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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario DPI Suplemento Derecho del Cambio Climático Nro 32 – 28.09.2020

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Los efectos del cambio climático, que impactan en forma creciente, han ampliado en forma considerable la conciencia social sobre la necesidad de redoblar esfuerzos en materia de mitigación, a través de la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), y de adaptación, mediante el aumento de la resiliencia de las comunidades y las actividades que sus miembros desarrollan.

La magnitud del desafío es enorme, ya que se trata nada menos que de reconfigurar el perfil del orden económico instaurado desde la Revolución Industrial, hacia un modelo sostenible, al mismo tiempo que se preservan las mayores conquistas de nuestra civilización, como la democracia liberal, el estado de derecho, la economía de mercado y un orden mundial basado en reglas.

Esta transición requiere de grandes cantidades de recursos, para lo cual la transparencia y eficiencia de los mecanismos transaccionales es esencial. Hasta el momento, la movilización de fondos es insuficiente y lenta. El proceso de las Naciones Unidas, con la complejidad de los necesarios acuerdos entre estados y la estructura administrativa asociada, no resulta lo suficientemente flexible para mantener el paso con la crisis climática. Lo mismo ocurre con las regulaciones de los gobiernos nacionales y locales.

La tecnología de Blockchain es sumamente promisoria para acelerar y facilitar este proceso, mediante la descentralización de actividades y la accesibilidad a múltiples soluciones por parte de los particulares. Ello hace posible promover emprendimientos a través de la reducción de costos de transacción de múltiples maneras, debido a características como transparencia, confiabilidad de los datos, medios simples de asegurar el cumplimiento, trazabilidad y descentralización.

Existen muchas posibles aplicaciones de Blockchain en materia de cambio climático, algunas de las cuales citamos a continuación.

  1. Flujos financieros: mediante Blockchain se puede garantizar transparencia en la asignación de fondos a proyectos sostenibles, utilizando el crowdfunding y la facilitación de transferencias financieras sin intermediarios.[2]
  2. Transacciones de energías renovables: los particulares podrían negociar energía limpia entre ellos, mediante el uso de tokens en plataformas fácilmente accesibles.[3]
  3. Comercio de emisiones: las transacciones de certificados de reducción de emisiones de GEI pueden mejorarse considerablemente a través de plataformas digitales que aseguren la transparencia y la veracidad de las operaciones.[4]
  4. Registro de reducciones de GEI: la publicidad y auditabilidad de las emisiones de GEI y sus reducciones, a través de medios digitales, permite evitar la doble contabilidad y monitorear el desempeño de países y empresas en relación con las NDCs del Acuerdo de París.[5]
  5. Riesgos financieros asociados con el cambio climático: el impacto del cambio climático y de las políticas de mitigación de emisiones de GEI puede desestabilizar seriamente al sistema económico global, en especial en su aspecto financiero. El Grupo de Trabajo en Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures-TCFD), presidido por Michael Bloomberg, viene recomendando ampliar y profundizar la información relativa a riesgos climáticos en activos e inversiones. Blockchain presenta un enorme potencial para ello, aunque ciertas limitaciones aún persisten.[6]
  6. Economía circular y cadenas de aprovisionamiento: mediante la trazabilidad y la transparencia, Blockchain puede impulsar incentivos en las cadenas de consumo, posibilitando mejores resultados para proveedores que adhieran a prácticas sostenibles.[7]
  7. Logística: El acceso a datos confiables mediante el uso de Blockchain, la Internet de las cosas y el Big Data, presenta grandes posibilidades para el desarrollo de una “logística verde” y la reducción de las considerables emisiones de GEI de este sector.[8]

Asimismo, es importante tener en cuenta que esta tecnología es comparativamente de mayor importancia para una región como América Latina, cuyos países tienden a exhibir sistemas institucionales débiles, trámites engorrosos y baja transparencia. La utilización de herramientas como Blockchain permitiría reducir parcialmente estos déficits, incrementando la confiabilidad y la seguridad jurídica de las operaciones, favoreciendo así la captación de inversiones de perfil sostenible, las que resultan sumamente necesarias, aunque probablemente no suficientes.[9]

La recuperación de la economía mundial tras la pandemia del COVID parece orientarse hacia acciones “verdes”. La Unión Europea en particular, ha señalado que su paquete de fondos por 750.000 deberá aplicarse prioritariamente a proyectos sostenibles.[10] Otros gobiernos y organismos están emitiendo señales en el mismo sentido.[11]

La utilización generalizada de Blockchain puede servir para potenciar estos estímulos y multiplicar su efecto, liberando una dinámica virtuosa que impulse la reorientación del orden económico hacia un perfil más consistente con la preservación del ambiente, piedra fundamental e insustituible del orden de la civilización humana.

 

[1]Abogado, inscripto en Buenos Aires y New York. Magister en Derecho y Economía de la George Mason University. Profesor y Director del Programa de Derecho y Políticas del Cambio Climático en la Universidad de Buenos Aires. Especialista en sostenibilidad y resolución de conflictos. E-mail: clutzky@derecho.uba.ar. Twitter: @ClaudioLutzky.

[2]Ver, por ejempo, https://www.the-blockchain.com/2020/09/24/corcocoin-launches-crypto-based-rewards-for-growing-trees-to-offset-carbon-emissions-and-help-prevent-climate-change/.

[3] Existen, sin embargo, ciertas limitaciones. Por ejemplo, el Atlantic Council estimó que el uso de Blockchain en esta materia no resulta por ahora económico, debido a una serie de costos asociados con escalabilidad, eficiencia, certeza, reversibilidad, privacidad y gobernanza. Algunos de esos obstáculos parecen más fáciles de remover que otros. Ver https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/assessing-blockchains-future-in-transactive-energy/.

[4]Ver https://techcrunch.com/2020/09/24/nori-is-pitching-carbon-trading-on-the-blockchain/.

[5] Ver https://nori.com/white-paper.

[6]Ver https://www.greenbiz.com/article/report-report-blockchain-forests-sustainability-goals-and-more.

[7]Ver https://www.accenture.com/us-en/blogs/technology-innovation/david-treat-circular-supply-chain.

[8]Ver https://ideas.repec.org/a/gam/jsusta/v12y2020i11p4656-d368325.html.

[9] Ver https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/en/green-wont-be-enough-for-latin-americas-recovery/.

[10]Ver https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200429STO78172/covid-19-el-plan-de-recuperacion-de-la-ue-deberia-dar-prioridad-al-clima.

[11] Ver https://news.un.org/es/story/2020/09/1479982.

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DOCTRINA COVID-19 Diario Civil y Obligaciones Nro. 239 – 24.09.2020

Sin lugar a dudas, la grave crisis económica causada por la pandemia del COVID-19 provocará en muchos contratos la alteración extraordinaria de las circunstancias vigentes al momento de su celebración. En estos casos, no es inusual que una o ambas partes deseen finalizar el vínculo contractual que las une. Frente a esta probable voluntad rescisoria, la parte que procura el cumplimiento del contrato podrá flexibilizar sus pretensiones y proponer la readecuación. Es en este contexto que cobra relevancia el principio del esfuerzo compartido. Como se propone a continuación, aun en caso que las negociaciones tendientes a preservar la continuidad del contrato no sean fructíferas, creemos que llevarlas a cabo podría brindar protección a las partes en caso de disputas posteriores.

El principio del esfuerzo compartido se basa en la equidad y se entiende que, en circunstancias como las actuales, las partes no pueden pretender la recomposición absoluta del equilibrio inicial, sino sólo readecuarlo según el nuevo contexto imperante, por lo que ambas partes deben aportar su cuota de sacrificio[1]. En este sentido, se busca compartir el esfuerzo, dividir el sacrificio y repartir la pérdida generada por el infortunio en común.

En nuestro país, el principio del esfuerzo compartido fue desarrollado específicamente para resolver los conflictos de pesificación asimétrica[2]. La legislación de emergencia de los años 2001/2002 se fundó en este principio, y le confirió a la parte perjudicada acción para revisar el contrato y reajustarlo, pero no para resolverlo[3]. Si uno de los contratantes deseaba desligarse del acuerdo, podía recurrir a la legislación común. El Estado consideró que, pese a la gravedad de la situación económica, era posible preservar las relaciones contractuales a través de la “revisión equitativa” sin necesidad de resolución contractual, con la excepción de aquellos casos donde el incumplimiento no guardaba relación con la legislación de emergencia.

Actualmente, el grado de complejidad es mayor. Mientras que en los años 2001/2002 el principio de esfuerzo compartido se encontraba circunscripto a readecuar contratos en moneda extranjera que fueron pesificados, hoy existen un sinfín de factores que pueden alterar el equilibrio contractual. Por ejemplo, proveedores de bienes pueden enfrentar reclamos por la desaceleración o el freno de la cadena de distribución ante el cierre de fábricas o demoras en el transporte. Este tipo de situaciones exceden lo meramente económico.

Si bien la aplicación del principio de esfuerzo compartido puede utilizarse como una herramienta para preservar la relación contractual[4], en el contexto actual de extremada inestabilidad e incertidumbre, es previsible que una o ambas partes opten por rescindir, en vez de revisar, la relación que los une. Probablemente exista entonces un incremento en el número de conflictos, dado que las partes no podrán, o no estarán dispuestas a, cumplir con los contratos existentes.

Sin embargo, consideramos que las partes deberían por lo menos explorar la posibilidad de revisar el contrato en base al principio del esfuerzo compartido, ya que, aun en caso de fracasar, podría brindar protección ante disputas posteriores. De ocurrir que una de las partes se niegue a efectuar una revisión del contrato en el sentido propuesto, ello podría otorgar a la contraparte argumentos para sostener que la resolución operó debido a la falta de buena fe de la parte que alegó la fuerza mayor, por ejemplo, pudiendo haber existido alternativas para preservar la continuidad de la relación.

En la crisis actual, no descartamos que el principio de esfuerzo compartido –y el concepto de equidad que lo subyace– pase a ser moneda corriente en las discusiones entre partes contratantes. Aun en caso que no sea posible preservar la relación contractual, transitar negociaciones tendientes a concretar una revisión equitativa del negocio podrán proteger a las partes en posibles disputas. Por ello, consideramos que proponer la revisión del contrato en base al principio de esfuerzo compartido es un camino que las partes deben transitar.

[1] Ver, en este sentido, MIQUEL, Juan L., et. al. “El principio del esfuerzo compartido como sustento de la pretensión autónoma de revisión de los contratos en moneda extranjera “pesificados” celebrados entre particulares”, 2005, disponible en: http://www.saij.gob.ar/doctrina/dasc050028-miquel-principio_esfuerzo_compartido_como.htm

[2] Ibid.

[3] Ver, en particular, el art. 11 de la Ley 25.561, que estableció la paridad del peso con el dólar estadounidense y tras ello dispuso que “si por aplicación de los coeficientes correspondientes, el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio […]. De no mediar acuerdo a este respecto, la justicia decidirá sobre el particular. Los jueces llamados a entender en los conflictos que pudieran suscitarse por tales motivos, deberán arbitrar medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes. De no mediar acuerdo entre las partes, las mismas quedan facultadas para seguir los procedimientos de mediación vigentes en las respectivas jurisdicciones y ocurrir ante los tribunales competentes para dirimir sus diferencias. En este caso, la parte deudora no podrá suspender los pagos a cuenta ni la acreedora negarse a recibirlos. El Poder Ejecutivo Nacional queda facultado a dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas, sustentadas en la doctrina del art. 1198 del Cód. Civil y el principio del esfuerzo compartido. […]”.

[4] FURMAN, Adrian, y ZAPPA, Francisco, “El ejercicio del esfuerzo compartido como deber de buena fe contractual en tiempos de Covid-19”, 29.04.2020, disponible en: https://abogados.com.ar/el-ejercicio-del-esfuerzo-compartido-como-deber-de-buena-fe-contractual-en-tiempos-de-covid-19/25775?#_ftn6

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