Ambiental

La autora analiza la relación entre el principio precautorio y el nuevo Código Civil y Comercial Unificado y entiende que con claridad el nuevo Código, recogiendo largos años de desarrollo doctrinal y jurisprudencial sobre el tema, reconoce expresamente la función preventiva de la Responsabilidad Civil y la inserción del principio preventivo en la codificación.

El autor sostiene que los procesos ambientales deben ser céleres, expeditos, informales, de tramitación preferente y tutela expedita; además deben regirse por los principios generales del proceso, en especial por la oralidad, adquiriendo especial relevancia los de inmediatez, concentración, publicidad, itinerancia y gratuidad.

La autora elogia una reciente sentencia a la que entiende muy auspiciosa para el objetivo de lograr el reconocimiento de derechos para los animales no humanos.

La autora, frente a un caso judicial de maltrato animal, se pregunta si el tribunal tenía la posibilidad de morigerar la pena entre un mínimo de 15 días de prisión y un máximo de 6 meses, para un imputado que tuvo una buena actitud procesal, ¿por qué entonces decidirse por la más alta? Y sostiene que en razón de la naturaleza de la acción y la extensión del daño, teniendo en cuenta el bien jurídico a proteger, es apropiado inclinarse por el máximo.

El autor relata algunas cuestiones abordadas en el Congreso Interamericano sobre el Estado de Derecho en Materia Ambiental, desarrollado en Jamaica y organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Corte de Justicia del Caribe.

El autor sostiene que el Congreso se equivoca, o rehúye sus obligaciones, cuando “exhorta” a las jurisdicciones y es él quien debe actuar poniendo en obra la competencia (derecho-deber) que le asigna el art. 41 C.N. debiendo establecer un marco legal específico de protección ambiental en la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales.

Los autores sostienen que todas las administraciones públicas (en todos sus niveles) poseen una gran incidencia en todo lo relacionado a mitigar los impactos negativos sobre el medio ambiente, que van desde el establecimiento de políticas públicas hasta acciones más pequeñas como pueden ser el establecimiento de normas para sus compras.

El autor sostiene que en un país donde se importa energía por miles de millones de dólares anuales, el abordaje del consumo energético de una actividad debería ser de tipo integral imponiendo estándares de ahorro y consumo energético que tiendan al uso racional y eficiente de la energía.

La autora sostiene, respecto del Código Civil y Comercial, que el nuevo artículo 14 se instituye con base solidaria y resignifica el paradigma ambiental.

El autor reflexiona, a raíz de la sentencia de la CSJN en “Kersich”, sobre dos cuestiones: una de orden procesal referida a las reglas del proceso colectivo, y la otra de orden sustancial, que tiene que ver precisamente con el acceso al agua por parte de la comunidad.