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ACTIVIDAD DESTACADA Diario Administrativo Nro 243 – 25.06.2019

La Facultad de Derecho de la Universidad Austral organiza las XXII Jornadas de Derecho Administrativo. a realizarse los días 24, 25 y 26 de junio en la Sede del Banco Nación de Argentina.

Temáticas a abordar

  • «REALIDADES Y DESAFÍOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. Institutos centrales en clave de bien común, vulnerabilidad e inclusión social.»

Actividad sin costo, requiere de inscripción previa. Cupos limitados.

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario DPI Suplemento Derecho del Cambio Climático Nro 26 – 26.06.2019

[1][2]

Desde hace unos meses se hacen mención a dos nuevos términos a los que habrá que prestarle mayor atención: la crisis climática y la emergencia climática. Esta terminología tuvo su primera referencia en los últimos informes del IPCC, y fueron albergados por organizaciones de la sociedad civil y referente de la materia.

Con respecto al primero de los términos, varios medios de comunicación se han hecho eco de este cambio y empezaron a incluir en sus notas el término “Crisis climática”, debido a que ya es innegable la situación de cambio climático que el mundo afronta y entienden que es la mejor forma de expresar la realidad y gravedad del escenario. La utilización de esta nueva terminología pretende acercar el problema a una sociedad que hasta no hace mucho veía la cuestión del “cambio climático” como algo ajeno y netamente “científico” alejado de cotidianidad.

Si bien aún no existe una definición en conjunto sobre la “emergencia climática”, esta nueva demanda – que nuclea a muchas organizaciones sociales que solicitan acciones inmediatas para combatir el cambio climático –  circunscribe la necesidad de que se tomen medidas concretas para reducir rápidamente a cero neto las emisiones de gases de efecto invernadero, además de la transformación del concepto: es indispensable que dejemos de hablar de cambio climático – una realidad innegable – y empecemos a hablar de crisis y emergencia climática.

Este nuevo fenómeno es impulsado también por un gran número de organizaciones estudiantiles quienes  desde finales de 2018 iniciaron la convocatoria mundial del “Viernes por el futuro” (Fridays for Future) que incluye una serie de manifestaciones y huelgas estudiantiles con el fin de concientizar a los líderes mundiales de que el momento de actuar es ahora.

Entre las medidas que se buscan adoptar para neutralizar las emisiones antes del 2050 están la prohibición de vehículos que utilicen tanto diésel o nafta para el año 2030, fomentar la movilidad urbana a través del transporte público o vehículos de emisiones cero, adoptar medidas para detener la pérdida de biodiversidad y trabajar en la recuperación de ecosistemas, reducir el consumo de carne, promover la reforestación de forma masiva, migrar de forma definitiva hacia una economía circular y promover la creación de puestos de trabajo “verdes”.

Son varios los Estados y organizaciones que ya se han sumado a esta iniciativa. A  nivel país, Irlanda fue el primero -en mayo de este año- en declarar la emergencia climática, y más recientemente Canadá, siguiendo a las casi 400 ciudades en su territorio que ya lo habían realizado.  Por otro lado, en el Parlamento del  Reino Unido se ha aprobado una moción introducida por el Partido Laborista pero no es vinculante. También dentro del Reino Unido, los gobiernos locales de Escocia y Gales han declarado la emergencia, así como las ciudades de Londres, Manchester y Bristol. Tanto Francia, España, Italia Suiza, Bélgica y Alemania tienen también ciudades o regiones que han declarado la emergencia en distintas instancias administrativas. En Oceanía, algunas localidades de Australia y Nueva Zelanda y en Estados Unidos son 17 las ciudades, incluida San Francisco, pionera desde hace décadas en todo lo que respecta a la protección del ambiente.

Merlinsky sostiene que “en Argentina no han sido las reformas impulsadas desde el campo de la política pública las que han puesto la cuestión ambiental en el centro de la escena. Por el contrario, han sido y son los conflictos ambientales  los que han ido generando las condiciones para la construcción de un ámbito público de deliberación sobre la cuestión ambiental”[3]. Estamos a pasos del punto de no retorno y frente a la crisis ambiental más grande que ha sufrido la humanidad, la sociedad civil está expresando y procurando que la visibilización de esta crisis sea lo más extensa y veraz posible. Es tiempo de que la clase política este a la altura de las circunstancias y que  las declaraciones de “emergencia climática” no queden en meras manifestaciones voluntaristas, estas deben venir acompañadas de medidas concretas, compromisos vinculantes y sobre todo, de los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis climática.

 

 

 

 

[1] Doctor en Derecho (UBA). Juez Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

[2] Lic. en Ciencia Política (USAL). Magister en Gestión Sostenible del Ambiente. (Universidad de Salamanca) val.fanti@gmail.com

[3] MERLINSKY, Gabriela (2013) “Política, derechos y justicia ambiental: el conflicto del Riachuelo”. p. 36

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Comercial, Económico y Empresarial Nro. 211 – 26.06.2019

[1]

  1. Introducción.

El acuerdo preventivo extrajudicial es un mecanismo de reestructuración del patrimonio que implica una apertura al contrato o a la autonomía de la voluntad en la solución de las crisis patrimoniales[2].

La actual regulación del instituto se encuentra entre los arts. 69 a 76 de la L.C.  El régimen vigente presenta diversas lagunas que obligan al intérprete a su integración acudiendo a las normas del concurso preventivo o de los contratos o de ambos institutos –según la tesis que sigamos sobre su naturaleza jurídica-[3].

En esta colaboración analizamos si la prescripción concursal del art. 56 de la L.C. es aplicable o no al acuerdo preventivo extrajudicial.

2. Prescripción concursal.

La prescripción concursal es una innovación que trajo consigo la ley 24.522 de 1995 que la incorporó al art. 56 de la L.C., siendo dicho precepto modificado en el año 2006 por la ley 26.086.

Antes de la ley 24.522 existía un vacío legal respecto a este tema, debatiéndose en la doctrina si la conclusión del concurso provocaba o no la extinción de los créditos no insinuados[4].

El art. 56, entre sus párrafos 6º a 8º regula la prescripción concursal señalando que “El pedido de verificación tardía debe deducirse por incidente mientras tramite el concurso o, concluido éste por la acción individual que corresponda, dentro de los dos (2) años de la presentación en concurso. Vencido ese plazo prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores como del concursado, o terceros vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de prescripción sea menor.

Si el título verificatorio fuera una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el del concurso, por tratarse de una de las excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío, si, no obstante haberse excedido el plazo de dos años previsto en el párrafo anterior, aquél se dedujere dentro de los seis (6) meses de haber quedado firme la sentencia.

Vencidos esos plazos prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores como del concursado, o terceros vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de prescripción sea menor”.

Se establece así un plazo de prescripción de dos años contados desde la presentación del concurso preventivo. Sin perjuicio de ello, el precepto fue modificado por la ley 26.086 atendiendo a la situación de los acreedores que se insinúan con un título verificatorio constituido por una sentencia dictada en un juicio no alcanzado por el fuero de atracción del art. 21 de la L.C. En este último caso, el plazo de prescripción es de seis meses, aunque, se computa desde que quede firme la sentencia dictada en el juicio que no se atrajo, es decir, que tramitó fuera de la sede concursal[5].

Respecto a la finalidad de este instituto Javier Lorente sostiene que “es  la de permitir cristalizar el pasivo como consecuencia del paso del tiempo, de modo de favorecer las negociaciones del concursado con sus acreedores, y de permitirle una mayor previsibilidad en el diseño de su solución preventiva de la crisis”[6]. Asimismo, Silvana Mabel García señala que “la incorporación del instituto ayuda a la eficaz aplicación del salvataje. Quien adquiere la empresa necesita previsibilidad, y la aplicación del plazo prescriptivo garantiza al interesado en dicha adquisición, un cuadro de cierta estabilidad, certeza y seguridad en las relaciones jurídicas que adquiere lo que influye en la toma de decisiones al momento de planificar la recuperación, saneamiento y reinserción de la empresa en el mercado”[7]. Por su parte, Claudio Casadío Martínez indica que el fundamento se encuentra “en la finalidad misma del concurso, poniendo fin a la situación de inestabilidad, vedando la posibilidad a los acreedores inactivos de insinuar sus créditos en forma ilimitada en el tiempo”[8].

3. ¿Es aplicable la prescripción concursal en el acuerdo preventivo extrajudicial?

Llegamos aquí al tema central de esta colaboración. Es un tema no contemplado en la regulación del acuerdo preventivo extrajudicial que genera posiciones encontradas. Las controversias giran en torno a la redacción del art. 76 de la L.C. que bajo el acápite de “Efectos de la homologación” remite al art. 56 de la L.C. A partir de aquí se presenta como un tema que “genera muchas dudas”[9].

A continuación expondremos las distintas posturas de la doctrina y expresaremos nuestra posición.

Un sector de la doctrina rechaza la aplicación de la prescripción concursal al ámbito del acuerdo preventivo extrajudicial, sustentándose principalmente esta tesitura en que en este instituto no hay verificación de créditos. Es decir, se vincula la prescripción concursal a la figura de la verificación tardía también reglada en el art. 56 de la L.C[10].

Otro sector de la doctrina entiende que la prescripción concursal es aplicable al acuerdo preventivo extrajudicial, fundándose especialmente en la expresa remisión del art. 76 de la L.C. al art. 56 de la misma ley[11].

  1. Conclusión. Nuestra opinión.

La aplicación de la prescripción concursal del art. 56 de la L.C. al ámbito del acuerdo preventivo extrajudicial es un tema controvertido que seguirá siendo materia de debate en la medida que no se lo resuelva de manera expresa.

Por nuestra parte, entendemos que no se aplica al acuerdo preventivo extrajudicial el plazo bienal de prescripción concursal abreviada. Sostenemos que la prescripción concursal regulada en el art. 56 de la L.C. se encuentra inexorablemente vinculada a la verificación tardía también reglada en dicho precepto. En el acuerdo preventivo extrajudicial no existe un mecanismo de verificación tempestiva y por lo tanto tampoco puede hablarse de una verificación tardía. Por lo tanto, consideramos que no existiendo un mecanismo de verificación tardía de créditos en el acuerdo preventivo extrajudicial, tampoco puede concebirse la existencia de un plazo de prescripción concursal.

Además, no debe dejarse de lado la vinculación que la prescripción concursal tiene con el salvataje del art. 48 de la L.C. La cristalización del pasivo que impone el art. 56 de la L.C. otorga previsibilidad y certeza sobre el pasivo al adquirente de la empresa a través del salvataje. El salvataje opera ante el fracaso del concurso preventivo. No existe instituto similar en el acuerdo preventivo extrajudicial.

 

 

[1] Abogado (UNR). Doctor en Derecho (UNR). Magister en Derecho Privado (UNR). Especialista en Derecho de Daños (UCA). Profesor adjunto de Derecho de la Insolvencia, Facultad de Derecho (UNR). Presidente del Instituto de Derecho Concursal (Colegio de Abogados de Rosario). Secretario Académico de Posgrado (Facultad de Derecho, UNR).

[2] GERBAUDO, Germán E., Introducción al derecho concursal, Buenos Aires, Astrea, 2018, p. 46 a 51.

[3] Nos ocupamos anteriormente de las diferentes tesis sobre su naturaleza jurídica, véase: GERBAUDO, Germán E., El acuerdo preventivo extrajudicial del derecho argentino. Efectos de su homologación judicial, en “Revista de Derecho”, Barranquilla, Universidad del Norte; Nº 40, 2013, p. 136.

[4] Por la extinción: MARTORELL, Ernesto E., Breves estudios sobre concursos y quiebras: El crédito no verificado, ¿se extingue o no se extingue?, en L.L. 1993-D, p. 733.

En cambio, otros sostenían que no se extinguían con la finalización del concurso sino que podían reclamarse hasta la prescripción de los mismos según la ley que regía a cada crédito: TONÓN, Antonio, El derecho del acreedor una vez finalizada la quiebra, en E.D. 92, p. 922; TONÓN, Antonio, La situación del acreedor una vez cumplido el acuerdo concursal, en E.D. 94, p. 919; TONÓN, Antonio, La falta de verificación en un concurso que terminó con cumplimiento de acuerdo especial, en E.D. 95, p. 873; LATTANZIO, Raúl Horacio, Situación del acreedor no presentado en el concurso ante la finalización de éste, en L.L. 1981-B, p. 918; MAFFÍA, Osvaldo J., Cumplimiento del concordato y supervivencia de los créditos no insinuados, en E.D. 132, p. 355; RIBICHINI, Guillermo E., Acerca de los efectos del concurso preventivo ya finalizado sobre la situación del acreedor no concurrente, en L.L. 1990-C, p. 1046; RIBICHINI, Guillermo E., Nuevamente sobre la “caducidad concursal, en L.L. 1994-D, p. 197.

[5] Carlos Moro señala que con la ley 26.086 se ha establecido a favor de los acreedores que continuaron tramitando los juicios antes juzgados diferentes del concursal una dispensa de la prescripción no cumplida. Así señala el autor que “en realidad, no estamos frente a una verdadera causal de suspensión de la prescripción, ya que tal como ocurre en la hipótesis análoga del art. 3980 del Cód. Civil, sólo se autoriza al juez a relevar al acreedor de las consecuencias de una prescripción cumplida mientras se tramita el juicio ante el juzgado de origen, siempre que dentro de los seis meses de haberse cumplido el supuesto de excepción (sentencia firme) haga valer sus derechos” (MORO, Carlos E., Ley 26.086. Concursos y quiebras. Modificación de la ley 24.522, Buenos Aires, Ad Hoc, 2006, p. 78).

[6] LORENTE, Javier Armando, Ley de Concursos y quiebras, Buenos Aires, Gowa, 2000, p. 600.

[7] GARCÍA, Silvana M., La prescripción abreviada concursal (art. 56 LCQ), en “Revista del Colegio de Abogados de Rosario”, Diciembre de 2003, p. 177.

[8] CASADÍO MARTÍNEZ, Claudio, Prescripción concursal, juicios iniciados y anoticiamiento del concurso, en L.L. 2017-F, p. 351.

[9] PRONO, Ricardo S., El nuevo acuerdo preventivo extrajudicial, en L.L. 2003-F, p. 1238.

[10] JUNYENT BAS, Francisco, Nuevamente sobre la naturaleza del APE, en L.L. 2012-D, p. 289; JUNYENT BAS, Francisco y MOLINA SANDOVAL, Carlos A., Reformas concursales. Leyes 25.561, 25.563 y 25.589, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2002, ps. 196 a 198; JUNYENT BAS, Francisco y MOLINA SANDOVAL, Carlos A., Ley de concursos y quiebras. Comentada, Buenos Aires, Lexis Nexis Depalma, t. I, 2003, ps. 420  a 422; HEREDIA, Pablo D., El acuerdo preventivo extrajudicial, según las reformas introducidas por la ley 25.589, en J.A. 2002-III, p. 1186; HEQUERA, Elena, Acuerdo preventivo extrajudicial (¿El tercer y último round?, en “Conflictos actuales en sociedades y concursos, Buenos Aires, Ad Hoc, 2002, p. 347; MOLINA SANDOVAL, Carlos A., Acuerdo preventivo extrajudicial. Alternativas para la superación de las crisis empresarias, Buenos Aires, Abaco, 2003, ps. 401 a 403; VÍTOLO, Daniel R., ¿Hacia un nuevo acuerdo preventivo extrajudicial contrareformado?, en E.D. 200, p. 813; VÍTOLO, Daniel R., El nuevo régimen concursal, Buenos Aires, Ad Hoc, 2003, p. 200; JUNYENT BAS, Francisco y BORETTO, Mauricio, Acuerdo preventivo extrajudicial, Buenos Aires, Astrea, 2005, p. 241.

[11] GARCÍA, Silvana M., La prescripción concursal y el acuerdo preventivo extrajudicial, en libro de ponencias de las jornadas nacionales de actualización y debate en derecho concursal, Rosario, 17 y 18 de octubre de 2002, p. 77; GARAGUSO, Horacio P., MORIONDO, Pablo y GARAGUSO, Guillermo H., El acuerdo preventivo extrajudicial, es preventivo pero no extrajudicial, ponencia presentada al Encuentro de Institutos de Derecho Comercial, Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Necochea, 27 y 28 de noviembre de 2003, TRUFFAT, E. Daniel, El nuevo acuerdo preventivo extrajudicial. Ley 25.589, Buenos Aires, Ad Hoc, 2002, p. 72; MARTORELL, Ernesto E., Tratado de concursos y quiebras, Reformas a la ley de concursos, Buenos Aires, Lexis Nexis, t. II-C, 2003, p. 93; GRISPO, Jorge D., Concursos y quiebras, Ad Hoc, 2003, p. 525; ROVIRA, Alfredo L., Empresa en crisis, Buenos Aires, Astrea, 2005, p. 144; GEBHARDT, Marcelo, Ley de concursos y quiebras, Buenos Aires, Astrea, t. I, 2008, p. 288.

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Administrativo Nro 243 – 25.06.2019

A modo de introducción

La presente contribución nace de mi interés inicial por el derecho administrativo, y en particular por el hábitat o toda esfera –en particular pública- del proceso urbano, que puede identificarse en lo que algunas experiencias han llamado el derecho a la ciudad[1]. Este novel derecho, que incluye a varios más (el acceso a la vivienda digna, al medio ambiente sano, acceso al a información pública, acceso a los servicios públicos, a la infraestructura y equipamiento urbano), puede entenderse según algunas corrientes como un derecho colectivo, y deben profundizarse en su cumplimiento para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

Cuestionarse esta temática implica dotar al territorio y el espacio urbano como una nueva dimensión en nuestra cultura de los derechos humanos, los cuales sabemos en definitiva terminan concretizando a través de políticas públicas[2].

Para alcanzar ese fin, resulta imprescindible la participación activa de la ciudadanía, base elemental de todo Estado republicano y democrático. Sin embargo, sabemos que ese anhelo no suele hacerse efectivo en la cotidianeidad. De  ahí surge el interrogante de cómo hacer para que dicha participación se concrete; en lo inmediato se liga a esta premisa la necesidad de contar con acceso a la información pública, y en consecuencia debemos volver a preguntarnos  cómo debe fomentarse y ejercitarse el mentado  derecho, el cual nos proporcionará el material imprescindible para el debate público. En miras de este binomio, suelen pensarse métodos o técnicas para favorecer o estimular estos derechos.

Quizá hace unos años atrás, mecanismos como la audiencia pública resultaban muy prometedores; ello se plasmó en el gran tratamiento que tuvo dicho mecanismo por parte variados doctrinarios[3]. Sin embargo, ni ella, ni el  referéndum, ni el plebiscito popular previsto en nuestra Constitución Nacional, han logrado una efectiva y real participación. En virtud de ello, surgió el novísimo instrumento del presupuesto participativo generando grandes expectativas. Si esa herramienta se canaliza adecuadamente, podría lograrse un rol educador en la ciudadanía respecto a la participación activa, permitiendo -a su vez- dinamizar a través de él otros derechos fundamentales. Podríamos decir que el presupuesto participativo se encamina a constituirse en un  instrumento articulador entre el Estado y la sociedad,  un acercamiento de los gobiernos a la gente, con la finalidad de adoptar decisiones en forma conjunta, para que los afectados por las políticas estatales puedan participar, acompañando, proponiendo, controlando las decisiones gubernamentales. Es allí donde se pone en práctica la gestión democrática de la ciudad, como mecanismo de democracia directa en el ámbito local

Sin información no hay participación

El acceso a la información y la participación ciudadana son dos caras de una misma moneda. Para poder participar en la cosa pública es necesario contar previamente con información adecuada y veraz. De otro modo sería casi inverosímil poder participar adecuadamente. Esta dupla acceso a la información-participación fomenta la transparencia de la gestión pública como así también el control social de dicha actividad. A estas alturas es indudable que constituye un elemento esencial del Estado Social y Democrático de Derecho.

Estamos convencidos que la participación ciudadana[4] es el mejor medio de transformación, mediante el cual se podría cubrir el vacío de legitimidad en la actividad pública, pues ella es una fuente legitimadora democrática en el interior del propio aparato del Estado, que garantizaría la adopción de las decisiones, se tomen en cuenta a todos los sujetos interesados o, al menos, sea valorado el conjunto de los intereses implicados.

Por eso, no hay dudas de lo beneficioso que resulta una participación social activa, pues la valoramos en su capacidad de romper con la inercia de la exclusión y segregación de la mayoría de la población y, sobre todo, de los sectores populares, en la toma de decisiones de las políticas públicas que afectan su vida y posibilidades de desarrollo, y en la necesidad de un reapropiamiento de la esfera pública que promueva, y dinamice las relaciones entre el Estado y la sociedad. Una participación mayor, con calidad y diversidad, llevará a la consolidación de democracias sólidas en todos los niveles del Estado.

La participación puede entenderse en diversos grados: 1) como derecho de acceso a la información; 2) participación como consulta; 3) participación como codecisión 4) participación como cogestión[5].

Son estas dos últimas formas, las más innovadoras y más eficaces en relación al vínculo Estado sociedad. Por ello pregonamos por una democracia participativa[6], necesaria en estos tiempos de crisis y deslegitimación que sufre nuestro sistema de representación política. Hoy en día la participación ciudadana debe ser más activa, crítica y conciente, es decir que buscamos una participación que articule políticas generando innovación institucional y procesos de legitimación a través de consensos.

No somos ingenuos y, sabemos que la complejidad de las sociedades contemporáneas, hacen inevitable algún grado de representación política y delegación. No obstante es innegable que en el espacio local-municipal-, es más factible plantear una articulación entre las formas de la democracia representativa y participativa.

La Gestión Democrática de la Ciudad

En esta instancia, nos parece apropiado destacar la Gestión Democrática de la Ciudad como un novedoso sistema de democratización de las relaciones existentes entre el Estado y la sociedad, el cual supone la puesta en juego de una serie de instrumentos y mecanismos que de forma sistémica propicien y activen la participación, la planificación y el control de la ciudadanía sobre las instancias de gestión pública, al tiempo que se promueve la mayor eficiencia de estas últimas.

Es decir que la gestión democrática de la ciudad[7] puede ser entendida como control y participación de la sociedad, a través de formas directas y representativas, en el planeamiento y gobierno de las ciudades, priorizando el fortalecimiento y autonomía de las Administraciones Públicas locales y de las organizaciones populares.

En definitiva, se pretende el reconocimiento de los procesos y mecanismos jurídico-políticos adecuados que garanticen la participación efectiva de los ciudadanos y de las asociaciones representativas de intereses, en el proceso de formulación e implementación de la planificación urbana y de las políticas públicas: para una promoción democrática de las ciudades.

En este orden de ideas, vemos que el mayor desafío para los gobiernos locales, está dado en poder superar el rol tradicional que se le tiene asignado- prestador de servicios básicos- y poder asumir de manera creciente el papel de actor y promotor de una ciudad más justa y participativa.

Concordamos con Zárate[8] cuando propone “que (se) debe generar mecanismos institucionales que posibiliten la real incorporación y la participación de los diferentes actores sociales, perfeccionando así su accionar democrático. El elemento primordial es la articulación, pues ni el sector público, ni el sector privado, ni los líderes sociales por separados tienen la fuerza, las competencias y las herramientas necesarias para llevar a cabo sostenidamente un proceso de desarrollo local”.

Entonces, la decisión político crucial, es incorporar procesos participativos en la toma de decisiones para propender construir consensos o, al menos, lograr un significativo apoyo social. Fundamentalmente se requiere la presencia activa del conjunto de la comunidad en la identificación de los problemas y soluciones, como así, en las etapas de ejecución, administración y control de gestión de las acciones del ámbito publico.

Es por todo ello, que decimos que se debe democratizar en forma efectiva la acción política, integrando a los ciudadanos a un nuevo espacio público. Esto es  posible, en la medida en que la participación popular, destinatarios de las políticas públicas, sean real y efectiva.

[1] Para más desarrollo véase la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad: http://www.hic-gs.org/content/cartaderechociudad.pdf (Consultado enero 2019)

[2] Pueden ser definidas tal como lo hace la Ley N° 27.453 Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, en su artículo 1° “Un conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en el accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial”.

[3] Por citar solo algunos trabajos: Gordillo, Agustín (2002), Licitación, audiencia pública, referendo, participación popular y prestación de servicios públicos, La Ley/A/954; Navas, Sebastián, (2012) La exigencia previa de la celebración de la audiencia pública en materia de aumentos de tarifas de servicios públicos ¿constituye una garantía constitucional?, La Ley/Ar/Doc/6019; Fonrouge, Máximo, (1998) Las audiencias públicas, Revista de Derecho Administrativo n° 24, Lexis Nexis.

[4] Compartimos la definición de participación ciudadana en la Gestión Pública según la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que en su artículo 2 reza “(…) se entiende por participación ciudadana en la gestión pública el proceso de construcción social de las política públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos sociales  culturales y civiles de las personas, y de las organizaciones o grupos que se integran, así como de las comunidades y pueblos indígenas”, recuperando en: http://observatorioserviciospublicos.gob.do/baselegal/carta_iberoamericana_de_participaci%C3%B3n_ciudadana.pdf, consultado en enero de 2019.

[5] Conforme la clasificación hecha por Medici, Alejandro, “El derecho a la ciudad. Poder local, participación y democracia”, en Medici, Alejandro (2011), El Malestar en la Cultura Jurídica, La Plata, Edulp.

[6]Como indica Medici, op. cit, “la participación ciudadana tiene como objeto la democratización del espacio público y no se limita al ámbito de las instituciones políticas sino que se extiende asimismo al campo de la sociedad civil; se orienta a fortalecer las capacidades autoorganizativas de la sociedad, y es un medio de socialización de la política y de generación de nuevos espacios y mecanismos de articulación entre estado y sociedad. Fundamentalmente pretende tener en cuenta la opinión e, incluso, la codecisión de los afectados por las decisiones”.

[7] Normativamente este instituto lo encontramos en la provincia de Buenos Aires, con la Ley N° 14.449 de “Justo Acceso al Hábitat”, en su artículo 10 inc. c) como principio rector de dicha legislación, y la Sección VII “gestión democrática y participación” (artículos 57 y 58).

[8] Zárate, Zenón Jorge (2004), “Las nuevas formas de participación ciudadana y los cambios necesarios para eficientizar la gestión municipal”. Recuperado en: http://eco.unne.edu.ar/administracion/jornadas/area1/trab06.pdf, Consultado enero 2019.

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