Constitucional

El autor propone un análisis político-constitucional de las crisis institucionales, reparando en el caso de la experiencia brasilera. Identificando la desintegración ideológica que aqueja al sistema partidario, concluye que es necesaria una reforma constitucional en Brasil que establezca el sistema de voto distrital para darle mayor estabilidad al sistema.

El autor plantea la problemática del poder y lo fácil que es caer en la corrupción al detentarlo. Luego de explicar el inconveniente de una duración excesiva en los cargos de la sociedad y la necesidad de una sólida vocación de servicio público, concluye que la corrupción está muy presente y que, para desterrarla,  hace falta un compromiso sostenido en el tiempo de mejorar las condiciones de vida de las personas.

El autor continúa analizando la eutanasia desde una perspectiva del principio de autodeterminación y, en esta segunda parte, analiza el caso de Vincent Lambert en la Corte Europea de Derechos Humanos y un caso presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Concluye que se coloca al principio de autonomía como valor moral, que nuestra legislación no permite programar la propia muerte y que se ha generado el proceso de “constitucionalización de los derechos”.

El autor explica qué es la efectualidad –el ser de las cosas es determinado por sus efectos–, y analiza cómo, entendiéndolo como un principio jurídico derivado de la Constitución de la Provincia de Córdoba, no es posible soslayar cuando está en juego el ejercicio de los derechos humanos. Concluye que el fin de la actuación estatal es el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, y que sus manifestaciones deben ser los derechos mismos y no la manera en la que se ha desplegado el poder.  

La autora continúa desarrollando la relación entre la investigación independiente e imparcial y el derecho a la vida, analizando la decisión tomada en el caso, los fallos precedentes –principalmente, Campo Algodonero– y las proyecciones a futuro. Concluye que la violación ocurrida durante la investigación judicial constituye un incumplimiento del derecho a las garantías judiciales, que no puede utilizarse como argumento para justificar la violación de otro derecho –como ocurrió en Hinojosa y otra vs. Ecuador–.

En esta primera parte, la autora relata los hechos que dieron origen a la sentencia analizada y desarrolla el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del derecho a la vida. De este modo, explica cómo la ausencia de una investigación imparcial e independiente implica una violación a la obligación de garantizar este derecho.

El autor comenta la necesidad de superar el Estado estático de bienestar para lograr llegar al Estado solidario. Concluye que el Estado es una garantía de solidaridad y que, ante su falla –el sistema se desnaturalizó por permitir la libertad sin límites–, nos encontramos ante la ley de la selva.

En esta segunda parte, los autores explican los conceptos erróneos que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de las mujeres musulmanas y el uso del velo. Concluyen que la utilización voluntaria del velo es un elemento crucial para el respeto de los derechos religiosos de estas personas, y que su prohibición no implica que deje de utilizarse.

En esta última parte, la autora analiza el argumento de “la fórmula argentina”–según el cual los tratados internacionales no pueden modificar la supremacía constitucional– en el fallo en cuestión. Concluye que la Corte Interamericana, al decidir, no revocó la sentencia de la Corte nacional, sino que señaló que el accionar de la misma vulneró un derecho contenido en el Pacto de San José de Costa Rica. Por otro lado, refiere que el panorama resultante de la decisión en el fallo en análisis implica un retroceso en cuanto a la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones asumidas internacionalmente.

La autora plantea alternativas al proceso de internamiento de las personas con discapacidad intelectual, a la luz del modelo social de la Discapacidad, toda vez que la institucionalización representa una problemática que impacta en la segregación e impide el pleno desarrollo y goce de derechos, tales como la vida en comunidad que representa a su vez una alternativa a la problemática en sí.