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COMENTARIO A FALLO Diario DPI Suplemento Salta Nro 30 – 13.12.2019

Amparos Colectivos

  1. Consulta Pública. Tarifa de servicio público de pasajeros.

“Usuarios y Consumidores Unidos (U.C.U.) Delegación Salta vs. Autoridad Metropolitana de Transporte y Saeta S.A. s/Amparo Colectivo”, Expte. Nº 23893/19. Juzgado de Minas, sentencia del 29 de noviembre de 2019.

La jueza a cargo del amparo hizo lugar a la demanda interpuesta y declaró la inconstitucionalidad de las Resoluciones 411/18 y 412/18 de la Autoridad Metropolitana de Transporte que convocaron a un procedimiento de consulta pública como forma de habilitar la participación de los usuarios y autorizaron una readecuación tarifaria en el servicio público de transporte de pasajeros de la región metropolitana de Salta.

En primer lugar, para considerar admisible la vía elegida, sostuvo, citando un precedente de la Corte Provincial, que la actitud procesal asumida por las accionadas reafirmaba la decisión administrativa cuestionada por los amparistas, en virtud de lo cual consideró que remitir el caso a un procedimiento administrativo importaría una solución meramente ritual reñida con un adecuado servicio de justicia.

En segundo lugar, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema Nacional en relación a los recaudos del proceso colectivo, sostuvo que el caso refiere a un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos y que la pretensión de los amparistas está concentrada en los “efectos comunes”, en virtud de lo cual consideró legitimada a la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) Delegación Salta.

En cuanto a las resoluciones impugnadas manifestó que el procedimiento establecido en la Resolución 411/18 para la publicación, difusión y acceso a la información y participación, fue dispuesto en un plazo total de cuatro días hábiles, a fin de que cualquier persona, y en particular los usuarios pudiesen ejercer sus derechos, por lo que si se contabilizan las horas hábiles fijadas para la compulsa de las actuaciones y el ejercicio de los derechos a formar opinión y expresarla, el plazo se redujo a solo 18hs.

De esa manera sostuvo que el procedimiento de consulta pública delineado por las Resoluciones que autorizaron la readecuación tarifaria, resultó lesivo de los derechos de los usuarios, máxime teniendo en cuenta que la empresa peticionaba un aumento del 100% del valor de la tarifa.

En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de las Resoluciones impugnadas a partir del momento de la sentencia, dejando sin efecto el aumento previsto para el mes de diciembre de 2019, con inicio el día 1/12/2019.

  1. Plan de Ahorro de Automotores. Congelamiento de cuotas. Medida cautelar.

“Acevedo, Pablo Elías y otros vs. Chevrolet S.A. de ahorro para fines determinados; Plan Rombo S.A. de ahorro para fines determinados; FCA S.A. de ahorro para fines determinados; Plan Oval S.A. de ahorro para fines determinados; Interplan S.A. de ahorro para fines determinados; Circulo de Inversores S.A. de ahorro para fines determinados por Amparo”, Expte. 683245/19, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación, sentencia del 26 de noviembre de 2019.

En el marco de un amparo colectivo contra determinadas empresas vendedoras de planes de ahorro de automotores, la magistrada interviniente hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por los actores ordenando el congelamiento de las cuotas mensuales de los ahorristas a noviembre de 2019 por el término de seis meses hasta tanto se haya despejado el conflicto suscitado.

Para así resolver, consideró acreditado el requisito de verosimilitud del derecho con la documentación aportada por los amparistas que daba cuenta del aumento significativo de las cuotas mensuales de los vehículos Fiat, Renault, Chevrolet y Volkswagen. Consideró, asimismo, que el peligro en la demora radica en el tiempo que puede transcurrir entre la interposición de la demanda y el dictado de una sentencia definitiva que podría tornar ilusoria la satisfacción de sus derechos. Finalmente solicitó caución personal de tercero o real a satisfacción de la proveyente.

Acciones Ley Defensa del Consumidor

  1. Construcción de vivienda. Entrega. Daño moral y punitivo.

“A., R. V.; M., C. E. vs. I. S.A. por acciones Ley de Defensa del Consumidor”, Expte. 606881/17, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II, sentencia de octubre de 2019.

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó una sentencia de primera instancia que condenó a la empresa I. S.A. a: (i) restituir el precio abonado por la actora con más intereses a la tasa activa del Banco Nación para préstamos personales desde la interposición de la demanda hasta el efectivo pago y (ii) abonar a los actores la suma de $30.000 en concepto de daño moral con intereses a igual tasa desde la notificación de la demanda.

En el caso, conforme lo expresado por el Tribunal las partes firmaron un boleto de compraventa en el cual se consigna que la desarrolladora vende a los actores “un terreno y una vivienda a construir en el mismo, identificado como lote número 03 de la manzana 13 del proyecto de urbanización denominado “Cielos del Valle” y que se individualiza en croquis que se adjunta al presente como ANEXO 1”.  En la misma cláusula las partes manifiestan que el vendedor se obliga a la construcción de una vivienda cuyas características se detallan en el pliego de condiciones, planos y especificaciones técnicas.

Agregó que resulta claro que las partes fijaron un plazo para la entrega de la posesión del inmueble, mayo del 2016 con la posibilidad de una prórroga a favor del vendedor de 10 meses más, la cual venció en marzo de 2017.

Sentado ello, el Tribunal sostuvo que la obligación asumida por el vendedor no es condicional, sino pura, a plazo cierto y determinado, por lo cual la empresa desarrolladora se ha comprometido a entregar a los compradores, en el plazo estipulado, una vivienda de las características designadas, a construir en un lote individualizado en el contrato, en virtud de lo cual resultaba aplicable el art. 509, primera parte, del Código Civil que consagra el principio de la mora ex re, es decir, que esta última se produce en forma automática.

Resuelta la calificación del acto, agregó que la demandada no produjo ninguna prueba tendiente a justificar que la demora en ejecutar las obligaciones a su cargo se deba concretamente a una causa que pudiera configurar una imposibilidad de cumplimiento objetiva, absoluta y no imputable, ocasionada por caso fortuito, ni tampoco invocó o acreditó desequilibro sobreviviente de las prestaciones por lo que consideró que las circunstancias generales de la economía del país no tienen incidencia.

Con relación al daño punitivo, que fue rechazado en primera instancia, la Cámara consideró que se presenta en el caso un ilícito particularmente reprochable que amerita la imposición de la multa prevista en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. En tal sentido afirmó que las circunstancias que rodean el incumplimiento de la empresa constructora demandada, su actitud posterior, el trato desaprensivo, la burla manifestada hacia los adquirentes del inmueble en todas las instancias y la enorme cantidad de reclamos judiciales, ameritan su procedencia, fijándolo en la suma de $ 70.000 más los respectivos intereses.

  1. Rescisión del contrato de Plan de Ahorro Automotor. Daño punitivo.

“Albornoz, Waldo Felipe vs. Eurofrancia S.A.; Peugeot Argentina S.A. por sumarísimo o verbal”, Expte. Nº 388002/12, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II, sentencia del 12 de agosto de 2019.

La Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial, emitió un reciente pronunciamiento en el cual se confirma la sentencia de primera instancia, que había hecho lugar a la rescisión del contrato de plan de ahorro automotor, ordenando la restitución al actor del total de las sumas abonadas y $ 20.000, más intereses, en concepto de daño punitivo.

Para así decidir,  el Tribunal tuvo en cuenta que el vehículo adquirido el 18 de octubre de 2011, ingresó al taller de servicio integral automotriz “Ruiz y Cía.”, en la Ciudad de Iquique, Chile, el 31 de enero de 2012, en el que el gerente de servicio de éste último elaboró un informe el 13 de febrero de 2012 en el cual concluyó que el auto ingresó con una falla material, pérdida de aceite en la bomba de presión y desperfectos en el sistema de lubricación (metales de bielas, metales de bancada, cigüeñal y bomba de aceite) provocando daño y desgaste prematuro de estas piezas.

En tal sentido entendió que la demandada no aportó prueba alguna que rebata el informe producido por dicho taller, de manera de refutar el argumento de defecto de fábrica o vicio redhibitorio que tuvo como consecuencia la rescisión contractual.

Con relación a la procedencia del daño punitivo expresó que “la conducta de la recurrente es particularmente reprochable, que amerita, tal como lo valoró el juez de primera instancia, la imposición de la multa prevista en el mentado art. 52 bis de la LDC.”

AL respecto sostuvo que la multa era procedente teniendo en cuenta la actitud de indeferencia demostrada por las demandadas frente a una situación de especial vulnerabilidad en que se encontraba el consumidor, en un país extranjero del cual debía regresar en el automóvil con su familia, no ocupándose ninguna de ellas del asunto y teniendo en cuenta que el actor tuvo que esperar 5 meses para recibir una comunicación sobre el estado del automotor que había adquirido y del que a los 3 meses se vio privado de utilizar.

Cabe mencionar que la Cámara confirmó, de conformidad con las previsiones de los arts. 13 y 40 de la LCD, que tanto el fabricante/importador como la concesionaria resultaban en el caso responsables solidarios por la restitución de lo pagado y por el daño punitivo

 

 

 

 

 

 

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS II Diario DPI Suplemento Personas no humanas Nro 21 – 12.12.2019

A pesar de que, aún hoy, a los y las integrantes de nuestro muy desprestigiado Poder Judicial el tema de los Derechos Animales les resulta completamente indiferente, no significa tengamos que continuar naturalizando semejante pasividad contra legem por más institucionaliza que esté.

Si bien en este artículo nombraré funcionarias mujeres (dado un caso que sucedió en la ciudad de Rosario), la reducción al absurdo de los casos de crueldad y maltrato animal no distingue género, tampoco edad ni cargo dentro del mundo de los operadores de justicia. Sobran los dedos de una mano para identificar qué funcionario/a judicial conoce de estas leyes y las aplica sin limitarse por los típicos prejuicios, arrogancias o temor reverencial.

Cabe mencionar que, ignorar o menospreciar los temas de los demás animales, los puede hacer incurrir -como administradores de justicia- en un claro incumplimiento de sus funciones, o, por qué no, en abuso de poder.

Por otro lado, el impacto social que tienen los delitos de maltrato animal debería ser material obligatorio de estudio para quienes juzgan penalmente. Está demostrado desde diferentes disciplinas que quien es o fue violento con animales, lo es, fue o será con humanos empezando por niños y mujeres (como otros de los colectivos más vulnerables). El Estado debería empezar a prestar particular atención allí. Y todo esto, sin mencionar la negación a reconocer los derechos básicos que tienen los demás animales. Su innegable condición de “SERES SINTIENTES y CONSCIENTES” no son un invento, sino una puesta al día por parte del mundo científico -reconociendo lo que desde hace 500 años a.C. ya se sabía-, y amparada por los académicos y eruditos jurídicos:  “Los animales deben ser considerados universalmente PERSONAS  y no cosas” (ver Declaración de Cambridge sobre la Conciencia, año 2012 y Declaración de Toulon, año 2019).

            Habiendo hecho este pequeño pero sustantivo resumen, sucede que nuestras funcionarias se caracterizaron (o caracterizan) por subestimar la Vida de los demás Animales (y el trabajo que hacemos sus colegas abogadas, como así también la existencia de jurisprudencia y doctrina local y comparada), y lo han dejado más que claro en el caso de MALTRATO Animal -MASCOTISMO y ESCLAVITUD- de un mono carayá que resonó en la ciudad de Rosario y reforzando la intolerable relación entre derecho y poder y favoreciendo la amplia discrecionalidad judicial perpetradora de muchas injusticias.

La Jueza de 1° Instancia, la Dra. Hebe Marcogliese, rechaza el pedido de Fiscalía de elevación a juicio -motivado por las leyes penales de fondo y forma yante el rechazo continuo de la imputada de cumplir una probation– por “falta de pruebas” a pesar de un arduo y completo trabajo del equipo de la Oficina de Maltrato Animal de la Fiscalía y con pruebas en calidad y cantidad suficientes (mientras tanto, el animal silvestre fue decomisado de su cautiverio y puesto en rehabilitación). Su decisión es apelada y es a la Dra. Bibiana Alonso, Jueza de Cámara, a quien lo corresponde confirmar o no la negativa de primera instancia. La magistrada se mostró indignada y molesta, inclusive durante la audiencia misma, afirmando que “todo eso no era más que una pérdida de tiempo, que ya tenía postura tomada de ante mano, que “ama a los animalitos” pero que tiene temas más importantes que atender y que las leyes penales están para otra cosa” (me pregunto, entonces, para qué los legisladores crearon las leyes penales 14.346 y 22.421). En fin, el mismo alboroto arrogante de siempre, pero con el agravante del desconocimiento de leyes de su propia competencia.

Es que, tampoco, la Fiscal Dra. Mariela Oliva durante la audiencia (en un artículo que escribí días antes de ésta, le manifesté crédulamente mi apoyo) logró, sin necesidad de ponernos pretenciosos y desde un proceso de razonamiento netamente jurídico, tipificar la conducta ilícita que pretendía imputarle a la acusada y en la que su equipo trabajó durante años. A pesar de los reiterados pedidos de la Jueza Alonso para que encuadrara la conducta ilícita de la imputada, la Dra. Oliva no fue capaz de mencionar el Inc. 7 del art. 3 de la Ley 14.346 en una Audiencia Preliminar.

Por su parte, el abogado defensor ni siquiera pronunciaba correctamente el apellido de su representada, así y todo, y con pruebas contundentes y una ley penal específica y vigente, se confirmó la negativa de elevar a juicio un caso claro de “maltrato”: un animal silvestre, atado con cadenas durante más de 10 años en el techo de una casa con piso y paredes de cemento, con riesgo de que se enredara con los cables, siendo la diversión de los vecinos, durmiendo en brazos de humanos o en mecedoras, con contacto sólo humano, una  alimentación contraria a su especie y cuya llegada a esa familia no pudo demostrar ser lícita. No hace falta ser experto en primates ni en derecho penal para saber y entender que un animal silvestre –como un mono Carayá-, autóctono de las regiones selváticas y las riberas de la Mesopotamia, aullador por naturaleza y que vive en manada (su familia puede ser hasta de 20 individuos de su propia especie) guiada por un macho o hembra dominante (de su especie, no de la humana); que, además, es una especie arborícola donde seleccionan los árboles para dormir y comer, jamás podría ser un animal doméstico, ni domesticado sin maltrato de por medio. Nunca la casa de un ser humano constituirá un hábitat para un animal salvaje. Debemos aceptarlo.

Desde el otro lado de la sala, la vergüenza ajena y el descrédito a los operadores de justicia se apoderó de todos los que presenciamos esa audiencia. La esclavitud por años de un animal, sumada a la evidencia de los hechos, la contundencia de las pruebas, el abanico de delitos que “esconde” el mascotismo, la reciente jurisprudencia y doctrina y la producción científica, merecían algo más que esa triste y vergonzosa audiencia.

En esta línea, y trascendiendo el maltrato como hecho socialmente repudiable en sí mismo, no es menor que otra ley penal tipifique el comercio de animales silvestres, es decir, no condenar este “mascotismo” es legitimar el delito de tráfico. Por si fuera poco, más allá del imperdonable trato que se le da a los monos carayá (y, en verdad, a todo animal que se comercialice) para colocarlos en el circuito de comercialización, los números deberían indignarnos: de 10 individuos que se separan de bebé de su manada, sólo 1 se puede vender ya que los otros 9 mueren en el camino o son asesinados (alterando también y de manera alarmante la biodiversidad).

No podemos romantizar el cautiverio, utilizar eufemismos, ni debemos subestimar la esclavitud por ser la víctima un animal. La Justicia como institución no puede darse ese lujo y lo último que podrían hacer nuestros empleados judiciales es trivializar  estos casos de violencia y ponderar derechos según privilegios y criterios personales. La Violencia es una -lo que cambia son las víctimas – y, como tal, debe condenarse.

En estos casos, los delitos de maltrato, crueldad, tráfico ilegal de especies y la esclavitud y la pérdida de la biodiversidad son consecuencia de la estupidez criminal humana del mascotismo y el prejuicio judicial de nuestros jueces y fiscales. Los humanos somos los únicos victimarios, con caprichos de moda mascotista o deseos absurdos de apropiación de la vida de otros seres, violando leyes y amparados por la impunidad que garantizan los Poderes Judiciales.

Más allá de las mentalidades que aún subestiman los derechos positivos de los demás animales, no se necesita aquel combo de ilícitos para que los demás animales puedan ser protegidos por nuestra justicia: podemos discutirlo, quizás, filosóficamente, pero desde la ética no hay mucho margen de discusión; desde la ciencia, menos aún. Y la intención legislativa es clarísima desde hace décadas: la Constitución Nacional y leyes penales amparan a los demás animales por el sólo hecho de ser tales. Pero nuestro Sistema Judicial aún no se enteró de ello, su pesado antropocentrismo lo vuelve anacrónico e injusto (excepto algunos casos a lo largo del país que juezas y jueces han fallado conforme la esencia de su envestidura, de las leyes locales y el derecho comparado, la jurisprudencia, los postulados de la ciencia moderna y los principios éticos básicos) aumentando la imperdonable deuda en el reconocimiento efectivo de los derechos de los demás animales y de la nueva conciencia social de respeto a la Naturaleza en su totalidad.

En este caso puntual, mientras en los estrados judiciales se encargaban de minimizar la vida del animal, éste fue rehabilitado y devuelto al hábitat de donde nunca debieron haberlo quitado.

Pero la importancia y trascendencia del Bien Jurídico Protegido desde el año 1954 con la promulgación de la Ley Penal 14.346 no ha sido aún receptado ni considerado por la Justicia rosarina. Este Bien Jurídico no es otro que el DERECHO del PROPIO ANIMAL a no ser víctima de maltrato ni crueldad. La idea de que los demás animales sean titulares de bienes jurídicos básicos no parece estar alejada de la intención de los legisladores de aquella época, inclusive, surge del propio texto legal. Y es evidente que los derechos más básicos que tienen son a la Vida, a la Libertad y a la Integridad Física y Psíquica.

Y la imputada, siendo ella quien mantuvo maltratado a un animal silvestre todos los días durante más de diez años, finalmente, ni siquiera tuvo que cumplir una tarea social. El mensaje que las juezas penales le dieron al resto de la sociedad es claro pero contradictorio a la esencia misma del Derecho Penal.

Desconocer la violencia por ser ejercida sobre otra especie, es un poderoso contraideal ético, sumamente inequitativo y claramente conservador del servicio de administración de justicia. Y persistir en lo contrario, no es quijotesco ni un disparate de sonsos, sino el mero RESPETO a la vida de los individuos de todas las especies, privilegio del cual el humano cree ser el único poseedor. Además, hasta lo que yo entiendo, es legítimo abogar para que las leyes vigentes sean cumplidas…

Y en el tema de los Derechos Animales, también es legítimo generar debates sobre la validez y los límites del Derecho y la discrecionalidad de quienes deciden a quiénes, cómo y cuándo administrarles justicia.

Es urgente, además, generar Políticas de Estado que amparen los derechos de los demás animales como base de un sistema justo, considerándolos lo que son: Sujetos de Derechos y poder trascender la mentalidad medieval que, en este tema, caracteriza a la mayor parte del Poder Judicial.

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS I Diario DPI Suplemento Personas no humanas Nro 21 – 12.12.2019

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  1. Fauna silvestre y conservación

La Ley Nº 22.421 – CONSERVACION DE LA FAUNA- del año 1981 fue sancionada con la intención de resolver los problemas derivados de la depredación[2] y aniquilación que sufren los animales de la fauna silvestre que habitan el Territorio de nuestro país. La ley declara de interés público su protección y conservación y establece que Todos los habitantes de la Nación tienen el deber de protegerla.

El Artículo 3º de la ley mencionada determina que se entiende por fauna silvestre:[3]

1) Los animales que viven libres e independientes del hombre, en ambientes naturales o artificiales.

2) Los bravíos o salvajes que viven bajo control del hombre, en cautividad[4] o semicautividad[5].

3) Los originalmente domésticos que, por cualquier circunstancia, vuelven a la vida salvaje convirtiéndose en cimarrones[6].

 

La depredación es una relación que se genera entre los animales (humanos-no humanos), en la que un individuo de una especie -predador o depredador- caza a otro de una especie diferente, con fines de subsistencia y alimentación. La depredación cuando es natural ocupa una importante función en el equilibrio biológico de los ecosistemas.

La depredación cumple una función de regulador de la naturaleza, y de la riqueza faunística y diversidad biológica que existe; las cadenas alimenticias naturales o tróficas son necesarias para que cada especie pueda sobrevivir. Todos estamos en una relación de interdependencia donde los abusos generan desequilibrios que llegan a repercutir en calidad de vida de todas las especies vivas.

Lejos de colaborar a esta preservación y protección, el ser humano se ha constituido en el principal causante de la amenaza y extinción de especies silvestres, debido a diversos factores, como son la expansión urbana, la deforestación, la destrucción de hábitats naturales, la aplicación de agro tóxicos en las plantaciones; a lo que se le suman las prácticas indiscriminadas de la caza y pesca de animales silvestres.

Respecto a la declaración de interés público mencionada en la ley, no está previsto legalmente que una ley que contenga dicha declaración tenga algún tipo de vigencia especial o diferente de las demás leyes que no la contienen. Tampoco implican de por sí la concesión de beneficio pecuniario alguno —exenciones impositivas-, salvo que el legislador expresamente lo establezca, por lo que parece una simple definición clásica de aquellas cosas que el Estado trataría de conseguir y proteger a modo de objetivo a alcanzar. La casuística demuestra que el uso de este concepto es una mera declaración carente de consecuencias prácticas[7].

La legislación nos indica las obligaciones que debemos cumplir. Tanto la Constitución como la Ley en análisis establecen que existen dos sujetos pasivos y obligados en la protección de los animales y del ambiente: el Estado y Todos los habitantes de la Nación. Ambos tienen la obligación, no sólo moral sino sobretodo legal, de respetar, preservar, defender y proteger a los animales silvestres y a su hábitat. Por su parte, los sujetos activos – aquellos titulares del derecho respecto del cual se reclama la defensa y garantía- son los animales no humanos. El ser humano y sus instituciones son los sujetos obligados a respetar el derecho de todo ser vivo a existir. Este reconocimiento es una deuda imprescriptible que tenemos con los más indefensos y vulnerables de este país.

La fauna silvestre – en su condición de objeto y no sujeto establecido por ley- está hoy a disposición y arbitrio de un propietario de tierra que puede APROVECHAR todos los beneficios que brindan los animales que habitan temporal o permanente dicho suelo, solo obligado a limitar racionalmente su utilización para asegurar la conservación de los mismos. El ser humano es el amo y señor de todo habitante de SU suelo que no sea humano. Por tanto, los animales no humanos son Esclavos sin derechos y sin importancia más allá de su aprovechamiento.

Una de las actividades de “aprovechamiento” que desarrolla el ser humano contra los animales no humanos es la CAZA, que es entendida como la acción ejercida por el hombre, mediante el uso de artes, armas y otros medios apropiados, persiguiendo o apresando ejemplares de la fauna silvestre con el fin de someterlos bajo su dominio apropiárselos como presa, capturándolos, dándoles muerte o facilitando estas acciones a terceros.

Para que la práctica de la caza sea legal se requieren a) Contar con la autorización del propietario o administrador o poseedor o tenedor a cualquier título legítimo del fundo; b) Haber obtenido la licencia correspondiente[8], previo examen de capacitación. Esta licencia la expedirán las autoridades jurisdiccionales de aplicación o las entidades públicas o privadas en las que aquéllas podrán delegar esta función en la forma que determine el decreto reglamentario – Decreto 666/97 -Protección y conservación de la fauna silvestre- del año 1997.[9]

Se encuentra regulada 4 tipos de CAZA:

  1. a) Deportiva.
  2. b) Comercial.
  3. c) De control de especies declaradas perjudiciales.
  4. d) Con fines científicos, educativos culturales, para exhibición zoológica, o con el propósito de adquirir individuos o especímenes para los establecimientos de criaderos o cotos de caza.
  1. Caza deportiva

Llamada también actividad cinegética, puede diferenciarse la caza mayor o menor de acuerdo a si la presa es mayor o menor a un zorro ordinario.

En Nuestro País, esta actividad se lleva a cabo en los siguientes ámbitos:  En propiedades privadas, contando con la autorización del propietario; en las áreas de caza de propiedad fiscal y en los cotos de caza que pueden ser organizados y establecidos tanto en tierras de propiedad privada o estatal.

Lo que quiero resaltar es que, a este negocio lucrativo para unos pocos, se lo llama deporte. Respecto a esto, la Real Academia Española, define deporte como una «actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas»; también, en una segunda acepción, más amplia, como «recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre»

Según el filósofo español José Ortega y Gasset[10], «la caza es todo lo que se hace antes y después de la muerte del animal. La muerte es imprescindible para que exista la cacería». Por tanto, este “deporte” asegura la muerte de un ser vivo y sensible, que sufre por la sed de sangre del ser humano aún primitivo.

Como todo juego o deporte, la cacería tiene ciertas reglas que en principio hay que respetar, como ser: cuando haya dudas sobre la propiedad de la pieza de caza se le asignará al autor de la primera sangre para reses de caza mayor y tratándose de aves de vuelo al cazador que las hubiese abatido; únicamente se podrá cazar en el período comprendido entre el crepúsculo, matutino y el vespertino con adecuada visibilidad. Se excluye de esta restricción la caza mayor al acecho en noches de luna y cualquier otra modalidad que se autorice expresamente; se prohíbe cazar cuando la lluvia intensa, granizo, nevada, niebla, falta de luz u otras causas similares, reduzcan la visibilidad de forma tal que el uso de armas de fuego pueda producir peligro para las personas o para sus bienes; se prohíbe en forma absoluta toda maniobra que implique destruir o disminuir la protección natural del hábitat de que se trate y especialmente desalojar los animales de su refugio mediante incendio, explosión, inundación y otras acciones similares; está terminantemente vedado comercializar los despojos de animales cazados con licencia deportiva; queda prohibido perseguir y acosar a los animales de caza en vehículos motorizados; se prohíbe hacer fuego cuando las circunstancias especiales del lance hicieran probable un impacto desafortunado que sólo hiera al animal; se prohíbe organizar cacerías durante las cuales mediante utilización de jaurías se acose a los cérvidos; se prohíbe al cazador deportivo participar en disparos “en salva” o sucesivos de más de un cazador sobre la misma pieza; está prohibido disparar: a) Desde automóviles, aviones, helicópteros, lanchas a motor o vehículos de tracción a sangre. b) Con ayuda de la luz artificial, cualquiera sea la fuente de energía utilizada. c) Sobre animales atascados o inmovilizados por cualquier agente externo o nadando en cauces navegables. d) Con armas automáticas, semiautomáticas o aquellas provistas de miras infrarrojas o silenciadores; etc.

Algunos defensores del derecho a matar a otro animal que no es humano, proclaman que es una actividad que brota desde lo más hondo de nuestra naturaleza humana y que es imprescindible para una correcta y respetuosa gestión del medio natural. Todas afirmaciones de incomprobable veracidad.

La historia del hombre desde el inicio de los tiempos ha estado relacionada con la necesidad de cazar para alimentarse y asegurar su supervivencia, pero con el paso del tiempo, el hombre aprendió sobre agricultura y ganadería, lo que transformó a la caza en un juego o deporte y no en una necesidad.

En Nuestro País, bajo el título engañoso de “CONSERVACION DE LA FAUNA” – Ley 22.421-, se autoriza y regula la actividad cinegética, estipulando en el Capítulo V – De la Caza- que la misma requiere dos condiciones indispensables: la autorización del propietario del fundo y la licencia habilitante para dicha actividad. Y determina que “Las provincias conservan competencia propia para legislar o reglamentar sobre las demás modalidades relativas al otorgamiento de esta licencia, así como también acerca de todo lo concerniente a los permisos de caza dentro de sus respectivas jurisdicciones”.

Por tanto, cada provincia tiene su propia ley que regula dicha actividad dentro de su propio territorio, facilitando de esta forma que existan normas legales diferentes en las distintas jurisdicciones. Las provincias tienen la potestad sobre la fauna silvestre, y como excepción a esta regla, se encuentran las poblaciones de animales que habitan en los Parques Naciones que están bajo el amparo de la Administración de Parques Naciones[11].

Para enumerar algunas de las provincias que regulan la caza deportiva dentro de sus territorios, voy a destacar a modo de ejemplo la de Entre Ríos – LEY DE CAZA, Nº 4841 (Con las modificaciones introducidas por las leyes 6821 y 7552); Misiones – LEY XVI  Nº 11 (Antes Decreto Ley 1279/80) LEY DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE; Chaco – Ley Nro. 5.629 MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA FAUNA SILVESTRE Y LA CAZA; Buenos Aires – Decretos N° 110/81 y su modificatorio N° 8996/86-; La Pampa – LEY 1194 – CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE-, etc.

  1. Áreas Protegidas y Monumento Natural

El inicio del proteccionismo de los animales contra la CAZA, podría encontrarse en los tratados de montería del siglo XIV y XV y consistieron en establecer parámetros de caza y territorios en donde no se permitía dicha actividad, en pos de conservar las especies en serio peligro de extinción.

De aquí surge la idea de preservar un espacio de territorio en resguardo y protección, tanto la vida animal salvaje como la vegetación primitiva contenida en su perímetro. Llamadas reservas o parques, la caza queda prohibida en tales recintos, así como el derribo de árboles o la destrucción de toda especie vive. La primera reserva de caza fue creada en suiza en el año 1569 – cantón de Glaris-.

En el año 1933, y ante la destrucción indiscriminada de especies de animales y vegetales, se celebra en Londres la conferencia para la protección de la flora y la fauna africanas. Definen como Parque Nacional o Reserva Natural Integral, aquella que tiene por objeto la conservación absoluta en su estado natural, no solamente de la fauna, sino también de la flora. Territorio donde las especies hasta ahora acosadas por el hombre podrán encontrar la necesaria seguridad.

Otra modalidad de protección de las especies en peligro de extinción, más reciente en el tiempo, es denominada como Monumentos Naturales. Definida en el artículo 8 de la ley 22.351 como “las áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.

La declaración de Monumento Natural se realiza por ley, o en su defecto por decreto, y puede ser Nacional o Provincial de acuerdo a si su protección es en todo el territorio argentino o sólo en la provincia que así lo disponga. De éste modo, no se preserva un área determinada, sino que se protege la vida específicamente de una especie de animal que se encuentra en peligro inminente de extinción.

Podemos encontrar como ejemplos:

Monumento Natural Nacional: Existen 4 especies de animales protegidos por ley Nacional, siendo el primero la Ballena Franca Austral[12] en el año 1984; los otros tres son: Taruca o venado andino[13] y Huemul[14], ambos en el año 1996 y por último Yaguareté[15] en el año 2001.

Monumento Natural Provincial: Misiones es probablemente la que más utilizó esta figura, protegiendo al yaguareté, el tapir,  el oso hormiguero grande, el zorro pitoco, el lobo gargantilla, el aguará guazú, el carayá rojo, el pato serrucho, la harpía, el maracaná lomo rojo etc. Las demás provincias también lo han utilizado para proteger sus especies autóctonas.

  1. La caza deportiva prohibida

Existen actualmente Países en nuestro Continente que han optado por prohibir esta actividad o “deporte” que implica muerte y sangre de animales no humanos que sienten y son conscientes. Costa Rica dio un paso muy importante en la protección de los derechos de los animales al prohibir la caza deportiva en todo su territorio y también hizo lo propio Colombia.

  • Costa Rica.

La Ley Nº 7317 del año 1992 – Ley de Conservación de la Vida Silvestre- tuvo una reforma trascendental en el año 2012 cuando la ley N° 9106 del 20 de diciembre de 2012, prohibió en todo el territorio la caza deportiva, convirtiéndose en un ejemplo para todo el mundo en el cuidado de la naturaleza y de sus animales. El principal objetivo es conservar la biodiversidad y atraer a turistas más respetuosos del medio ambiente y de la vida de los seres más indefensos.

La iniciativa fue propuesta por los mismos ciudadanos, ya que la reforma fue llevada ante el Poder Legislativo a través del mecanismo de “Iniciativa Popular” con el respaldo inicial de 177,000 firmas (5% del padrón electoral) que fueron recolectadas por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas).

Esta ley prohíbe totalmente la caza, y elimina las licencias de caza deportiva. También prohíbe el tener animales silvestres de mascota y establece multas. Para controlar su efectivo cumplimiento, provee al SINAC[16] de mayor competencia para ejecutar esta prohibición.

Concretamente, el artículo reformado de la ley establece:

Artículo 14.- El Estado, por medio del Sinac y demás autoridades competentes, regulará las siguientes actividades:

  1. a) Caza

Se prohíbe la caza de vida silvestre excepto en los casos en que, con base en los estudios técnico-científicos, esa práctica se requiera para el control de especies con altas densidades de población que atenten contra su propia especie, otras especies silvestres o la estabilidad misma del ecosistema que las soporta. La caza deportiva queda totalmente prohibida, únicamente será permitida la caza de control y la caza de subsistencia.

 

Este País pone en valor y consideración jurídica la vida y protección de los animales no humanos, con una verdadera Cultura de Conservación y apostando hacia un turismo ecológico “verde”, en donde se cierran definitivamente las puertas a los amantes de la violencia y de la muerte.

  1. Colombia

Colombia se suma a la lista de países donde la caza DEPORTIVA está prohibida. Pero en esta oportunidad la decisión no es Legislativa, sino que proviene del Poder Judicial.

 La Corte Constitucional de Colombia prohibió en su fallo del 6 de febrero de 2019, la caza deportiva en todo el País por ser contradictorio y antagónico con la protección del medio ambiente y de los animales, consagrado en su Constitución[17]. Para efectivizar esta prohibición concedió un año de plazo para adecuarse a la decisión. Concretamente, desde el 6 de febrero de 2020[18] no se permitirá la caza deportiva en Colombia.[19]

Antes de la decisión de la Corte Constitucional, el Ministerio de Ambiente[20] y la Procuraduría General-Ministerio Público- ya se habían pronunciaron rechazando cualquier actividad de caza deportiva y solicitando la prohibición de esa práctica en todo el País. El procurador general, Fernando Carrillo, manifestó, en dicha oportunidad, que la caza deportiva desconoce el deber de proteger a los animales “como seres sintientes y no como cosas”, y consideró que “matar a un animal por recreación es desconocer los progresos alcanzados en materia de protección del ecosistema e ignorar nuestro deber de proteger a los animales como seres vivos y no como objetos“.

El cambio de status jurídico de los animales tiene su antecedente en la reforma del Código Civil en su artículo 655[21],  donde se reconoce que los animales no humanos son seres sintientes, superando la concepción cosificadora de los animales, reconociendo derechos básicos a los animales como es el existir y no sufrir.

En su fallo[22], la Corte Constitucional afirma que las normas que autorizan la práctica del “deporte” o actividad cinegética, constituyen maltrato animal sin fundamento constitucional, y coloca a la protección del ambiente, y de la fauna como parte de este, como un interés superior[23] que obliga a la protección de los animales frente al padecimiento, el maltrato y la crueldad. De esta forma sostiene que la caza deportiva es contraria al derecho al ambiente sano.

Ambos Países llegan al mismo resultado, pero producto de distintas concepciones. En tanto que la Corte Constitucional de Colombia entiende que las normas que reglamentan la caza deportiva de animales están en contra del deber constitucional de proteger al medio ambiente, y constituye maltrato animal; en Costa Rica se toma la decisión en afinidad con su política de conservación de la biodiversidad y atracción de turistas respetuosos del medio ambiente.

  1. A modo de conclusión

El ser humano, en su incomparable vanidad, ha creído poder organizar la naturaleza. El orden aparente que ha establecido está lejos de ser superior al orden biológico que realiza la naturaleza por sí misma. Desde el mismo inicio del humano en este planeta, sus relaciones con el mundo animal no humano se han traducido en estrago y aniquilamiento. Y es probable que el principal móvil que ha impulsado al hombre a destruir la fauna salvaje haya sido el MIEDO.

Hoy, ya superado el miedo, la destrucción del animal silvestre tiene su origen en la imprudencia e ignorancia de creerse un ser superior[24], que puede someter a todo ser vivo en esta Tierra a su egoísta voluntad y no quiere entender que “existe un orden preexistente al hombre y del cual éste no es dueño sino -a lo sumo- “custodio”, en una relación en la que todos sus componentes (“cosas” y seres vivientes, incluido el propio hombre) interactúan”.[25]

El bien jurídico protegido por el artículo 41 de la Constitución Nacional no es la salud humana sino el equilibrio ambiental, y esto nos obligado a todos a crear un MEDIO AMBIENTE VITAL que nos abrace a todos.

No hay razón ni Justicia en mantener vigente la autorización legal para realizar la actividad cinegética.  La caza no deja de ser un juego cruel y de mal gusto en donde los animales son cazados y asesinados con el único propósito de brindar a los cazadores un” trofeo”.

El cazador infunde miedo, quita vida, destruye familias y daña permanentemente el orden natural. Algunos hasta se jactan de colocar cadáveres simétricamente colocados para sacar crueles e inauditas fotografías.

 La Argentina debe dejar de permitir semejante aberración y como consecuencia de esto debe prohibir definitivamente la cacería deportiva. El deporte debe propiciar el mejoramiento de la calidad de vida en general, tanto como juego o competencia que beneficien la salud física y mental.[26]

El deporte es un derecho y un componente fundamental en la formación integral de cada habitante de nuestro País, por tanto, no hay lugar para autorizar el derramamiento de sangre de víctimas inocentes por el simple deseo de matar y apagar una vida. La caza solo produce dolor y sufrimiento.

Al igual que ha interpretado la Corte Constitucional de Colombia, La ley de maltrato animal en Argentina– Ley 14346- castiga esta conducta perversa contra los animales, cuando estipula:

ARTICULO 3º – Serán considerados actos de crueldad:

7° Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad.

Como cierre de este artículo, y como otro fundamento para abolir definitivamente la caza deportiva en nuestro País, recojo la puesta en valor y la efectiva protección de los animales no humanos de Costa Rica. Ellos han apostado a una Cultura de Conservación Real, en donde no se aísla a los animales, sino que se los protege de la injusta muerte por fusil, proponiendo y apostando a un turismo Verde, permitiendo conocer y observar la vida y costumbres de los animales en su hábitat, pero reemplazando un arma de fuego por una cámara fotográfica, y de esta forma poder apreciar así el milagro de la vida.

 

[1] Abogado. Director del instituto de Derecho Animal de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.

[2] Se entiende la captura de una especie por parte de otra con el objeto de alimentarse.

[3] Quedan excluidos del régimen de la presente Ley los animales comprendidos en las leyes sobre pesca.

[4] Se habla de cautiverio cuando los animales son mantenidos dentro de espacios cerrados o limitados por barreras físicas

[5] Los animales son mantenidos en espacios cerrados por barreras físicas, pero en espacios muy amplios. Generalmente son animales mansos que no saben defenderse por sí solos en el medio natural o están en proceso de adaptación a la vida silvestre

[6] Adjetivo [animal] Que es salvaje, especialmente si era doméstico y ha huido al campo. “asno cimarrón; toro cimarrón”

[7] Sandra Sagripanti. Dirección de Información Parlamentaria. https://www.hcdn.gob.ar

[8] Documento nominal e intransferible que tendrá validez en todo el país. Podrá delegarse el otorgamiento de la LICENCIA DE CAZA DEPORTIVA en instituciones privadas de caza deportiva.

[9] La obtención de la LICENCIA DE CAZA DEPORTIVA será requisito previo para que las autoridades de aplicación puedan otorgar en sus respectivas jurisdicciones el PERMISO DE CAZA.

[10] el filósofo español atribuye a la caza un rango excepcional de sapiencia, libertad y felicidad.

[11] LEY N° 22.351 PARQUES NACIONALES. Será autoridad de aplicación de la presente ley, la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, con domicilio legal en la CAPITAL FEDERAL, ente autárquico del Estado Nacional que tiene competencia y capacidad para actuar respectivamente en el ámbito del derecho público y privado, y que es continuador jurídico del organismo creado por la Ley 12.103 y sus modificatorios (Decreto Ley n. 654/58, Leyes 18.594 y 20.161).

[12]  Ley n° 23094

[13]  Ley n.° 24702

[14] Ley n.° 24702

[15] Ley n.° 25463

[16] Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Administrativamente el SINAC es un sistema constituido por una Dirección General y 11 Áreas de Conservación con carácter de Direcciones Regionales. La Dirección General es responsable de emitir las políticas y estrategias relacionadas con la conservación de los recursos naturales del país. Para ello cuenta con una Unidad Técnica, conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales que desarrollan acciones de carácter estratégico y de soporte a la gestión de las Áreas de Conservación. https://areasyparques.com/otros/sinac/

[17] La decisión de la Corte Constitucional se basó en la demanda contra normas contenidas en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y el Estatuto Nacional de Protección de los Animales que permitían la caza deportiva

[18] La medida, que llega luego de que el Gobierno pidiera a ese alto tribunal declarar inexequibles tres artículos de un decreto de 1974 “con el fin de que sean retirados del ordenamiento jurídico vigente”, entrará en vigencia en un año.

[19] Así lo decidió la Corte Constitucional en un fallo en favor de la demanda que pedía que se vetara esa práctica en el país, con un resultado de 7 votos contra 2.

[20] El Ministerio de Ambiente rechazó este martes “cualquier actividad de caza deportiva” en el país y solicitó a la Corte Constitucional que prohíba esa práctica. Para el Ministerio, la caza deportiva “solo deriva diversión para los cazadores, crueldad y sufrimiento para los animales”.

[21] Ley 1774 de 2016

[22] http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-045-19.htm. Expediente D-12231

[23] El interés superior de protección del ambiente, y de la fauna como parte de este, obliga a su protección y exceden los límites constitucionales del derecho a la propiedad (art. 58 C.P.) y la libre iniciativa privada (art. 33 C.P.).

[24] El Hombre contra el Animal. Raymond Fiasoon. “Engañado por su orgullo, el hombre se ha considerado a sí mismo como una creación muy especial, distinta y superior a todas las demás. (la obra predilecta de Dios), pero la naturaleza no le permite olvidar que su cuerpo se vincula con el reino animal”.

[25] LA TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA. Horacio Rosatti.

[26] Ley 27202. Art. 1 inc.  B. Ley del Deporte. “La utilización del deporte y la actividad física como factores de la salud integral de la población, con una visión holística.”

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