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jurisprudencia

Alcance de la decisión del a quo: Límites. Carga de la prueba cuando se alega violación de garantías constitucionales: Derecho de Defensa, Derecho de Propiedad, Debido Proceso, Principio de Congruencia.

Expte. n° 8311/11: “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘GCBA c/ Cookery S.A. s/ ejecución fiscal’”

4. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que la cuestión que el GCBA intenta introducir cuando en el recurso de inconstitucionalidad y en el director sostiene que “[E]l a quem (…) sin que se hubiese planteado la condonación, EXTRAPETITIO LA DECLARA en desmedro de los derechos de propiedad y de defensa de mi parte” (conf. Fs. 209 vta. Y 9 vta. De esta queja, el subrayado no obra en el original), así como los planteos relativos a la supuesta violación al debido proceso y al principio de congruencia, no resultan novedosos.
Por el contrario, el Tribunal ya ha abordado la cuestión en reiteradas oportunidades, en causas en las que —aunque en el marco de procesos de impugnación de actos administrativos u otras demandas contra la Administración— también se discutía la viabilidad de que los jueces de mérito dispongan la condonación de sanciones con fundamento en la ley nº 2.406 y su decreto reglamentario, a pesar de no existir expresa petición del contribuyente en ese sentido.
A este respecto, el Tribunal ha adoptado el criterio conforme al cual la quejosa debería demostrar la configuración en la especie de alguna situación en que las garantías invocadas se encuentren comprometidas, lo que entiendo que no podría válidamente alegarse en el caso pues el a quo no se ha pronunciado acerca de una cuestión diversa a la debatida —es decir, la procedencia de la ejecución fiscal de la multa impuesta a la parte demandada por la resolución 738/DGR/2007—.
En este sentido se ha expresado este Estrado in re: “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Instituto Massone S.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos’”, expte. Nº 6543/09, sentencia del 25 de noviembre de 2009; y, más recientemente, in re: “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Amancay S.A.I.C.C.A.F.I. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos’”, expte. Nº 7778/2010, sentencia del 24 de agosto de 2011, y “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Obra Social del Personal de las Telecom. De la Rep. Arg. (Ostel) c/ GCBA s/ otras demandas contra la autoridad administrativa”, expíe. Nº 7778/2010, sentencia del 24 de agosto de 2011.

(juez José Osvaldo Casás)

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