Penal

El autor describe las características de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, creada en el año 2008 y puesta en funcionamiento este año, destacando las expectativas que ésta despierta en función de la calidad de los jueces que la componen.

De acuerdo al autor, el avance del terrorismo en las últimas dos décadas, ha promovido la proliferación de leyes antiterroristas aunque la comunidad internacional no ha logrado un consenso en torno a su definición y naturaleza penal.

El autor sostiene que la justicia restaurativa posee potencial para resolver todo tipo de conflictos penales, incluso los graves y concluye en que resulta ineludible la creación de propuestas de otros modelos de resolución de conflictos penales reparatorios y conciliatorios, basados en la justicia restaurativa que excluyan la idea de castigo.

El autor analiza  el fallo  “Rozas, Romina Mariela y otros s/ homicidio calificado” y concluye que la Corte dejó pasar nuevamente la oportunidad de abordar el problema de la omisión impropia y el concepto de dolo.

 La autora analiza la regulación del decreto y concluye que se reconoce el acceso amplio a la educación, pero que sin embargo, la regulación de esta materia mediante decretos, afecta a la división de poderes y al principio de legalidad.

El autor analiza los tres posibles encuadres típicos  sobre la Fellatio in ore y concluye que el anteproyecto del nuevo Código Penal resuelve el problema apelando a la enunciación taxativa de las vías aptas para la penetración que constituyen el delito de violación.

El autor realiza una crítica al artículo de Edwards en DIARIO DPI – PENAL Año 2 N° 47 y concluye que a los fines de preservar la garantía constitucional del acceso al defensor de confianza, resulta necesaria  una construcción que recorte definitivamente el tipo penal de lavado de dinero.

Los autores realizan una crítica a la sentencia dictada en la causa conocida como “triple crimen de Villa Moreno” detallando los agravios que la misma produce, y concluyen que aquella se ve viciada por factores externos a lo jurídico, tal como lo es el clamor popular.

El autor analiza la pena perpetua en nuestro país y concluye que, al no determinarse un término a la pena en el Código Penal, el condenado solo tiene el recurso de solicitar un indulto o conmutación de pena para ponerle fin, lo que trae consecuencias sobre los principios de legalidad, dignidad de la persona, proporcionalidad e igualdad ante la ley.

El autor analiza la posibilidad de que el abogado defensor perciba honorarios cuyo origen provenga de la comisión de delitos, y concluye que sería absurdo considerar la conducta del abogado como constitutiva del delito de lavado de dinero ya que se encuentra en juego el derecho de defensa y el secreto profesional.