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Ambiental

Diario Ambiental Nro 191 – 22.03.2018

El autor analiza el Estado de Derecho en materia ambiental, explicando que el mismo busca alcanzar el fin superior de conservación y uso racional, sostenible, equitativo y solidario de los bienes y servicios ambientales, a través de la consolidación del orden público ambiental. De esta forma, el Estado no solo debe asegurar un mínimo adecuado de protección de los derechos fundamentales, sino que, además, tratándose de derechos humanos ambientales, está obligado a salvaguardar un mínimo existencial socio-ambiental. Concluye con que es posible afirmar que una de las principales obligaciones de un Estado de Derecho en materia ambiental es precisamente proteger y promover de forma integral los derechos humanos ambientales, así como la de sancionar normas y desarrollar políticas públicas adecuadas que tengan como fin el incremento progresivo, gradual y sostenido de la protección ambiental, sin nunca retroceder a estadios inferiores.

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Diario Ambiental Nro 190 – 15.03.2018

En esta cuarta parte, la autora propone un análisis del federalismo de concertación como eje de la regulación ambiental. Explica que el federalismo supone una constante transacción entre distintas especies de fuerzas políticas que deben coexistir en un mismo espacio territorial y que la tutela del ambiente es una materia que requiere de la articulación de políticas en los diferentes niveles de gobierno para lograr una regulación eficaz. Concluye que el municipio constituye un ámbito de gobierno propicio para desarrollar la participación en la gestión ambiental, ya que al tratarse de grupos sociales más pequeños permite un mayor grado de compromiso de los habitantes que se encuentran directamente interesados e involucrados en las cuestiones que se suscitan en su interior.

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Diario Ambiental Nro 189 – 08.03.2018

En esta tercera parte, el autor explica que la Constitución de Neuquén le reconoce a los municipios la facultad de ejercer la policía municipal e imponer sanciones compatibles con la naturaleza de sus poderes, entre las cuales se encuentran las multas y celebrar acuerdos con la Provincia, el Gobierno Federal y organismos descentralizados por intereses comunes. Concluye con la exhortación a las autoridades públicas hecha por el Tribunal para que éstas utilicen los mecanismos constitucionales y legales disponibles para que la Provincia y los Municipios gestionen en forma conjunta y coordinada las políticas públicas tendientes a la tutela integral del ambiente.

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Diario Ambiental Nro 188 – 01.03.2018

Para una mejor comprensión de la problemática planteada, la autora delinea el marco normativo de orden provincial y municipal que rodeaba esta cuestión, analizando la Ley 1875 dictada por la Provincia de Neuquén, que prevé los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio provincial, la Disposición 218/06 de la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, la cual establecía la obligación de utilizar mantas orgánicas oleofílicas u otro sistema superior en las operaciones hidrocarburíferas y la Ordenanza 1165/09 dictada por la Municipalidad de Rincón de los Sauces con la finalidad de preservar el medio ambiente frente a actividades hidrocarburíferas desarrolladas dentro de su ejido municipal.

 

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Diario Ambiental Nro 187 – 22.02.2018

La autora analiza una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén donde el mismo inaugura un camino que consolida la participación de las comunas en la gestión del ambiente en lo relativo a los recursos naturales hidrocarburíferos, señalando las bases constitucionales sobre las cuales deben desenvolverse estas competencias, privilegiando la adopción de políticas consensuadas, incentivando la gestión conjunta, la coordinación y la cooperación institucional con la Provincia, en el marco de un federalismo más participativo.

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Diario Ambiental Nro 186 – 15.02.2018

Los autores desarrollan un análisis sobre la nulidad absoluta de la sentencia como acto jurídico, su prescripción y la estafa procesal en los procesos por intereses individuales y de incidencia colectiva. Explican que la nulidad absoluta de un fallo con autoridad de cosa juzgada es viable mediante una acción imprescriptible en los casos de estafa procesal y que, en lo penal, se condena el delito, ordenando la cesación de sus efectos, la recomposición al estado anterior y declara nulo de pleno derecho el fallo civil, consecuencia del crimen.

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Diario Ambiental Nro 185 – 08.02.2018

En esta segunda parte, las autoras nos cuentan cuales son las empresas y marcas nacionales que ya pusieron en marcha la “economía circular” en sus procesos de fabricación y/o producción. En cuanto a la normativa, analizan la entrada en vigor de la ley N° 27.279 de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios y la nueva ley sobre el “Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública”.

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Diario Ambiental Nro 184 – 01.02.2018

Las autoras analizan los nuevos planeamientos existentes para afrontar el necesario cambio de paradigma de la economía convencional mediante un nuevo modelo de producción y consumo sostenible que desvincule los ingresos del consumo de materias primas y que sea capaz de ofrecer sistemas económicos resilientes: se lo conoce como “economía circular”.

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Diario Ambiental Nro 183 – 21.12.2017

Tras abordar un análisis pormenorizado de la normativa vigente en materia ambiental, el autor reflexiona acerca de la actividad jurisdiccional en la materia. De esta manera, advierte en la praxis cotidiana la ausencia de una actividad jurisdiccional proactiva y sostiene que es necesario contar con operadores jurídicos que analicen las cuestiones ambientales desde una óptica nueva.

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Diario Ambiental Nro 182 – 14.12.2017

La autora analiza el Convenio de Minamata sobre mercurio, suscripto en Kumamoto, Japón. Está receptado en nuestro ordenamiento bajo la Ley 27.356, entrando en vigencia el 16 de agosto de 2017. Concluye relevante resaltar la temática de la responsabilidad del Estado en materia ambiental, la novedad en la incursión de la prueba epidemiológica en el proceso probatorio y la función preventiva que rige y se impone en el derecho ambiental.

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