El presente corresponde a la continuación del artículo publicado en el Diario Nº 232 (27.11.2019)

En esta primera parte la autora sostiene que en casos de consumidores sobreendeudados, la acción preventiva se erige como una herramienta procesal idónea a fin de evitar el rechazo de un pedido de apertura concursal, o como alternativa una vez consumado aquel. Señala la necesidad de lograr la tutela judicial efectiva ya que el rechazo de los pedidos de quiebra del consumidor no pueden importar una condena a la indigencia.

El autor se refiere al artículo 150 de la L.C. que consagra una prohibición de concurrencia para los socios ilimitadamente responsables en la quiebra de la sociedad. Sostiene que la norma beneficia a los acreedores. Concluye que la solución adoptada no resulta razonable y que se discrimina a los créditos de los socios contra la sociedad, beneficiando sin razón a los demás acreedores

El autor analiza los sistemas procesales de los concursos existentes: Privatismo y Publicismo. Explica que la Ley 24522 ha exacerbado el privatismo y que la reforma de 2002 de la Ley 25589 ha equilibrado efectos. Sostiene que los efectos del privatismo pueden observarse en la incorporaci{on de acuerdos preconcursales y con la categorización de acreedores y el Comité de Acreedores. En relación al publicismo señala que su retorno se consolidó en 2011 para tutelar el empleo y a los trabajadores. Concluye que las leyes no deben exacerbar los sistemas sino que deben equilibrar ambos.

El autor analiza la Directiva 2019/1023 de la Unión Europea sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Señala que su objetivo es eliminar los obstáculos a la libre circulación de capitales y que se aplica sólo a los empresarios insolventes. Se refiere a los principales puntos de la Directiva.

En esta segunda parte el autor analiza los casos particulares de acreedores que la doctrina considera excluidos o incluidos dentro de la imposibilidad de solicitar la quiebra, prevista en el artículo 81 de la L.C. Señala que las incompatibilidades se aplican a las quiebras indirectas o por exclusión. Aclara que, a pesar de que los acreedores incluidos en dicho artículo no pueden solicitar la quiebra, ello no empece a que verifiquen sus créditos y puedan cobrar su acreencia tanto en una quiebra posterior o en una individual.

El presente corresponde a la continuación del artículo publicado en el Diario Nº 226 (23.10.2019)

En esta primera parte el autor analiza los casos de acreedores excluidos de la posibilidad de solicitar la quiebra, previstos en el artículo 81 de la L.C. Sostiene que la razón de la exclusión es la protección de la familia. Revisa los antecedentes de dicha norma y se refiere a los casos contemplados en la misma.

El autor se refiere al funcionamiento de los pequeños concursos y quiebras. Analiza los criterios para caracterizar un pequeño concurso o quiebra y sostiene que los mismos deben presentarse de manera alternativa y no acumulativa. Señala que el artículo 289 LCQ dispone el régimen aplicable al pequeño concurso pudiendo entenderse como salvedades al régimen de grandes concursos y quiebras. Concluye que el régimen analizado coexiste con falencias y que existe la necesidad de regular pormenorizadamente diferentes procesos para distintos sujetos concursales.

En esta segunda parte el autor sostiene que la intervención concursal debe llegar oportunamente para llegar a la recuperación empresaria y evitar la propagación de la crisis. Analiza los efectos prácticos que tiene el concursamiento tardío y señala que genera responsabilidad de los administradores. Establece que es posible comprender como dolosas las conductas de los administradores que realizan actos que si bien no tienen como fin generar un daño, se representan la posibilidad de ocasionarlo y continúan con su accionar.>>

El presente corresponde a la continuación del artículo publicado en el Diario 222 – (25.09.2019).

En esta primera parte el autor se refiere al foro de necesidad en los contratos de consumo concluidos de manera electrónica. Establece que se encuentra regulado en el artículo 2602 del CCCN y que surge jurisprudencialmente de la causa Vlasov. Repasa los requisitos que el Código establece para que el juez pueda declararse competente y explica que sería difícil imaginar un caso en la práctica en que se den todos los requisitos conjuntamente. Sostiene que tiene carácter excepcional y que su fin es evitar la denegación de Justicia.