El autor analiza la resolución conocida como “Precios Transparentes”, la cual permite a los consumidores obtener fácilmente los precios mediante pago financiado y al contado de un producto o servicio. Luego de explicar distintos efectos de la normativa, concluye que su éxito respecto de bajar los costos financieros depende de factores exógenos.

En esta segunda parte, el autor continúa explicando cómo se encuentra regulada la incomparecencia injustificada a la conciliación a partir del análisis del fallo. Concluye que, siendo esta instancia un mecanismo primordial para garantizar los derechos de los consumidores, la incomparecencia es una violación a la ley y que, si no existiera tal obligación, se dejaría a los consumidores en situación de desamparo.

El autor analiza un fallo en el cual la autoridad de aplicación, en el marco del derecho del consumidor, no comparece a la audiencia de conciliación. A partir del mismo, explica el rol de la autoridad mencionada y los procedimientos administrativos en la Ley de Derechos del Consumidor y en el código provincial correspondiente.

El autor analiza los diferentes tipos contractuales en los cuales queda fragmentado el código unificado (paritarios, de adhesión y de consumo) y se plantea el interrogante: ¿era más conveniente que se regulen mediante una ley especial o  mediante una ley general? Concluye en que el paso del tiempo nos dirá si fue conveniente la decisión tomada en el nuevo código y que la inclusión del derecho del consumidor en el mismo era inevitable.

El autor plantea la necesidad de contar con un sistema de justicia de consumo en donde la conciliación y el acuerdo entre partes tengan un rol primordial.  Para concluir, observa que los principios de celeridad, inmediatez, oralidad e informalidad tienen una aptitud especial para ofrecer beneficios en esta materia.

El autor proyecta las consecuencias económicas que tendrá la resolución que permite separar el precio del producto del costo de financiación. Concluye que es posible experimentar una disminución en las ventas, debido a que en la práctica se produce un traslado del costo a los consumidores.

El autor analiza un fallo del fuero Contencioso Administrativo de la jurisdicción de San Martín (PBA) donde se comprometió la competencia de las oficinas de defensa del consumidor municipales frente a las competencias del Ente Nacional de Comunicaciones. Para concluir, observa que el fuero da el visto bueno a los organismos locales por facilitar la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores.

El autor toma el esquema jurídico de defensa de los consumidores y usuarios a nivel nacional, y lo vuelca al de la Provincia de Buenos Aires. Observa que, si bien no se han desarrollado los fueros específicos, los organismos administrativos cuentan con amplias facultades para dar una eficaz protección a los consumidores.

Partiendo de la construcción de la categoría de “consumidor”, la autora analiza la regulación que se hace de los contratos celebrados por adhesión en el CCyC. Concluye que el regular esta forma de prestar el consentimiento es un gran aporte para la protección de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de las críticas que pudieren realizársele.

La autora analiza los principales caracteres de los contratos electrónicos que se derivan de su regulación en el CCyC. Luego de armonizarlos con las leyes especiales, concluye que representa un notable avance en materia de protección de los consumidores y usuarios, realizando un aporte invaluable a la seguridad jurídica en las relaciones de consumo.