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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Constitucional y Derechos Humanos Nro. 264 – 07.07.2020

3) La decisión de la Mayoría de los jueces de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Antes de decidir sobre la cuestión, La Gran Sala recibe observaciones por escrito tanto por parte de la demandante como por el gobierno italiano. En esta instancia hay que sumar la participación por escrito en el proceso de treinta y tres miembros del parlamento, diez organizaciones internacionales y a su vez diez gobiernos miembros de los cuales ocho fueron autorizados para intervenir en el proceso oral.

Vale destacar que, por motivos de ceñirnos a los objetivos del trabajo, no analizaremos los alcances de cada una de las posturas de quienes intervinieron en la audiencia pública, quedará para un futuro análisis profundizar sobre este punto en el que el profesor norteamericano Joseph Weiler en representación de los Estados tiene una importante intervención.

Llegado el caso a la órbita de La Gran Sala del TEDH, esta puede decidir entre:

a) Confirmar el fallo de La Sala y por lo tanto hace lugar al planteo de la autora de que los crucifijos en las aulas de las escuelas públicas se constituyen en una injerencia ilegitima en su derecho a la libertad de pensamiento y de consciencia y que a su vez viola el principio de pluralismo educativo, siendo todo esto incompatible con los fundamentos del pensamiento político occidental, los principios del Estado liberal, y de una democracia pluralista y abierta y el respeto de los derechos y libertades individuales consagrados en la Constitución Italiana y en el CEDH.

b) Rechazar lo resuelto por La Sala y hace lugar a la posición del gobierno italiano basado en que no hay una postura en común europea en relación a los símbolos religiosos en las escuelas públicas y por lo tanto la decisión acerca del lugar que ellos ocupan está dentro del margen de apreciación nacional de cada Estado. A su vez el gobierno considera que dichos símbolos son valiosos por su tradición cultural, se pueden hacer interpretaciones diferentes de su simbología y a su vez comportan una posición pasiva.

En primer lugar, la mayoría conformada por quince de los jueces del máximo tribunal europeo, delimitan el problema que se les plantea, consideran que radica en una cuestión de incompatibilidad entre la presencia de crucifijos en las escuelas públicas italianas y el artículo 2º del protocolo N.º 1 (Respeto al derecho de los padres a asegurar la educación y enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas) y el artículo 9º del CEDH (Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión).

En segundo lugar, realiza un importante recorrido por su variada jurisprudencia aludiendo a los siguientes fallos:

  • Campbell y Cosans c. Reino Unido (Campbell y Cosans c. Reino Unido, 1982):

-Considera que las opiniones de los partidarios de la laicidad pueden ser consideradas convicciones en el marco de la protección del artículo 9 del Convenio y 2º del protocolo nº 1 y merecen respeto.

-Considera que el vocablo “respetar” del artículo 2 del protocolo número 1, implica una obligación positiva del Estado (un hacer) y no simplemente una obligación negativa (un no hacer).

  • Leyla Çahin c. Turquía (Leyla Çahin c. Turquía, 2005): en la que ha sostenido que los Estados tienen la misión de garantizar la neutralidad e imparcialidad en el ejercicio de las diversas religiones, cultos y creencias y que su papel es el de contribuir a garantizar el orden público, la paz religiosa y la tolerancia en una sociedad democrática, principalmente entre grupos opuestos.
  • Folgerø y otros c. Noruega (Folgerø y otros c. Noruega, 2007) y Appel-Irrgang y otros c. Alemania (Appel-Irrgang y otros c. Alemania, 2009): En los que considera que, en materia de educación y enseñanza, el artículo 2 del Protocolo Nº 1 es en principio lex specialis con respecto al artículo 9 del Convenio, por lo que es conveniente realizar el análisis bajo el ángulo de dicha norma específica.
  • Bulski c. Polonia ( Bulski c. Polonia, 2006): En el marco de la noción de respeto del artículo 8 de la Convención, se interpreta que en el contexto del artículo 2 del Protocolo N.º 1, esta disposición no debe interpretarse como una autorización a los padres de exigir al Estado la organización de una determinada enseñanza.
  • Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca ( Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca, 1976), Folgerø y Hasan y Eylem Zengin c. Turquía ( Hasan y Eylem Zengin c. Turquía, 2007): en cuanto al lugar de la religión en los programas escolares, según esta jurisprudencia corresponde a los Estados la elaboración de los programas escolares y en principio no le corresponde al tribunal pronunciarse sobre ello, por lo que se no se les impide a los Estados expandir, mediante la enseñanza o la educación, informaciones o conocimientos que tengan, directamente o no, un carácter religioso o filosófico, ni tampoco se permite que los padres se opongan a la integración de dicha enseñanza o educación en el programa escolar, siempre y cuando se garantice la posibilidad de un pluralismo educativo, esto implica que el Estado, en cumplimiento de sus funciones en materia de educación y enseñanza, cuide que las informaciones o conocimientos que figuran en el programa se difundan de manera objetiva, crítica y pluralista, permitiendo que los alumnos desarrollen un sentido crítico principalmente respecto al fenómeno religioso en una atmósfera serena preservada de todo proselitismo. Le prohíbe perseguir un objetivo de adoctrinamiento que podría considerarse no respetuoso de las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Ahí está situado el límite que los Estados no pueden sobrepasar.

A la luz de los principios jurisprudenciales antes mencionados, el Tribunal considera que el Gobierno no tiene razón cuando alega que la obligación de los Estados parte a la luz del artículo 2 del protocolo N.º 1, trata solamente sobre los programas y no sobre la presencia de crucifijos en las aulas, ya que no se impone solo al contenido de la instrucción y a la manera de dispensarla, sino que se les impone en el ejercicio y conjunto de funciones por lo que se incluye el acondicionamiento de las aulas, más cuando esta es una función asumida por el Estado.

Pero luego el Tribunal realiza sus consideraciones en relación al crucifijo como símbolo religioso. En principio considera que nadie discute que el crucifijo sea un símbolo religioso, en segundo lugar, el tribunal considera que no tiene ningún elemento que atestigüe la eventual influencia que pudiera tener el crucifijo en las aulas sobre los alumnos, por lo cual no puede afirmar si tiene un efecto sobre los jóvenes cuyas convicciones están en etapa de formación.

A pesar de que la demandante considera al crucifijo como una falta de respeto, el tribunal entiende que su percepción subjetiva no podría por si sola ser suficiente para comprobar una violación del artículo 2º del Protocolo Nº 1.

El gobierno sostiene que el crucifijo es fruto de la evolución historia de Italia por lo que connota no solo la historia, sino que también la identidad y considera que es una tradición que considera importante perpetuar. A su vez considera que el crucifijo simboliza los principios y valores que fundan la democracia.

El tribunal entiende que está dentro del margen de apreciación de cada estado decidir perpetuar o no una tradición, aunque esto no exonera a los Estados del respeto por los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Allí es cuando desarrolla su teoría del margen de apreciación en el que considera que si bien el Tribunal debe en principio respetar la elección del Estado contratante en esta materia, incluso respecto al lugar que otorga a la religión, en la medida en que dicha elección no conduzca a una forma de adoctrinamiento, la presencia de crucifijos en las aulas de las escuelas públicas forma parte del margen de apreciación del Estado demandado, por lo que el hecho de que no haya un consenso europeo sobre la cuestión de la presencia de símbolos religiosos en las escuelas públicas refuerza este enfoque.

No sólo ello, sino que también considera que la presencia de crucifijos en las aulas de las escuelas públicas otorga a la religión mayoritaria del país una visibilidad preponderante en el entorno escolar, pero que ello no es suficiente en sí mismo como para caracterizar una postura de adoctrinamiento por parte del Estado demandado y establecer un incumplimiento de las prescripciones

La mayoría de los jueces tambien sostienen que los crucifijos son esencialmente un símbolo pasivo, y esto es importante para el tribunal en vista al principio de neutralidad, ya que, según su entender, esta situación no es comparable con lo que podría ser un discurso didáctico o la participación en actividades religiosas.

La Gran Sala no comparte la visión de La Sala de que el crucifijo es un signo exterior fuerte que impacta en los alumnos. Para fundamentar este punto cita el precedente Dahlab (Lucia Dahlab vs. Suiza, 2001) en el que a una docente se le impide el uso del velo islámico y la decisión es reafirmada por las autoridades judiciales como una decisión correcta dentro del margen de apreciación del Estado, ya que principalmente tuvieron en cuenta la escasa edad de los niños.

Por lo que concluye que el Estado Italiano al decidir mantener el crucifijo en las aulas de la escuela pública, las autoridades actuaron dentro de los límites del margen de apreciación del que dispone el Estado demandado en el marco de su obligación de respetar, en el ejercicio de las funciones que asume en el terreno de la educación y la enseñanza, el derecho de los padres de garantizar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.

Por último, en relación a la aludida situación de discriminación, la gran sala considera que no está suficientemente probada dicha situación.

4) Los votos concurrentes con la mayoría

a. El voto del juez Rozakis al que adhiere el juez Vajic.

En el voto concurrente con la mayoría del Tribunal, pero con otros argumentos, los jueces Rozakis y Vajic sostienen en resumidas cuentas que:

El principal dilema jurídico es dilucidar la proporcionalidad de los dos derechos en pugna: el derecho de los padres a asegurar la educación y enseñanza conforme a sus convicciones filosóficas y religiosas según consta en el artículo 2º del Protocolo N.º 1 y el derecho de una gran parte de la sociedad a exponer símbolos religiosos protegido por el artículo 9º de la Convención.

Los jueces consideran al derecho de la educación como una de las piedras angulares del sistema y que se encuentra por encima del derecho de los padres al que consideran como un derecho subordinado.

Remarcan otra variable de la proporcionalidad basada en el derecho que tiene la sociedad, ya que por intermedio de sus autoridades votaron conservar los símbolos religiosos consiguiendo una amplia mayoría.

Consideran que no existe un consenso europeo sobre la presencia de símbolos religiosos, pero que existe una tendencia creciente a proscribir la posibilidad de exponerlos en escuelas públicas, no obstante, creen que esto no les permite hacer presunción alguna.

Repasa la jurisprudencia del propio TEDH, el cual sostuvo que “…los simbolismos religiosos se superponen a la tolerancia en una sociedad democrática…”. Consideran que es manifiesto que los símbolos atentan contra la neutralidad e imparcialidad, pero llegan a la conclusión (aunque con dudas) de que no alcanza dicha transgresión para que la Gran Sala determine que se viola el CEDH, en base al rol que la religión católica tuvo en Italia y a su vez por considerar al crucifijo como un símbolo pasivo.

Por último, consideran que la prohibición de los símbolos religiosos iría en contra al concepto de tolerancia.

b. El voto del juez Bonello.

“Un Tribunal de Derechos Humanos no puede dejarse ganar por un Alzheimer histórico” así comienza su voto particular el juez Bonello que es concurrente con el voto de la mayoría de la Gran Sala.

Bonello establece que no existe un derecho a despreciar la continuidad cultural de una Nación, siendo que las costumbres no son caprichos pasajeros, por lo que el TEDH no debe robarles a los italianos su personalidad cultural.

Así mismo sostiene que el planteo de la Sra. Lautsi es una cruzada para diabolizar los crucifijos y que la ausencia de estos sería espantosa o sorprendente. Advierte que lo que se solicita es que el TEDH sea cómplice de vandalismo cultural.

Por otro lado, interpreta que los decretos en que se basa la normativa no se deben a una medida reaccionaria impuesta por Mussolini, sino que éste tomó la realidad histórica para establecerlos.

En cuanto a la presencia de símbolos religiosos en las escuelas públicas considera que no va en contra de la laicidad y de la separación de la iglesia y del Estado y que la presencia de ellos no ha perjudicado los derechos de la familia Lautsi.

Con referencia a la cuestión institucional, sostiene que son las autoridades italianas y no el TEDH, a las que les corresponde proteger la supuesta laicidad constitucional. Afirma que retirar los crucifijos es optar por el agnosticismo, lo que no es una posición neutral y argumenta que no se presentan elementos para determinar que los crucifijos en las aulas hagan perder la libertad de manifestar las creencias de los alumnos.

Sin embargo, considera que lo que si prohíbe el CEDH es el adoctrinamiento, pero no la presencia de los crucifijos, a los que considera un símbolo pasivo de la historia.

Otro punto en el que hace hincapié es en el que la demandante no argumentó acerca de la proporcionalidad, por no haber ponderado entre los diferentes intereses concurrentes, estos son entre el conjunto de los 29 padres de los alumnos que gozan del derecho de que sus hijos reciban una educación de acuerdo a sus propias convicciones religiosas y filosóficas, y entre los padres de un solo alumno que quieren una institución sin crucifijos. Según su entender hasta el momento nadie ha argumentado por qué la voluntad de uno solo de los padres de un alumno debería prevalecer a la de los 29 restantes.

Para finalizar sostiene que hay un derecho a la presencia de los crucifijos, sea entendido éste como un símbolo cristiano tradicional o simplemente como un elemento cultural y en este sentido establece que el crucifijo es un símbolo intemporal de redención por el amor universal.

c. El voto de la jueza Powell.

La jueza Powell en su voto particular concordante con la mayoría inicia su análisis rectificando los errores que cometió según su criterio la Sala del TEDH.

En primer lugar, establece que la presencia de crucifijos en las escuelas públicas está dentro de los márgenes de apreciación nacional que los Estados tienen y que la visibilidad preponderante que estos tienen no constituye un adoctrinamiento.

En segundo lugar, rectifica lo que La Sala determinó en relación al riesgo particularmente presente que los crucifijos conllevan al entender que hay una ausencia de pruebas y de elementos que demuestren esa situación.

A continuación, considera que la simple ofensa que sufrió la demandante no es suficiente para considerar una afectación al CEDH.

Al mismo tiempo estipula que uno de los principales errores de La Sala (que incluso según su criterio el voto de mayoría de la Gran Sala no corrige) es que el Estado debe ser neutral, pero que a su criterio Estado neutral es sinónimo de una posición pluralista y no de Estado laico. Considera que elegir la laicidad no es una postura neutral.

Según su entender el CEDH lo que exige es el respeto por las convicciones en la educación y en la enseñanza, pero no exige que la opción laica sea la preferida. Es en este punto en el que concuerda con Bonello quien establece que las posturas laicas conllevan a la intolerancia.

Para finalizar realiza una distinción entre la ofensa que los Lautsi pueden haber sentido y la coerción, advirtiendo que un símbolo pasivo como el crucifijo no es coercitivo y por lo tanto no se constituyen violaciones a la libertad de manifestar convicciones personales.

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DOCTRINA COVID-19 Diario Penal Nro. 282 – 07.07.2020

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SUMARIO.

  1. Introducción. 2. Las fuerzas de seguridad y sus potestades para dar cumplimiento al aislamiento obligatorio. 3. (In)validez del acta de procedimiento ante la falta de testigos de actuación. 4. Conclusiones.

1. Introducción

En el marco de la pandemia de coronavirus, el gobierno nacional implementó una serie de medidas extraordinarias que tuvieron como objetivo proteger la salud pública y, en especial,  aquellas personas que integran grupos de riesgo, lo cual importó, entre otros aspectos, evitar la conglomeración de personas para impedir la propagación del virus.

A partir de las restricciones a la circulación impuestas  por  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  mediante  el  Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/2020, las fuerzas de seguridad tanto nacionales como provinciales, han efectuado distintos operativos a lo largo y ancho del país. El resultado fue la formación de infinidad de causas penales, que en muchos casos fueron acompañadas por el secuestro del vehículo del infractor.

Sin embargo, una considerable cantidad de procedimientos de las fuerzas federales[2] han evidenciado diversas irregularidades, en muchas ocasiones debido a que los operativos tenían en mira más la eficiencia estadística que la concientización de la población de las novedosas prohibiciones de circulación. La ligereza con la que se han labrados muchas actas no es sólo un dato irrelevante, pues pueden importar vicios que conllevarían a su nulidad y, por ende, al sobreseimiento de los imputados.

En este trabajo intentaremos abordar una de las omisiones más recurrentes, la falta de convocatoria de testigos que presencien el modo en que se lleva a cabo el procedimiento a tenor de las exigencias del art. 138 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación.

Antes de continuar, debe advertirse al lector que el análisis propuesto se enmarca dentro de un marco general de tensión entre las garantías constitucionales al debido proceso y defensa en juicio y la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad en aras a dar cumplimiento a las restricciones de circulación injustificada[3].

2. Las fuerzas de seguridad y las potestades otorgadas para dar cumplimiento al aislamiento obligatorio.

Una situación excepcional, nunca antes vista en tiempos que podamos recordar exige, como contrapartida, conductas y acciones excepcionales, tanto de las personas como de los Estados para cuidar la salud pública. Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia, “acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios[4].

La jurisprudencia reconoce que el ejercicio de los derechos no es absoluto[5] y puede dar lugar a restricciones, sobre todo en circunstancias extraordinarias o de crisis[6], por razones de orden público superior y en beneficio del colectivo, pero no pueden por esa razón ser anulados, sino solo limitados en forma razonable y por un tiempo determinado, siempre dentro de las garantías que ofrece la Constitución Nacional.

Aclarado ello, recordemos que el 19 de marzo pasado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20 se instauró el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. En el artículo 4to. se dispuso: “Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

El MINISTERIO DE SEGURIDAD deberá disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, a fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la propagación del virus”.

La prerrogativa le concede a las autoridades policiales y de seguridad el poder o facultad para llevar adelante las medidas de gobierno, pero, vale poner de relieve, esto no significa arbitrariedad ni la facultad para avasallar los derechos de las personas. El funcionario no puede utilizar tales potestades en base a su capricho, sino a las pautas y límites de la juridicidad y sujeto siempre a control de un juez. Por otro lado están las garantías, que son la protección que tienen las personas en caso de abusos del poder público, en tanto los acusados por violación al aislamiento gozan de todos los derechos y garantías regladas en los códigos de procedimiento federal como provinciales.

En otras palabras, el pleno funcionamiento de las instituciones republicanas y democráticas, y las garantías judiciales, son un reaseguro respecto del cumplimiento perseguido con las medidas y un valladar a cualquier eventual tentación de desvío.

 

[1] Abogado UBA.

[2] En el presente analizaremos casos de las fuerzas federales por ser a los que los que tuve acceso, lo cual implica que el análisis técnico, se corresponderá con el Código Procesal Penal de la Nación.

[3] Recordemos que un universo de ciudadanos se encuentran exceptuados de dichos impedimentos, conforme el art. 2 último párrafo y el art. 6 del mencionado decreto y en aquellas excepciones incorporadas por las Decisiones Administrativas Nº 429/20, vigente a partir del 20/03/20.

[4] C.S.J.N. Fallos 238:76.

[5] En el caso “Nápoli” (Fallos 321:3630, 22/12/1998), la C.S.J.N. dijo: 6°) Que la Constitución no consagra derechos absolutos, de modo tal que los establecidos en ella deben ser ejercidos de conformidad con las leyes que los reglamentan, las que al ser razonables no son susceptibles de impugnación constitucional (Fallos: 304:319, 1524).

[6] La Corte Suprema de Justicia ha señalado que en momentos de emergencia y ante la urgencia en atender a la solución de los problemas que crean “es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible en períodos de sosiego y normalidad” (Fallos: 200:450), y es que el derecho de la emergencia “no nace fuera de la Constitución, sino dentro de ella” (CSJN, Fallos: 191:388).

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Constitucional y Derechos Humanos Nro. 263 – 06.07.2020

Sumario:

1) Hechos

2) Trámite Procesal previo. a. Recurso ante el Tribunal Administrativo de Venecia. b. Recurso ante el Consejo de Estado Italiano c. Recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Decisión de La Sala.

3) La decisión de la Mayoría de los jueces de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

4) Los votos concurrentes con la mayoría a. El voto del juez Rozakis al que adhiere el juez Vajic. b. El voto del juez Bonello. c. El voto de la jueza Powell.

5) El voto disidente del Juez Malinverni al cual adhiere la jueza Kalaydjieva.

6) Análisis Crítico. a. El gobierno italiano y el contexto político. b. El Tribunal Administrativo de Venecia. c. El Tribunal Constitucional. d. El Consejo de Estado Italiano. e. La Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. f. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

1) Hechos

Dataico y Sami Albertin, son dos estudiantes menores de edad que concurren a una escuela pública en Italia, en cuyas aulas se da la presencia de cruces católicas. Ellos y sus padres no profesan la religión católica.

En una reunión del Consejo Escolar, el padre de los menores plantea el problema que representa tanto para él, como para sus hijos la presencia de símbolos religiosos en las aulas y solicita que éstos sean retirados. Días más tarde los miembros del Consejo debaten acerca de esta cuestión y por mayoría deciden mantener dichos símbolos.

Interín mediante el Ministerio de Educación emite una directiva instando a que los servicios competentes del Ministerio adopten las disposiciones necesarias para que los responsables escolares garanticen, especialmente, la presencia de crucifijos en las aulas.

2) Trámite Procesal previo.

a. Recurso ante el Tribunal Administrativo de Venecia

La madre de los menores, la Sra. Lautsi, decidió impugnar la decisión del Consejo Escolar (de ahora en adelante Consejo) y presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Venecia contra el Ministerio de Educación, Universidad e investigación (de ahora en adelante Ministerio de Educación).

De acuerdo a los fundamentos de la actora, la decisión del Consejo viola el principio de laicidad que la Constitución Italiana consagra en los principios de igualdad, de libertad religiosa y en los derechos a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión establecidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (de ahora en más CEDH). A su vez, aduce que se vulnera el principio de imparcialidad de la administración pública que tiene rango constitucional.

El Ministerio de Educación, en cambio, sostiene la falta de fundamentación por parte de la Sra. Lautsi argumentando que la presencia de crucifijos en las escuelas públicas se basa en dos reales decretos, uno de 1924 y otro de 1928 en los que se establece que está a cargo de las Comunas dotar del mobiliario escolar, especificando que cada aula debe estar provista del retrato del Rey y de un crucifijo.

Mediante un mandamiento el Tribunal Administrativo de Venecia plantea la cuestión constitucional a la Corte Constitucional Italiana. El Tribunal Constitucional considera inadmisible la cuestión porque el texto en pugna con la constitución no es una ley en sentido formal, sino un reglamento, por lo tanto, no podían éstos ser objetos de control de constitucionalidad.

Finalmente, el Tribunal Administrativo de Venecia desestima el recurso interpuesto por la Sra. Lautsi, y le da la razón al Ministerio de Educación, considerando que los reales decretos están vigentes y que la presencia de crucifijos en las aulas no es contraria al principio de laicidad.

A su vez asegura que, si bien el crucifijo es un símbolo religioso, tambien es un símbolo histórico cultural y que debe ser considerado como un símbolo de los valores presentes en la constitución italiana, inclusive la tolerancia religiosa y el principio de laicidad. Por último, considera que sería paradójico en nombre de la laicidad excluir a los símbolos cristianos de la estructura publica siendo que la religión cristiana fue una fuente de dicho principio.

Sin embargo, el tribunal considera que en la época en la que se emitieron los estatutos, al crucifijo de se le daba otro valor, se lo entendía como un símbolo del catolicismo vinculado a la religión oficial, por lo que el fundamento de los Estatutos fue para cristianizar el poder y consolidar la autoridad.

En este sentido el tribunal entiende que aún al día de hoy podrían darse diferentes interpretaciones al crucifijo, principalmente aquellas religiosas, y que estos podrían en las escuelas públicas constituirse como un signo de una inaceptable preferencia hacia una religión respecto a otras, o de un atentado a la libertad individual y por lo tanto a la laicidad del Estado en una especie de propaganda subliminal, pero sostiene que aunque este punto es respetable, en realidad no es de aplicación en este asunto.

En el mismo sentido consideró que con los crucifijos reafirman la identidad italiana frente a los alumnos extracomunitarios que concurren a las escuelas públicas.

En resumidas cuentas, el tribunal entiende que los símbolos religiosos en general implican un mecanismo de exclusión, incluso cuando los interesados no son conscientes, pero considera que la única excepción a esto es el cristianismo cuando este está bien entendido.

b. Recurso ante el Consejo de Estado Italiano

Contra dicha decisión, la Sra. Lautsi acude al Consejo de Estado Italiano, quien confirmó la legalidad de los crucifijos en las aulas de las escuelas públicas italianas con sustento en los reales decretos y consideró que el crucifijo en las aulas cumple una función simbólica altamente educativa.

c. Recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Decisión de La Sala.

Agotada la vía interna, la demandante decide acudir al órgano jurisdiccional supranacional, en este caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Una Sala conformada por 7 Jueces decidió declarar la admisibilidad de la demanda y concluyó por unanimidad sobre el fondo del asunto, al considerar que la situación era contraria al artículo segundo del Protocolo N.º1, al no respetar el derecho de los padres de asegurar la educación y la enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas el cual fue examinado junto al derecho a la Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión establecido en el artículo 9 del Convenio Europeo.

Así mismo La Sala entiende que la exposición de crucifijos en las aulas, tuvo un impacto sobre los menores, ya que en el contexto de la educación pública es imposible dejar de remarcar en las aulas al crucifijo, el cual se percibe necesariamente como parte integrante del medio escolar y puede ser considerado por lo tanto como un signo exterior fuerte.

El gobierno apela dicha decisión y solicita que el caso tenga una nueva lectura y sea reenviado a la Gran Sala conforme a lo establecido en el Convenio Europeo y en el Reglamento. En razón de dicha instancia se abrió un periodo de prueba para que las partes volvieran a hacer planteos y además decenas de organizaciones, países miembros del Consejo Europeo e interesados presentaron sus propios fundamentos ante el tribunal en una importante audiencia pública que suscitó gran interés.

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Civil y Obligaciones Nro. 229 – 06.07.2020

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Luego de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados el 20 de noviembre de 2019, el día 11 de junio de 2020 la Cámara de Senadores de la Nación aprobó el proyecto de ley que (i) implementa una serie de modificaciones en materia de locaciones al Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante “CCCN”); y (ii) establece una regulación complementaria de las locaciones (en adelante “Ley de Alquileres”). Las disposiciones de la Ley de Alquileres entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y serán aplicables para los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia.

A continuación, reseñamos los aspectos más sobresalientes de la Ley de Alquileres.

I. Modificaciones introducidas al CCCN a partir de la Ley de Alquileres:

  • Implementación del domicilio electrónico. La Ley de Alquileres modificó el artículo 75 del CCCN permitiendo que las partes de un contrato puedan constituir un domicilio electrónico, en el que se tengan por eficaces las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que se allí se dirijan.
  • Depósito de garantía en locación habitacional. Se introdujo una modificación al artículo 1196 de CCCN aplicable a las locaciones habitacionales, estableciéndose que no podrá requerirse al locatario que el depósito de garantía represente un monto mayor al valor del primer mes de alquiler. Asimismo, la actual redacción prevé que el reintegro del depósito debe realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble, al valor del último mes de alquiler. Además, esta nueva modificación establece que, en las locaciones habitacionales, tampoco podrá requerirse del locatario la firma de pagarés o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original.
  • Extensión del plazo mínimo legal. Se amplía el plazo mínimo del contrato de locación establecido en el artículo 1198 del CCCN, de dos (2) a tres (3) años.
  • Se faculta al locatario a realizar reparaciones con cargo al locador. El nuevo artículo 1201 del CCCN faculta al locatario a realizar por sí aquellas reparaciones urgentes que haya reclamado y puesto en conocimiento del locador. Para hacer uso de dicha facultad, deben haber transcurrido veinticuatro (24) horas desde la notificación y el locador debe haber incurrido en silencio o bien haberse negado a efectuar las reparaciones urgentes. En caso de que las reparaciones no fueran urgentes, el plazo mínimo se amplía a diez (10) días corridos.
  • Frustración del uso o goce de la cosa: La Ley de Alquileres atenúa las exigencias del artículo 1203 del CCCN. La redacción originaria exigía una situación de caso fortuito o fuerza mayor que afectara directamente a la cosa, a fin de que el locatario se encontrara facultado para rescindir el contrato, o requerir la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. La Ley de Alquileres atenúa tal exigencia sustituyendo el caso fortuito o fuerza mayor por causas no imputables al locatario. Si no se viese afectada directa o indirectamente la cosa, las obligaciones del locatario continúan como antes.
  • Incorporación del artículo 1204 bis. Se incorpora un artículo 1204 bis al CCCN que establece que los gastos y acreencias a cargo del locador pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario con el importe de los cánones, previa notificación fehaciente.
  • Cargas y contribuciones por la actividad. La Ley de Alquileres modifica el artículo 1209 del CCCN, adicionando que las expensas extraordinarias tampoco están a cargo de los locatarios. En esta línea, se encuentran a cargo del locatario las expensas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición. En otro orden, la redacción originaria del CCCN preveía que el locatario no tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa, excepto pacto en contrario. Sin embargo, la Ley de Alquileres removió de la redacción del presente artículo la posibilidad de pactar en contrario.
  • Resolución anticipada. El artículo 1221 del CCCN, a partir de la presente modificación, dispone que, cuando el locatario rescinda el contrato de locación con tres (3) meses de anticipación no corresponderá el pago de indemnización alguna. Para hacer uso de la presente facultad deben haber transcurrido al menos seis (6) meses del plazo de contrato.
  • Incorporación del artículo 1221 bis. La Ley de Alquileres incorpora el artículo 1221 bis, el cual prevé una nueva causal de rescisión anticipada. En efecto, en los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los tres (3) últimos meses del contrato, cualquiera de las partes puede instar a la otra a negociar la renovación del contrato, en un plazo no mayor de quince (15) días corridos. En caso de silencio del locador, o negativa para acordar las condiciones del nuevo contrato, el locatario puede rescindir el vínculo de manera anticipada sin pagar la indemnización tarifada por ley.
  • Obligación de recibir el inmueble. La Ley de Alquileres incorpora al artículo 1222 del CCCN la obligación por parte del locador de recibir el inmueble, sin perjuicio de las reservas que pudieren corresponder con relación a las obligaciones pendientes a cargo del locatario. De este modo podría llegar a constituirse una excepción al principio de integridad del pago previsto en el artículo 867 del CCCN.
  • Intervención de uno o varios corredores. La Ley de Alquileres modifica al artículo 1351 del CCCN agregando que, para el caso de las locaciones de inmuebles, la intermediación solo podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario.

II. Regulación complementaria de las locaciones

  • Garantía. En las locaciones habitacionales, el locatario debe proponer al locador al menos dos alternativas de garantía entre las siguientes: (i) título de propiedad inmueble; (ii) aval bancario; (iii) seguro de caución; (iv) fianza o (v) garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio). En cuanto a la garantía, el locador no puede requerir garantía que supere el equivalente a cinco (5) veces el valor mensual de la locación, salvo el caso de que la garantía sea de ingresos, en cuyo caso puede elevarse a diez (10) veces.
  • Indexación de los valores. La Ley de Alquileres deja sin efecto la prohibición de aplicar actualizaciones monetarias, de indexar por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, previstas en los artículos 7 y 10 de la ley 23.928. Esta modificación es aplicable a todos los contratos de locación, cualquiera fuera el destino de la cosa locada.
  • Ajuste. En las locaciones con destino habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por periodos mensuales, sobre el cual solo podrán efectuarse ajustes anuales. Los ajustes anuales serán efectuados de acuerdo con un promedio entre el índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).
  • Declaración. A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, los contratos de locación de inmueble deberán ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP) dentro del plazo y las formas que tal organismo disponga. El incumplimiento del locador lo hace pasible de las sanciones establecidas en la ley de Procedimientos Fiscales (Ley 11.683). Asimismo, en los supuestos de ejecución judicial del contrato de locación, el juez competente deberá informar a la AFIP sobre la existencia del contrato, con anterioridad a dar traslado de la demanda.
  • Resolución de conflictos. La nueva normativa fomenta el desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación. Asimismo, se sustituye el artículo 6° de la ley 26.589 por lo que el proceso de mediación prejudicial deja de ser optativo en los procesos de desalojo, siendo obligatorio a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres.
  • Por último, la Ley de Alquileres crea el Programa Nacional de Alquiler Social para la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquiler mediante contratación formal, entre ellas, la especial consideración de las personas en situación de violencia de género, la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles.

 

[1] Abogado, Socio de Nístico & Chacra Abogados. Lidera el Departamento de Derecho Comercial y Societario.

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Civil y Obligaciones Nro. 228 – 03.07.2020

IV. ¿El DNU protege al vulnerable? Evitemos la discriminación por la posición contractual

Pregunto al lector, ¿Es razonable establecer beneficios únicamente en base a la posición contractual?

Me resulta discriminatorio establecer beneficios por la posición contractual debido a que dicho razonamiento se contradice con la Igualdad ante la ley que dispone el art. 16 de nuestra Constitución Nacional.

Observo que en el DNU hay un trato desigual y perjudicial hacia los locadores basado principalmente en el pensamiento erróneo de que el canon locativo constituye un ingreso superfluo. El DNU reconoce la vulnerabilidad del locador pero le impone a este la carga de acreditarlo, presumiendo de esta manera que el ingreso no lo utiliza para su subsistencia.

¿Acaso, en el intento de fundamentar el trato desigual, el decreto interpreta de manera implícita que los contratos de locación son de consumo? Me rehúso a pensarlo de esa manera. El contrato de locación es un contrato paritario en el cual en la mayoría de los casos interviene un corredor inmobiliario que se ocupa, entre otras cosas, de proponer el negocio a las partes.

Por otro lado, la equidad nos invita a fijar reglas objetivas de valoración de las circunstancias, más que nada para poder determinar quién necesita el auxilio del Estado y quién no -lo hace el mismo Estado al fijar requisitos para acceder a cualquier beneficio que provenga de las arcas públicas, por ej. ingreso familiar de emergencia-.

Si bien en la mayoría de los casos el locatario es el más vulnerable, no hay que discriminar por la posición contractual, ya que podríamos hallar a un locador jubilado que destina el ingreso del alquiler a cubrir sus necesidades, ¿qué pasaría si se le priva de la percepción de sus ingresos por seis meses? Ello ciertamente atentaría contra su salud,   ¿Cuánto tiempo le llevaría acreditar su condición y lograr el cobro de los alquileres (teniendo en cuenta la cuarentena y la mediación obligatoria)?

Otro es el caso en que una persona se beneficie del derecho que surge como consecuencia del estado de emergencia y no abone el alquiler sin haber sufrido una disminución en sus ingresos, ¿se podrá aplicar la norma del abuso del derecho establecida en el art. 10 del Código Civil y Comercial de la Nación[1]?

En mi opinión, si, porque la generalización que realiza el DNU para beneficiar a todos los locatarios debe ser aplicada únicamente en casos en que se advierta que  exista una imposibilidad en el pago del canon locativo. Si se aplicara el beneficio omitiendo  considerar la motivación que dió origen al DNU -la dificultad de hacer frente a las obligaciones- se estaría vulnerando la interpretación armónica del DNU, contrariando los fines que tuvo en miras la legislación[2].

V. Legislación comparada en materia de emergencia sanitaria. Normas Anti – abuso.

Al tomar contacto con la normativa de España -a veces para inspirarse sólo hace falta observar la legislación de emergencia de las sociedades que nos anteceden en esta pandemia-. En el Real Decreto Ley 11/20 de España pude destacar que en las normas de emergencia en todos los beneficios económicos hay reglas “anti-abuso” justamente para evitar lo que comenté arriba.

Sintéticamente lo que logré advertir es que quien se haya beneficiado por la moratoria habiendo aducido encontrarse dentro del grupo vulnerable sin serlo, será responsable por los daños, perjuicios y gastos que se hayan producido por activar los mecanismos de emergencia, los que nunca podrán ser inferiores al beneficio indebidamente obtenido por irrogarse una situación que no ostentaba.

VI. Conclusión

Luego de una extensa reflexión puedo concluir que la falta de pago en término de las obligaciones contractuales podrá ser justificada válidamente en el caso que sea consecuencia directa de una afectación a los ingresos. Otra interpretación sería contraria al derecho de igualdad ante la ley que dispone que no se deben establecer privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, evitando así generar hostilidad contra determinados grupos.

Siguiendo el razonamiento desarrollado y ante la ausencia de normas anti abuso, creería acertado que el art. 9 del DNU 320/20 en donde se determinan los contratos alcanzados por los beneficios se haga expresa extensión a los trabajadores de la salud y de la seguridad -que por encontrarse en la primera línea de batalla contra la pandemia no cuentan con el tiempo para efectuar mudanzas, tramitación de prorroga u otra diligencia que su situación contractual exija-. Por el contrario, específicamente excluiría a todos los demás trabajadores que no sufrieron una disminución en sus ingresos o la interrupción de su actividad, los cuales no deberían verse beneficiados a costa del locador. Como no es posible modificar el DNU, seguidamente me limito a realizar una interpretación razonable en la aplicación práctica.

En atención a que el DNU generaliza es necesario realizar una interpretación razonable que atienda a las motivaciones que le dieron origen. Ergo, quien no sufrió un desequilibrio económico no debería utilizar los beneficios del DNU, ya que estaría perjudicando al patrimonio del locador sin una justificación válida más que el ejercicio de un derecho sin atender a la finalidad por la cual dicho derecho tiene su origen.

Es importante extender los esfuerzos y beneficios que pueda brindar el Estado (y los privados en el caso del decreto 320/20) a las personas que más lo necesitan, ya que en tiempos donde la economía golpea a toda la sociedad en su conjunto la solidaridad debe estar encaminada hacia cubrir necesidades básicas de un colectivo vulnerable.

Precisamente, porque el DNU generaliza y no identifica la vulnerabilidad ni prioridad es que reflexiono en base a una interpretación más razonable.

 

[1] Artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación “La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.”

[2] Considerandos del decreto de necesidad y urgencia Nro. 320/2020 “…Que, además, muchos trabajadores y trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios, ven afectados fuertemente sus ingresos por la merma de la actividad económica, lo que origina una reducción en los mismos, con la consecuente dificultad que ello genera para afrontar todas sus obligaciones en forma íntegra y para disponer lo necesario para costear su alimentación, su salud y su vivienda.”

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DOCTRINA COVID-19 Diario Laboral Nro. 253 – 02.07.2020

  1. Introducción

En atención a la extensión sin precedentes de la feria judicial extraordinaria nos convoca el análisis de las facultades que se les conceden a los jueces en estas circunstancias.

Particularmente en el fuero laboral los criterios jurisprudenciales se han mostrado absolutamente contradictorios en un tema que el sentido común indica que no debería generar tal controversia.

En virtud de ello, analizaremos las normas dictadas al respecto de la actuación en de feria judicial extraordinaria con el fin de intentar develar qué tan amplio o acotado es el marco de acción de los magistrados.

  1. Análisis de la normativa vigente en materia de feria judicial ordinaria

Las únicas dos normas en materia procesal que regulan la actuación en feria en lo atinente al proceso laboral resultan ser los artículos 153 CPCCN[1] y 55 LO[2].

El primero de ellos, en lo que aquí interesa refiere:

“A petición de parte o de oficio, los jueces y tribunales deberán habilitar días y horas, cuando … se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. (…)”

El segundo señala:

“Las actuaciones judiciales se deberán practicar en días y horas hábiles. No obstante, los jueces podrán habilitar para ello los inhábiles.”

Ambos se encuentran en plena concordancia con lo dispuesto en el art. 4 del RJN[3] que resulta de aplicación para la totalidad de los magistrados nacionales.

Se trata de normas generales, de aplicación a cualquier actuación en tiempo no hábil o de feria judicial que no imponen ningún límite en cuanto a la actuación de los jueces en la medida que se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios a las partes. (Cfr. Art 153 CPCCN)

Cabe señalar que ni siquiera refiere a perjuicios irreparables.

El artículo 55 LO es mucho más amplio no imponiendo ningún tipo de requisito para habilitar días y horas inhábiles, más allá del criterio del magistrado.

Es evidente que las normas no resultan en lo absoluto limitativas. Ello sin tener en consideración que refieren a períodos de feria fijados convencionalmente, repetidos año a año y mucho más acotados que el actual período de feria judicial extraordinaria.

  1. Análisis de la normativa dictada en materia de feria judicial extraordinaria

En concordancia con el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por el PEN[4], la CSJN dictó la acordada 6/20 que dispuso el comienzo de la feria extraordinaria respecto de todos los tribunales federales y nacionales, situación que fue prorrogada, extendiéndose conforme acordadas 8, 10, 13, 14, 16 y 18 hasta el 28/06/20 inclusive sin perjuicio de las eventuales prórrogas que el PEN pueda disponer y sin poder prever a ciencia cierta cuándo finalizará.

La limitación a los derechos individuales ha tenido una extensión realmente injustificable pero aún de ser justificable, en ningún caso admite un elevado grado de rigidez y particularmente no lo admite en el ejercicio de la judicatura cuyo principal fin es impartir justicia.

A diferencia de lo que ha venido sosteniendo alguna jurisprudencia de la CNAT, el criterio de la CSJN, como máximo tribunal de superintendencia, es el de la más amplia cobertura de temas por parte de los tribunales inferiores.

Desde el dictado de la Acordada 6/20 la CSJN viene proponiendo “Recordar las facultades privativas de los magistrados judiciales para llevar cabo los actos procesales que no admitan demora medidas que de no practicarse pudieren causar un perjuicio irreparable” (art. 3 Ac. 6/20). Criterio sostenido en el dictado del resto de las Acordadas que sobrevinieron.

Posteriormente, la acordada 13/20 CSJN trajo una novedad en cuanto a que cada una de las autoridades podrá ampliar las materias a ser consideradas durante esta feria extraordinaria. (art. 4° Ac. 13/2020 CSJN).

Este criterio fue sustancialmente ampliado mediante la acordada 14/20, en la cual, en su considerando V estableció que el criterio de la CSJN es el de lograr el mayor aumento de la prestación del servicio necesario para la comunidad compatible con la preservación de la salud de las personas que lo prestan y la de aquellos que concurren a recibirlo, afirmación absolutamente contraria a la de “criterio restrictivo” impartida por ciertos Juzgados del fuero.

En el caso particular de esta acordada se produjo un punto de inflexión. La CSJN, en atención a la extensión prolongada de la feria dictó varios protocolos de actuación destacándose en lo que aquí interesa el denominado “PAUTAS PARA LA TRAMITACIÓN DE CAUSAS JUDICIALES DURANTE LA FERIA EXTRAORDINARIA”.

El mismo protocolo en su punto IV, apartado 2 incluye una amplia cantidad de materias a tratar destacándose, en lo que aquí interesa: i) juicios laborales; ii) de regulación por honorarios profesionales en todos los procesos y iii) cautelares.

En el mismo punto se establece que incluso las Cámaras podrán disponer el tratamiento de los recursos presentados o que se presenten.

Finalmente, el apartado 3, del mismo punto IV establece que los jueces naturales podrán dictar sentencias interlocutorias y definitivas y notificarlas y si bien prevé preliminarmente que los plazos quedarán suspendidos una vez notificadas, también faculta en el segundo párrafo de dicho apartado a las partes para solicitar fundadamente la reanudación de los plazos procesales lo que será resuelto por el magistrado interviniente.

Esta previsión fue reiterada recientemente, en el punto 5 de la Acordada 18/20.

La CNAT[5] ha dictado sucesivas resoluciones haciéndose eco de lo dispuesto por la CSJN. En tal sentido destacan las resoluciones 22 y 26 de 2020.

La primera amplió las materias a tratar en feria judicial extraordinaria y las estableció en: a) examen previo de las demandas y dictado de la resolución que corresponda; b) dictado de la providencia de prueba; c) resolución de excepciones previas que no requieran de prueba alguna y de aquellas en las que se encontrara sustanciada ya la prueba; d) dictado y registro de sentencias; e) homologación de acuerdos conciliatorios; f) providencias sobre acuerdos de pago; y g) toda otra actividad interna que los jueces consideren necesario, que pueda realizarse en forma remota.

La misma resolución señaló que las disposiciones que se dicten serían notificadas una vez que finalice la feria extraordinaria y se reanude la actividad normal de los tribunales, salvo las peticiones que sean necesarias para el libramiento de giros por capital y honorarios, respecto de los acuerdos homologados y acuerdos de pago.

Posteriormente y acorde con lo dispuesto en la ya citada acordada 14/20, la CNAT dictó la resolución 26/20 que dispuso que, a partir del 18 de mayo del corriente año y hasta la finalización de la feria extraordinaria, los magistrados de los 80 juzgados de primera instancia y de las 10 salas del Fuero quedarán constituidos como jueces de feria de sus respectivos juzgados y salas.

Respecto a las sentencias definitivas e interlocutorias, señaló que deberá estarse a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el apartado IV, pto. 3°) del Anexo I de la Acordada 14/2020 del 11/5/2020. Es decir, deberán ser dictadas y notificadas a la partes.

  1. Conclusión

El recorrido por la normativa dictada parece no dejar dudas en cuanto a lo amplio de las facultades otorgadas a los jueces para su actuación en feria judicial extraordinaria.

La CSJN ha reiterado en todas y cada una de las acordadas que ha dictado la necesidad de brindar un mayor servicio de justicia.

Por supuesto que no puede obviarse la actual situación excepcional que todos estamos atravesando, pero lo que parece no tener cabida en el análisis de la normativa dictada es que nos encontremos ante un plexo normativo que imponga el criterio restrictivo a la hora de habilitar o no la feria.

Y si alguna duda pueda quedar al respecto, me permitiré finalizar citando lo expuesto reciente por el Presidente de la CSJN al respecto afirmando que:

“Muchos tribunales funcionan ya con absoluta normalidad y otros, con restricciones, pero con amplísimas facultades para tratar no solo temas urgentes y prioritarios, sino temas ordinarios de acuerdo con las particularid

[1] Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

[2] Ley 18.345 de procedimiento laboral.

[3] Reglamento de Justicia de la Nación.

[4] Poder Ejecutivo Nacional.

[5] Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

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