Penal

El autor analiza la garantía penal de abstenerse a declarar y de no autoinculparse de la que es titular todo sujeto imputado de un delito. Sin embargo, cuestiona que de ello se infiera en la existencia de un derecho a mentir en la declaración indagatoria, y concluye afirmando la necesidad de revisar la doctrina penal y de velar por la defensa de la verdad en los procesos judiciales.

El autor analiza el marco regulatorio de los delitos de trata de personas y de tráfico de estupefacientes. En este sentido, sostiene que una víctima del delito de trata de personas, en una de sus modalidades, reúne las mismas características que la autora del delito de transporte de estupefacientes. Por ello manifiesta que considera necesaria una reforma a la Ley de  Estupefacientes o bien la creación específica de la figura en el punto relacionado al transporte, que contemple la situación de estas transportadoras que en realidad son tan víctimas como autoras.

El autor continúa en su análisis en torno a la incógnita de si es correcto que los jueces ejerzan el control de constitucionalidad de las normas. Concluye sosteniendo que  sólo deberían tener la facultad de anular la norma inválida, con base en el principio de la jerarquía, y no la de resolver antinomias mediante interpretación o ponderación, reenviando la cuestión al Parlamento para que, luego de una reconsideración del asunto, sea éste el que colme la laguna.

El autor analiza la facultad de los jueces para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Introduce la distinción realizada por Ferrajoli de los distintos derechos fundamentales y las posibles colisiones entre ellos. Concluye sosteniendo que dicha tesis reduce significativamente el ámbito de posibles conflictos normativos, y el consiguiente espacio de discrecionalidad de los jueces.

En su análisis sobre el funcionamiento del Derecho Penal argentino, la autora destaca la conveniencia del uso de medidas alternativas al encarcelamiento preventivo. En este sentido, remarca la necesidad de que comiencen a considerarse, en el marco de los procesos penales, alternativas que resulten beneficiosas no solo para la sociedad, sino también para el individuo imputado, en miras de evitar futuras reincidencias, de lograr su reinserción en la sociedad y de esta forma obtener la paz social.

En esta primera parte, la autora realiza un análisis crítico del andamiaje del Derecho Penal en nuestro país, proponiendo dejar de pensarlo como puramente represivo, para hacerlo con una idea de justicia restaurativa. Concluye introduciendo una nueva forma de llevar a cabo los procesos penales, la posibilidad de reformulación de la pena en algunos casos, y los beneficios que ello podría significar no sólo para el individuo acusado, sino también para la sociedad toda.

Mariano Oneca analiza el reciente fallo “Vera” de la Corte Suprema frente a la problemática de las detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad. Propone, a su vez, un camino alternativo con el que la Corte podría haber resuelto el asunto.

En esta segunda parte, el autor analiza las reformas de la Ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes y del Código Aduanero a partir de la inclusión de delitos menores dentro de la categoría de “aberrantes”. Concluye que la pretensión de los legisladores es insuficiente ya que no existe estudio alguno que demuestre que la eliminación de los beneficios en la etapa de la ejecución de la pena privativa de la libertad logren una menor tasa de reincidencia.

En esta primera parte, el autor nos cuenta acerca de la influencia de las corrientes criminológicas en el marco de la reciente reforma al régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad. Destaca, entre otros puntos esenciales, la preponderancia de las concepciones conservadoras de la “criminología del otro” en la flamante Ley N° 27.375 y el rol de los medios de comunicación en la instauración del término “delitos aberrantes”.

El autor desarrolla el delito de usurpación a partir de la doctrina y jurisprudencia al respecto, analizando los distintos requisitos y medios que hacen a la tipicidad de esta conducta. Concluye recordando que la aplicación del derecho penal es de ultima ratio, siendo posible también tratar esta problemática en el ámbito civil.