Derecho Privado

El autor analiza la reciente modificación al régimen de riesgos del trabajo ocurrida vía DNU. Concluye que la finalidad de las modificaciones no fue la alegada disminución de la litigiosidad sino el ahogo de los conflictos existentes.

El autor repara sobre la aclaración que el INPI realizó sobre el acto administrativo donde se modificó el régimen de registro.  Concluye que remarcar la esencialidad del requisito de fondo resulta apropiado para favorecer la actividad comercial e industrial.

El autor proyecta las consecuencias económicas que tendrá la resolución que permite separar el precio del producto del costo de financiación. Concluye que es posible experimentar una disminución en las ventas, debido a que en la práctica se produce un traslado del costo a los consumidores.

El autor compara los distintos paradigmas de salud mental, según el Código Civil y el Código Civil y Comercial. Concluye que el nuevo Código, presumiendo la capacidad de las personas, les reconoce más derechos a aquellas afectadas en su salud mental.

El autor analiza la situación de las personas que padecen enfermedades mentales psicóticas graves y cómo protegerlos mediante el derecho de cuidado y el tratamiento ambulatorio involuntario.

El autor analiza la reciente modificación al régimen del trabajo realizada vía DNU. Concluye que tanto la forma en la que se llevó adelante como las nuevas pautas establecidas, se asemejan al régimen anterior que fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema.

El autor analiza el último régimen reglamentario aprobado por el INPI. Termina su exposición con el desarrollo de la polémica resolución que generó la intervención de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos.

El autor analiza un fallo del fuero Contencioso Administrativo de la jurisdicción de San Martín (PBA) donde se comprometió la competencia de las oficinas de defensa del consumidor municipales frente a las competencias del Ente Nacional de Comunicaciones. Para concluir, observa que el fuero da el visto bueno a los organismos locales por facilitar la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores.

A partir del cuadro originado por las situaciones de violencia familiar, el autor realiza un análisis de la reparación que por ello puede efectuarse en la esfera civil. Tomando en cuenta el modo de reparar del ámbito interamericano, concluye que, si bien debe resolverse con lineamientos civiles, la vulneración de derechos requiere un tratamiento diferente.

La autora analiza las distintas posibilidades de familias que se abren por el CCyC, reparando en el caso de las uniones convivenciales. A partir de la experiencia chaqueña, señala la falta de información existente en relación a las nuevas posibilidades y derechos, y destaca la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las familias que no surgen ni del matrimonio ni de la unión convivencial.