Constitucional

El autor realiza una réplica respecto del caso “Ciudad Futura”, reflexionando sobre el rechazo a la lista de las PASO que se componía en su totalidad por mujeres. Luego de hacer un recorrido por algunas normativas cuyo objetivo es la igualdad y la paridad de género, refiere que el porcentaje de mujeres candidatas para estas elecciones es un motivo de optimismo y que lo importante es la paridad real.

El autor repara sobre las distintas posturas acerca del asilo (la que lo considera un privilegio que da el Estado y la contraria, que lo reconoce como derecho fundamental). Luego de repasar la normativa convencional, concluye que por la disparidad entre quien pide el asilo y quien lo otorga, la comunidad jurídica en su conjunto debe vigilar los procedimientos administrativos y judiciales a fin de prevenir abusos sobre los derechos cometidos en un ambiente hostil a las migraciones forzadas.

A partir del reciente fallo de la Cámara Nacional Electoral que invalidó la lista de un partido por estar integrado en su totalidad por mujeres, el autor deja su opinión sobre el tratamiento que se hizo de la herramienta del cupo y su relación con la problemática de grupos históricamente desaventajados. Cierra su comentario sosteniendo que el discurso jurídico formalista encubre un orden simbólico basado en machismo y misoginia, donde no se puede soportar que las mujeres ejerzan sus derechos políticos prescindiendo de los hombres.

Apoyándose en casos del derecho norteamericano, el autor remarca la importancia de abordar el fenómeno del desarrollo de la inteligencia artificial desde la perspectiva de los derechos humanos. Luego de sugerir algunos principios de regulación, concluye que será uno de los más grandes desafíos de los próximos años, debiendo repararse sobre la intervención humana en el procesamiento de información.

Considerando el contexto de explosión informativa en el que estamos inmersos, el autor analiza el rol que juega en él la Inteligencia Artificial. Reparando sobre las similitudes con la inteligencia humana, concluye que la Inteligencia Artificial posee varios caminos –no excluyentes entre sí– para igualar, mejorar, potenciar y/o maximizar los resultados de actividades intelectuales humanas a través de la optimización continua y exponencial del procesamiento de información.

El autor propone un análisis político-constitucional de las crisis institucionales, reparando en el caso de la experiencia brasilera. Identificando la desintegración ideológica que aqueja al sistema partidario, concluye que es necesaria una reforma constitucional en Brasil que establezca el sistema de voto distrital para darle mayor estabilidad al sistema.

El autor plantea la problemática del poder y lo fácil que es caer en la corrupción al detentarlo. Luego de explicar el inconveniente de una duración excesiva en los cargos de la sociedad y la necesidad de una sólida vocación de servicio público, concluye que la corrupción está muy presente y que, para desterrarla,  hace falta un compromiso sostenido en el tiempo de mejorar las condiciones de vida de las personas.

El autor continúa analizando la eutanasia desde una perspectiva del principio de autodeterminación y, en esta segunda parte, analiza el caso de Vincent Lambert en la Corte Europea de Derechos Humanos y un caso presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Concluye que se coloca al principio de autonomía como valor moral, que nuestra legislación no permite programar la propia muerte y que se ha generado el proceso de “constitucionalización de los derechos”.

El autor explica qué es la efectualidad –el ser de las cosas es determinado por sus efectos–, y analiza cómo, entendiéndolo como un principio jurídico derivado de la Constitución de la Provincia de Córdoba, no es posible soslayar cuando está en juego el ejercicio de los derechos humanos. Concluye que el fin de la actuación estatal es el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, y que sus manifestaciones deben ser los derechos mismos y no la manera en la que se ha desplegado el poder.  

La autora continúa desarrollando la relación entre la investigación independiente e imparcial y el derecho a la vida, analizando la decisión tomada en el caso, los fallos precedentes –principalmente, Campo Algodonero– y las proyecciones a futuro. Concluye que la violación ocurrida durante la investigación judicial constituye un incumplimiento del derecho a las garantías judiciales, que no puede utilizarse como argumento para justificar la violación de otro derecho –como ocurrió en Hinojosa y otra vs. Ecuador–.