El autor analiza la quiebra “refleja”, según la cual la falencia de la sociedad importa la de los socios implicando responsabilidad ilimitada, a la luz de las modificaciones originadas por la aparición de las nuevas sociedades simples, subsanables y residuales. Concluye que estamos frente a un cambio de paradigma, con un nuevo régimen de responsabilidad, y que la ilimitación de la responsabilidad es consecuencia del vínculo jurídico elegido.

En esta segunda parte, el autor desarrolla la interrupción del plazo de caducidad cuando la cosa objeto del derecho entra a un taller de reparaciones y plantea el interrogante de qué ocurre si se colocan repuestos a la misma. Concluye que el nuevo Código Civil y Comercial impide que estos plazos funcionen como abuso del derecho, que la LDC genera un plazo de caducidad propio y que las nuevas piezas tienen garantía propia.

El autor analiza la cuestión de la prejudicialidad en el fuero civil, y explica cómo se encontraba regulada la misma en el Código Civil derogado. En esta primera parte, luego de realizar un breve desarrollo respecto de la culpabilidad y la cosa juzgada, introduce la normativa en el nuevo Código Civil y Comercial.

En esta última parte, el autor analiza cómo está regulada la situación en la cual los alimentos no han sido pagados y en los que el alimentante ha sido privado de la responsabilidad parental. A partir de esto, concluye que el Código Civil y Comercial se encuentra más acorde a la realidad actual de las familias del país e implica un avance respecto de los alimentos debidos a los hijos.

La autora repasa brevemente la historia del derecho a sindicalizarse, a la luz del desarrollo constitucional y jurisprudencial. Luego de marcar contradicciones dentro del fallo del máximo tribunal, concluye que el artículo 14 bis debe interpretarse como un derecho general a la sindicalización, que puede restringirse en algunos casos (y no que el personal policial queda directamente excluido de dicho derecho).

El autor repara sobre la nueva regulación de la cesión de derechos (ex cesión de créditos) advirtiendo que la redacción terminó con la discusión doctrinaria sobre la procedencia oposición de la cesión antes o después de la notificación. Concluye que la nueva redacción aventajó al Código de Vélez por ser más clara y precisa.

El autor analiza el instituto de la caducidad, aplicado al derecho consumeril, según la reforma al régimen propiciada por el CCyC. Advierte que ha sido estructurado de forma de evitar que sea utilizado para perjudicar a los consumidores y usuarios concluyendo que el camino elegido es que en caso de duda se debe anular la sanción de caducidad.

El autor advierte que los únicos daños punitivos en el ordenamiento argentino se encuentran consagrados en el derecho consumeril y, observando la experiencia norteamericana, destaca la diferente aplicación que tendrán. Concluye que los daños punitivos son una sanción penal (por su función sancionatoria y no resarcitoria) de carácter multifacético poco desarrollada en nuestro país, teniendo la doctrina el importante rol de realizar sus aportes al respecto para que sirva de apoyo a los futuros fallos de los tribunales.

El autor repasa el régimen de alimentos a cargo del progenitor afín y se detiene a analizar el caso particular del hijo no conviviente que se encuentra en país extranjero. Concluye que en este último caso la vaguedad de la norma del CCyC hará que sea impracticable la obligación alimentaria.

El autor toma el concepto de “mobbing”, lo contrasta con el régimen laboral y vuelca las distintas opiniones doctrinarias sobre su significado. Concluye que no se trata de una enfermedad laboral, por lo tanto, no corresponde a las ART su cobertura, sino que el resarcimiento debe regirse por la normativa del CCyC. Agrega que la mejor opción para erradicar las consecuencias dañosas sobre los trabajadores es prevenirlo.