Derecho Para Innovar
Perú y crisis de gobernabilidad – Corrupción política, brechas legislativas y tecnológicas conspiran contra el Estado de Derecho y el desarrollo nacional (Parte IV)
Por Enrique Peramás Díaz*BRECHAS INFORMÁTICAS
En un contexto de incipientes políticas públicas que afectan la pertinencia, relevancia y calidad de administración gubernamental que impide acercar el ejercicio del poder del Estado a los ciudadanos para prestar mejores servicios públicos y sociales que garanticen la práctica sostenible de una cultura de respeto y protección de los derechos ciudadanos que, sin duda, se explican por la postergación de las reformas políticas, fiscales, económicas y administrativas es de suponer que la política y las medidas de lucha contra la anticorrupción se ven limitadas, puesto que la ausencia de recursos y medios impiden un mejor desempeño del Sistema de Administración de Justicia.
No obstante, la intervención del Banco Interamericano de Desarrollo en el cofinanciamiento del Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia -ACCEDE que ha comprometido recursos por la suma de US$ 36 millones y otra del Banco Mundial con el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justica que se inició en 2003 y se han cumplido dos etapas por casi US$ 45 millones, el doctor Walter Gutiérrez Camacho ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y actual Defensor del Pueblo en un Informe sobre la Justicia en el Perú (2015) ha señalado que son cinco los grandes problemas que condicionan la calidad del Sistema de Justicia.
En su opinión, los cinco problemas escogidos: carga procesal, demora en los procesos, provisionalidad de los jueces, presupuesto y sanciones, sin un debido tratamiento y atención del Estado y la sociedad, tenían impacto negativo en la independencia institucional, eficiencia y calidad de la Justicia. Señala también que, la carga procesal en el Poder Judicial había sobrepasado los tres millones de expedientes y que un juicio civil podía exceder en promedio los cinco años y en algunos una década y, como dato anecdótico, uno que llevaban 40 años sin concluir. Además que el problema de la provisionalidad era crucial por el hecho que el 42% del total de los jueces eran provisionales o supernumerarios, constituyendo una grave amenaza a la autonomía del Poder Judicial.
A partir de esa atinada apreciación bien se puede asumir que la dinámica del Sistema Judicial condicionado por el limitado concurso de jueces y fiscales titulares y el inadecuado suministro de equipos, redes y medios tecnológicos, explican la vulnerabilidad del Sistema Judicial dominado por la intervención mayoritaria de jueces y fiscales provisionales que tampoco cuentan con la ayuda de tecnología para acceder a fuentes de datos, procesar información y jurisprudencia en tiempo virtual para sustentar a plenitud las decisiones más basadas en la razón que en el uso de criterios discrecionales. No esta demás decir que, los reclamos de las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público no tienen otra misión que sensibilizar a la opinión pública y al Ejecutivo sobre el incremento de la asignación presupuestal para poder financiar la designación, capacitación, evaluación y la permanencia de jueces y fiscales titulares; así como también, la provisión oportuna de recursos, medios e insumos tecnológicos.
Al respecto, el Informe Global de Tecnología de la Información 2016 elaborado por el WEF (2016) que, entre otros propósitos, mide el desempeño de 55 indicadores agrupados en cuatro grandes pilares: Medioambiente, Preparación, Uso e Impacto, con la finalidad de sensibilizar a los gobiernos en el uso de la TICs para que puedan aumentar la competitividad y el bienestar, revela que Perú ocupa la posición 90° de un total de 139 economías evaluadas alrededor del mundo que usan el Networked que es un conjunto hardware (equipos) y software (procesos, datos y archivos digitales) necesarios para conectar los equipos diversos y redes virtuales que hacen posible el intercambio de información y contribuyen a mejorar la calidad de la gestión sea Pública o Privada.
De acuerdo con el Informe 2016 del WEF, que ubica a Singapur, Finlandia, Suecia, Noruega y EE UU como las potencias en el uso del Networked, el Perú ocupa la misma posición 90° desde el año 2014 en donde dio un salto cualitativo al bajar de la posición 103° que logró en 2013. La incómoda posición que lo ubica muy por detrás de otros países latinoamericanos como Chile (38°), Uruguay (43°), Costa Rica (44°), Panamá (55°), Colombia (68°), Brasil (72°), México (76°) y Ecuador (82°), solo es próxima a Argentina (89°) y por encima de El Salvador (93°) y Honduras (94°). El estancamiento se explica por los rezagos en los pilares Medioambiente (97°) y Uso (92°) y el alivio en los pilares Impacto (81°) y Preparación (89°).
Para abundar en detalles, dada la vinculación del uso del Networkwd o las TICs en el aparato público principalmente en la operación del Sistema de Justicia en donde ha avanzado en la digitalización de la jurisprudencia con el apoyo técnico y financiero del BID y del Banco Mundial como también en su función de mecanismo de acceso a la información pública que permita transparentar el uso de recursos públicos y como ventana virtual para facilitar la rendición y el destino de los fondos públicos, el Informe 2016 que comentamos, refiere que el pilar Uso es crítico por cuanto, el desempeño de los indicadores, importancia de las TICs en la visión del Gobierno retrocede al puesto 120° y de éxito del Gobierno en la promoción de las TICs al puesto 118° del ranking de las 139 economías evaluadas.
Desde la perspectiva oficial, datos estadísticos del INEI (2016) sobre los indicadores de acceso y uso de las TICs, si bien no eran completos al menos mostraban la tragedia que significa el hecho que en 2015 solo el 13,8% de la población mayor de 6 y más años de edad accedían a la Internet a través del servicio de cabinas públicas, mientras que en los hogares solo el 17,0%. En el sistema educativo solo el 12,4% de los niños del nivel inicial contaban con servicio de Internet; el 37, 2% en secundaria; el 17,6% en la educación superior no universitaria; y el 32,7% en la educación superior universitaria.
Otro dato a resaltar era que en el año 2015, la infraestructura y el equipamiento tecnológico en las Municipalidades del país crecieron cuantitativamente al pasar de 15,997 equipos en 2004 a más de 84,061 en 2015; pero quedaban pendientes brechas por cerrar en vista que 1,482 instituciones contaban con acceso a Internet. Este registro revela que del universo de Municipalidades que suman 1,842 entidades, solo el 80,4% contaba con servicio de Internet, es decir, el 19,6% de la Municipalidades estaban desconectadas del resto del país y del mundo.
En otro trabajo conjunto del INEI con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (2017), sobre los resultados del I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo I+D a Centros de Investigación 2016, ha revelado que en 2015 el gasto en I+D de los centros de investigación fue de apenas US$ 163 millones y que esa modesta cifra solo representó el 0,05% del valor del PBI del país, un registro que lo colocaba a la zaga de los países miembros de la Alianza del Pacífico que gastaban el 0,38% y de los miembros de la OCDE hasta el 2,38%, es decir, casi un nulo apoyo a la investigación e innovación. Este hecho nos libera de mayores comentarios.
[*] Abogado por la Universidad de Lima. Es egresado de maestría de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú; y ha realizado estudios de maestría de Derecho Empresarial en la Universidad de Lima. Asimismo, estudios en finanzas con mención en Dirección Ejecutiva, concesiones y regulaciones para Gestión Pública en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; y cuenta con especialización en diversas disciplinas del Derecho: Corporativo, Administrativo, Tributario, Municipal, Civil y Procesal Civil.
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