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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Administrativo Nro 249 – 27.08.2019

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  1. Introducción

Desde hace varios años, la lucha por la igualdad de género se ha convertido en un movimiento político, social y cultural cuya importancia actual resulta innegable.

Basta con mirar a nuestro alrededor para vislumbrar cómo el debate acerca de esta temática se ha ido instalando en diversos sectores de la sociedad: en las escuelas, las universidades, los lugares de trabajo y hasta en el seno de los hogares.

Ante esta situación el Estado no ha permanecido ajeno, por lo que ha llevado a cabo acciones que demuestran su preocupación y su acción sobre el tema. En este sentido, se han sancionado normas, creado organismos, capacitado funcionarios, en pos de salvaguardar los derechos de las mujeres.

No obstante, aún quedan muchísimas cosas por hacer para alcanzar la tan ansiada igualdad de género, por ejemplo, en materia económica, siendo ese uno de los ejes centrales de la subsistencia de la lucha. Es importante poner de resalto que el crecimiento de las oportunidades económicas de las mujeres está asociado a la reducción de la pobreza y al crecimiento económico[2], permitiendo así ponerle un punto final a la violencia económica de la que muchas mujeres son víctimas.

  1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las mujeres para formar parte del mercado laboral?

En palabras de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina “La violencia de género se sustenta en un sistema social de desigualdad y desequilibrio de poder entre los varones y las mujeres. Si bien todos los tipos de violencia restablecen la situación de subordinación de las mujeres, la violencia económica y patrimonial cercena aún más los procesos de autonomía y, en el contexto de las relaciones de pareja, resulta ser un motivo significativo para la continuidad del dominio y el control sobre sus vidas”[3].

  Si miramos las cifras en la Argentina[4], el rango etario más afectado por la violencia económica y patrimonial es aquel que abarca entre los 22 y los 49 años. Esta información resulta alarmante: se trata de mujeres que forman parte de una población que debiera encontrarse en plena etapa de formación profesional y de inserción en el mercado. No obstante, para muchas de ellas esas posibilidades resultan una utopía y subsisten en el marco de relaciones violentas ante la falta de medios para poder alejarse de esa situación.

Otro hecho no menos relevante que afecta de manera directa la presencia de mujeres en el mercado laboral, tiene que ver con el fenómeno de la conciliación de las esferas de la vida familiar y profesional. Resulta habitual que sean ellas quienes releguen sus estudios y metas de trabajo en pos de cuidar a sus hijos diariamente, siendo también ellas quienes mayor discriminación sufren a la hora de buscar nuevos empleos, ¿quién no ha conocido un caso de alguna entrevista laboral donde se le preguntas al público femenino si son madres, pero no se replica la pregunta con los postulantes masculinos?

Asimismo, el techo de cristal es una realidad que aqueja a la población femenina, es decir, la mayor cantidad de cargos con capacidad de mando y toma de decisiones en el ámbito empresarial son ocupados por hombres[5]. Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPECC): “En el sector privado, el 72% de los puestos de decisión son ocupados por varones, incluso cuando, en el resto de los puestos del sector, ellas representan el 42% de la dotación”.

Ante esta sumatoria de factores que hacen mella sobre la igualdad entre los géneros, algunos Estados han decidido llevar a cabo una intervención directa en el mercado para equilibrar la balanza de la desigualdad: la incorporación de las mujeres en el ámbito de las contrataciones públicas.

Sin lugar a duda, el mercado público representa una oportunidad muy auspiciosa para promover la inserción de las mujeres, debido al gran número de transacciones que se realizan, los montos involucrados y la extensión territorial en la cual se desarrollan estos negocios.

En consecuencia, la temática de la perspectiva de género en este sector ha ido ganando terreno durante el último tiempo, habiéndose logrado cambios significativos en algunas latitudes y ahora ha llegado el momento de que nuestro país dé este debate.

III. Marco regulatorio

La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) fue aprobada por las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por la República Argentina en el año 1985, siendo dotada de jerarquía constitucional en el año 1994.

En su Artículo 4° establece que “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.

En un sentido muy similar, el Objetivo N° 5 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas es la igualdad de género. Con relación a ello, afirman que la pretendida igualdad no es solo un derecho humano fundamental, sino que debe ser entendida como “la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible”[6].

La mirada integral con la cual ha sido pensado este Quinto Objetivo torna muy sencilla su vinculación con temáticas específicas como las que se pretenden abordar en el presente trabajo, es decir, el rol de las mujeres en el ámbito de las contrataciones públicas.

Si nos enfocamos en el marco normativo de las contrataciones públicas a nivel nacional, debemos remitirnos tanto al Decreto N° 1.023/2001[7] como al reciente Decreto Reglamentario N° 1.030/2016[8].

¿Qué ocurre cuando buscamos vestigios de regulación tendiente a lograr la igualdad de género en estas normas? Al hacerlo, no encontraremos ninguna alusión directa a esta temática, sino que debemos poner el foco en los elementos constitutivos de la noción de sustentabilidad.

Si bien es común asociar el término sustentabilidad con cuestiones netamente ambientales, debe tomarse en consideración que existen varios criterios de sustentabilidad posibles y que podemos encontrarlos a lo largo de distintas regulaciones. De este modo, podemos hablar, por ejemplo, de criterios de sustentabilidad éticos, sociales y económicos.

En esta línea de pensamiento, nos encontramos con el Artículo 115 Inc. B) del Decreto N° 1.023/2001 y su reglamentación, el cual establece dentro de las tareas del órgano rector en materia de contrataciones públicas: “1. Desarrollar mecanismos que promuevan la adecuada y efectiva instrumentación de criterios de sustentabilidad ambientales, éticos, sociales y económicos en las contrataciones públicas.”

Este criterio amplio de sustentabilidad, también ha sido receptado por la normativa vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.688)[9] y su Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, estableciéndose como uno de los principios rectores de las contrataciones públicas a la sustentabilidad “se promoverá de manera gradual y progresiva la adecuada y efectiva instrumentación de criterios ambientales, éticos, sociales y económicos en las contrataciones públicas”.

[1]Abogada por la Universidad de Buenos Aires. Diplomada en Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico por la Universidad Tecnológica Nacional. Maestrando por la Universidad Torcuato Di Tella. Gerente Operativa Asuntos Legales Contractuales del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma.

[2] “Promoviendo el Desarrollo Inclusivo: Incrementando la Participación de la Mujer en Contratación Pública”, Banco Interamericano de Desarrollo – Washington, D.C. 26-27 de mayo de 2015.

[3] Informe “Violencia económica y patrimonial – Año 2017”, Oficina de Violencia Doméstica (OVD, Ed. octubre 2018. Disponible en: http://www.ovd.gov.ar/ovd/verMultimedia?data=2529

[4] Informe “Violencia económica y patrimonial – Año 2017”, Oficina de Violencia Doméstica (OVD, Ed. octubre 2018. Disponible en: http://www.ovd.gov.ar/ovd/verMultimedia?data=2529

[5] “Mujeres en el mercado de trabajo: una deuda y una oportunidad”, CIPECC. Disponible en: https://www.cippec.org/proyecto/mujeres-en-el-mercado-de-trabajo/

[6] Disponible en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

[7] Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/68396/texact.htm

[8] Disponible en:  http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=3075CC764048852DA1F9B0CEB0DED147?id=265506

[9] Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=91501&qu=dig&ft=0&cp=&rl=0&rf=0&im=&ui=0

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Constitucional y Derechos Humanos Nro. 238 – 26.08.2019

 

Aún estamos a tiempo de hacer realidad esta necesidad expresada en el título. Idea que cabe en dos renglones y que bien podría ayudar a toda la Argentina a atravesar con menores costos la notoria incertidumbre que indiscutiblemente atravesamos en la hora.

Partimos de la base que el principal problema de nuestra sociedad es, desde sus propios orígenes, el odio y la división entre posturas antitéticas, a las que la sola idea del diálogo, de la apuesta a la construcción de consensos mínimos, de síntesis postural, les resulta poco menos que impensable. Y de ahí que buscando inocularnos de ese pernicioso gen nacional, apostamos a que la mentada ley del Congreso pueda “terciar” en medio del conflicto existente.

En países democráticos más normales, el que pierde una elección llama por teléfono y felicita al ganador y lo convoca, y el ganador le agradece, hace público el llamado y el agradecimiento, y al día siguiente o al otro, va hasta el despacho del vencido y se juntan y acuerdan el traspaso ordenado del mando, así como de aquellos mensajes que fueran necesarios dar a la comunidad y a los mercados. Dado ese primer paso, entonces ambos delegan tareas en uno, dos o tres interlocutores (generalmente de perfil técnico) por cada parte, quienes, al no estar apegados visceralmente a la cuestión electoral, se pueden elevar por encima de la coyuntura y sugerir caminos y opciones con mayor racionalidad sobre las políticas a seguir durante ese período.

Por eso, es fundamental correrse del eje amigo-enemigo y pensar y obrar para que unos y otros, otros y unos, tomemos conciencia que estamos en el mismo barco. Y que, tanto si siguiera Mauricio Macri como si viniera Alberto Fernández o quien fuere, de todas formas, habrá que gerenciar dicha transición lo mejor posible.

Si las elecciones las ganara Alberto Fernández, entonces esta ley que proponemos les allanaría el camino al presidente saliente y al entrante para poder reunirse, conversar, pensar y quizá, hasta para cogobernar y/o codecidir sobre algunas cuestiones centrales que tienen que ver ni más ni menos que con la preservación de la paz social.

En dicha ley podrían plantearse algunas cuestiones como la obligatoriedad de tener que reunirse antes del traspaso de los atributos del mando, así como facilitarse el acceso a los datos reales y sensibles de la economía, e instar a los actores principales a ocuparse de la buena fortuna de la cosa pública durante el período de transición.

Y si las elecciones presidenciales las ganara Macri, pues en términos institucionales no nos dañaría contar desde ahora con una norma que prevea y ordene con mucha seriedad e inteligencia los futuros períodos de transición gubernativa.

Esto que con tanta simpleza estamos sugiriendo, lo hacemos porque nos parece que los argentinos, incluidos nuestros líderes, todavía carecemos de la suficiente cultura cívico-política para que aquello ocurra espontáneamente. Por lo tanto, para que el ego de los principales actores políticos en pugna no choque (y no nos hagan chocar a todos), sería muy conveniente que se plasmara prontamente la mentada ley. Entre otras razones porque esa ley sería una maravillosa excusa ante los ojos de una minoría de compatriotas fanatizados, que viven conceptualmente al diálogo y a la búsqueda de cualquier consenso como una rendición. Ergo, dicha ley forzaría a nuestros políticos a juntarse para procurar hacer una transición ordenada e informada, y para que deje de vivirse como una claudicación del perdedor frente al ganador, de modo tal que la norma propuesta les tendería a ambos un puente de oro ya que suavizaría las cosas.

Desde luego, el ideal sería sancionar este tipo de normas con la debida anticipación y no cuando el toro se nos viene encima, pero así estamos y hay que actuar ya mismo.

La propuesta que muy humildemente esbozamos es indispensable a nivel nacional, pero no estaría nada mal que las provincias y los municipios hicieran lo propio con la debida anticipación, para así no tener que correr la dinámica de los hechos desde atrás.

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