Ambiental

El autor analiza el Art. 32 de la Ley General del Ambiente, por el cual el Estado exime de costo económico al actor en acciones tuitivas de política ambiental. Concluye explicando que si el beneficio de litigar sin gastos se admite en causas de consumidores, con más razón deben aceptarse en materia ambiental, donde se hallan en juego intereses colectivos que trascienden lo meramente patrimonial.

La autora analiza la importancia de la existencia de instrumentos normativos de reglamentación de Leyes, y en particular de la Ley N° 10.208 de la Provincia de Córdoba, para la formulación de políticas públicas que aborden la temática ambiental. Concluye que junto a dichas políticas, se inicia un proceso jurídico y administrativo que se debe complementar con la aplicación de futuras regulaciones.

La autora continúa analizando el concepto de Estado de Derecho Ambiental y, en esta segunda parte, nos cuenta sobre la progresividad en la protección del derecho al ambiente. Concluye que es menester lograr la configuración del Estado de Derecho Ambiental a través de un orden público ambiental.

La autora plantea la lógica de dependencia entre democracia, derechos humanos y derecho al medio ambiente y, a partir de esto, propone al Estado de Derecho Ambiental como principio de nuestro ordenamiento jurídico. En esta primera parte, explica cómo el derecho a un medio ambiente sano se relaciona con los demás derechos humanos.

Continuando con el análisis del desastre ambiental brasileño, el autor advierte que las estrategias normativas para prevención y mitigación fueron insuficientes para abordarlo. Concluye que la clave estará en estructurar nuevos modelos de respuesta estatal, sobre todo aprovechando los sistemas originados en los procesos judiciales del caso analizado.

El autor toma un caso de contaminación hídrica de Brasil, considerado “desastre socioambiental” por su magnitud y consecuencias. Además, repara sobre el impacto expansivo que generó en distintos recursos naturales y para concluir afirma que el eje central debe estar en la forma en que reacciona el Estado frente a estos casos estructurando una respuesta.

Observando los distintos campos de actuación del derecho ambiental (ex ante) y el derecho penal (ex post), la autora repara sobre la complejidad que significa pensar el principio de solidaridad intergeneracional desde la actuación punitiva. Concluye que la creación de nuevos tipos penales que protejan el bien jurídico ambiente no serían útiles para lograr tal protección.

La autora repara sobre el impacto que tiene la aplicación del principio precautorio en distintos institutos procesales civiles (como el principio de la carga dinámica de la prueba y el de la cosa juzgada). Concluye que para poder adelantarse al daño es necesario una profunda conjugación con los institutos clásicos.

El autor parte del décimo principio de la Declaración de Río y desarrolla la importancia de su aseguramiento a través de un acuerdo regional vinculante y la teoría de la justicia de Amartya Sen. Concluye que la positivización e implementación de este principio beneficiará a la protección ambiental, la práctica de la democracia y contribuirá a hacer un mundo más justo, con justicia ambiental y social.

La autora plantea la posibilidad de conciliación entre el derecho ambiental y el derecho del consumidor con el derecho a la información como herramienta. Preguntándose si la obligación de informar de los proveedores comprende los aspectos ambientales, concluye que la educación para un consumo sustentable es un requisito fundamental para poder modificar los hábitos de consumo que colisionan con la protección ambiental.