El autor abre el debate dogmático sobre si se puede sostener que el legislador argentino quiso postular en el Art. 17 de la LNPA que los actos nulos generan derechos subjetivos de los ciudadanos.

El autor hace un análisis de la figura de las comunas, aplicado al supuesto de la Ciudad de Buenos Aires, con un análisis histórico. Concluye que esta forma de organización política es una herramienta que busca la participación ciudadana y no la mera burocratización.

El autor sostiene que la actual redacción del art. 128 del Código Penal – por la que se reprime la producción, el financiamiento, el ofrecimiento, la comercialización, la publicación, la facilitación, la divulgación o la distribución, por cualquier medio, de material pornográfico infantil – no es suficiente para satisfacer los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino con relación a la tutela de los niños, niñas y adolescentes. Y, por ello, propone una serie de modificaciones al tipo penal en pos de optimizar la protección de los menores de edad.

La autora analiza el impacto que tiene la utilización de las fuentes renovables de energía, haciendo especial referencia al provecho que puede obtenerse de la energía solar. Concluye que se han estado tomando medidas para favorecer las fuentes renovables de energía, situación que permite acercarnos al principio de sustentabilidad contenido en la Constitución.

El autor concluye que por la forma en que las Comunas de la Provincia de Santa Fe son gobernadas no cuentan con un órgano legislativo diferenciado de otro ejecutivo que asegure la división de poderes necesario para garantizar el principio de reserva de ley, en razón de lo cual no pueden cobrar ningún tipo de tributo.

El autor concluye que la irresponsabilidad estatal en sede provincial no será una realidad, al menos desde el punto de vista técnico, en tanto  se reconozca que el Art. 76 de la Constitución local, deviene aplicable directamente, en los aspectos centrales que deben valorarse al momento de juzgar un hecho que ha causado un daño a un particular.

El autor propone una nueva mirada respecto de los pasivos ambientales, sosteniendo que éstos son al mismo tiempo causa y efecto. Concluye que, si se tomaran como un punto de partida en vez de como una meta final, las obligaciones de quien lo causó se profundizan, y ello es concordante con lo dispuesto en la CN y con la política ambiental nacional.

El autor evalúa las implicancias tributarias de las políticas estatales de controles de precios desde el punto de vista de las competencias tributarias diagramada por nuestra Constitución Nacional y en especial por la Ley de Coparticipación Federal (Ley Nº 23.548).

El autor analiza los fundamentos constitucionales del derecho aconstitucional local en la materia; así como el supuesto de la responsabilidad conjunta del Estado y del funcionario.

Desmenuzando el concepto de “estado de cosas inconstitucional”, el autor ilustra la aplicación de dicha doctrina con casos jurisprudenciales en nuestro país. Concluye que la nota distintiva de estos procesos es la obligatoria mirada sistémica, dada la magnitud que ostentan.