Constitucional

El autor analiza, por un lado, el caso FAL, afirmando que la Corte renunció conscientemente a la verdad material, ya que pasó por alto la excepción del art. 86-2 del Código Penal argentino estableciendo que no debía exigirse a la madre la acreditación del delito que justifica la eximición de pena. Por el otro, el caso Roe vs Wade de 1970, donde las abogadas Linda Coffee y Sarah Weddington presentaron una demanda en Texas, representando a Norma L. McCorvey (Jane Roe), y le hicieron decir a Roe que su embarazo había sido producto de una violación. Años más tarde, la señorita McCorvey se arrepintió de su actuación fraudulenta y reconoció que parte de su declaración en el juicio no fue verdadera.

El autor analiza un matutino de la ciudad de Mendoza en donde trataron la situación en la cual la Legislatura votaría un proyecto sobre el aborto antes que el Congreso. Se trata de la guía sanitaria para aplicar en el caso de las mujeres violadas. Esa iniciativa ya se debate en el Senado y llegaría al recinto el mes que viene. En cambio, la legalización de la interrupción del embarazo no se votará hasta junio en la Cámara de Diputados de la Nación. Junto con esto, desarrolla un análisis de un fallo de la Cámara Tercera en lo Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, donde declaró la inconstitucionalidad del Protocolo de abortos no punibles aprobado por el Gobierno provincial, ya que violaba la Constitución Local y la ley 6222 que reglamenta el ejercicio de la medicina en la Provincia.

El autor analiza una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionada con la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. El Máximo Tribunal, en este caso de la Provincia de Salta, sostiene que dicha enseñanza es constitucional siempre que la asignatura específica se imparta fuera de los horarios de clase, evitando que se favorezca a determinados sectores que colocan a otros minoritarios en situaciones de desventaja. Además, encausa el análisis señalando que la ley provincial, a pesar de su neutralidad, en la práctica termina favoreciendo a la religión católica, circunstancia que es contraria al mandato constitucional de igualdad ante la ley.

En esta quinta parte, el autor desarrolla un análisis sobre las ideas de reforma en pro del derecho público en Perú. Explica que la corrupción política es un problema multidimensional y por eso, es imperativo que los Gobiernos adopten medidas para reducir el soborno en los servicios públicos, facilitar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, fortalecer las instituciones policiales y de Justicia, limpiar la policía y proteger a los denunciantes. Concluye que la idea es avanzar en la reforma radical del Estado para favorecer una mejor organización en el territorio y una renovada política de gasto social y de inversión pública sobre la base de realizar objetivos de desarrollo sostenible a largo plazo.

El autor desarrolla un análisis acerca de la composición tridimensional del derecho: el orden de conductas, el orden normativo y el de la justicia o derecho natural, tres órdenes íntimamente vinculados entre sí, pero distinguibles unos de otros. Explica que el derecho positivo siempre debe receptar los principios o valores del derecho natural y que, en cuanto a las decisiones judiciales, el dogma de la ley y el contrato no son suficientes, sino que pasa por la idoneidad técnica y moral, la imparcialidad e independencia de los mismos.

El autor realiza un recorrido histórico comenzando por la batalla de Zama, cuya trascendencia radica en que permitió ver en acción frente a frente a los dos más destacados generales y de los más reconocidos de la antigüedad, Aníbal Barca y Publio Cornelio Escipión, y terminando con el exilio voluntario del último en el año 183 a. C. a sus tierras de Linternum.

El autor desarrolla un análisis de la visión que filósofos tales como Platón, Aristóteles y Tocqueville tenían acerca de la democracia.  Explica que, para cuidarla, se necesita una buena educación para la libertad y la responsabilidad, una dirigencia racional, inteligente, respetuosa de los individuos y de sus asociaciones no estatales y que admita que no es el número lo que representa la fuerza, sino que es la justicia la que representa los derechos y los intereses.

La autora busca reflexionar acerca de la posibilidad de que la Administración Pública ejerza el control de convencionalidad y el modo en que la misma puede llevarlo a cabo. Considera que los órganos de las Administraciones Públicas están facultados para practicar el control de convencionalidad en su faz constructiva o armonizante, ya que con ello no se dejaría en manos de órganos no judiciales la facultad de no aplicar una regla interna, sino que lo que se buscaría es una integración normativa.

La autora analiza las argumentaciones que llevaron a los magistrados Carlos Balbín y Fabiana Schafrik de Nuñez a revocar la decisión del juez de primera instancia en la sentencia “Carucci Elida c/ GCBA s/ Prescripción Adquisitiva”, dictada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

El autor realiza un análisis sobre la situación actual en Cataluña y su relación no solo con el resto de España sino con Europa en general. Asimismo, nos cuenta acerca de las normas constitucionales españolas que se encuentran en juego en esta situación tan particular. Finalmente, concluye que sea cual fuere el resultado de las elecciones de hoy, lo importante para el estado de derecho occidental es respetar el parecer de los ciudadanos.