Derecho Para Innovar
América Latina en el contexto del cambio global. Crecimiento verde y desarrollo inclusivo. El caso argentino: sus potencialidades en los distintos sectores económicos
Por Carolina Ibarra* y Roberto D. Bastian**Como una espada de Damocles, el cambio climático constituye una amenaza latente sobre nuestra sociedad y el planeta que habitamos. Su existencia obliga a la comunidad internacional a cooperar y colaborar a fin de alcanzar una efectiva mengua en la emanación de gases de efecto invernadero.
Las obligaciones asumidas por las distintas naciones en relación a los niños, personas discapacitadas, pueblos originarios, las cuestiones de género respecto de la igualdad y el empoderamiento, es decir los llamados grupos vulnerables, deben originar medidas en un contexto de desarrollo y respeto por los derechos humanos.
Resulta indudable que la situación actual hace necesaria la colaboración de países desarrollados a través de la disponibilidad de medios de financiamiento y tecnológicos a fin de robustecer las acciones de países en desarrollo. Para ello, es fundamental la cooperación de los distintos grupos o sectores a los fines hacer posible el impulso de distintas acciones frente a la amenaza latente del cambio climático.
En la búsqueda de generar concientización de los efectos del cambio climático y de dar publicidad de las distintas reuniones llevadas a cabo por los representantes de diferentes países, a fines del año 2015 se llegó a firmar el Acuerdo de París por parte de 195 naciones que se comprometieron a la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) en el marco de la XXI Conferencia Internacional de las Naciones Unidas. El acuerdo tendrá aplicación a partir del año 2020, comprometiéndose a fijar los objetivos nacionales cada cinco años con el objeto de reducir la emisión de GEI, delimitando el calentamiento global por debajo de dos grados centígrados. El “Acuerdo de París” debería ser ratificado por cada uno de los países firmantes entre abril de 2016 y abril de 2017 antes de su entrada en vigencia en 2020; a ello se le suma un segundo documento denominado “Decisión” el cual contempla la guía de trabajos que se deberán llevar a cabo hasta la entrada en vigor del “Acuerdo”.
A lo expuesto, debería agregarse la importancia de la recomendación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés) quienes convinieron, en el año 2009, que los GEI debían reducirse entre un 40 y 70 por ciento en el 2050 en comparación con el 2010, logrando el nivel cero en 2100.
El “Acuerdo” establece que los países desarrollados deben proveer asistencia financiera a los países en desarrollo a los fines de reducir las emisiones de GEI y se adapten al cambio climático.
Además, instó a fortalecer la cooperación en el desarrollo y la transferencia de tecnología para mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el Mecanismo Tecnológico y, con medios financieros, a través del Mecanismo Financiero de la Convención, para facilitar el acceso de las Partes que son países en desarrollo a la tecnología, en particular en las primeras etapas del ciclo tecnológico. Entre ellas, se prevé actuar sobre las causas que generan los GEI, por ejemplo: la utilización de combustibles fósiles –es decir el uso de energías alternativas–, con el fin de lograr la eficiencia en el uso de energía y la minimización de residuos. Es decir, rediseñar los sistemas productivos en pos de una economía verde.
Es, en este marco, que nos encontramos participando de un segundo proyecto Decyt en el marco de la Facultad de Derecho de la UBA. Los primeros dos años de investigación (Decyt 2014/2016) nos permitieron conocer el estado actual en materia de políticas públicas sobre el cambio climático, especialmente respecto del estudio de instrumentos normativos internacionales y su recepción en el derecho interno. De ello resulta una trascendencia fundamental la inviolabilidad de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables respecto de la obligatoriedad de los compromisos asumidos en relación al cambio climático.
En las negociaciones que tuvieron lugar en el marco del mencionado “Acuerdo” existió preocupación y referencias reiteradas a los derechos humanos. Ello se debe a la relación ineludible entre derechos fundamentales y el cambio climático puesto que modifica su goce a través de la alimentación, la salud, el agua, entre otros. Si bien la participación ciudadana es una herramienta de política ambiental que favorece la operatividad de los compromisos internacionales en materia ambiental, y de cambio climático en especial, hemos concluido que dicho mecanismo aún debe recorrer un largo camino que permita su institucionalización. Sin embargo, la creación y aplicación de los planes para mitigar el cambio climático fortalece el sistema democrático puesto que de su implementación resulta una mayor legitimación y transparencia de las políticas gubernamentales, incrementa la coherencia y coordinación de la acción pública.
A partir del “Acuerdo”, en el ámbito de una nueva investigación, nuestro objetivo principal es establecer las oportunidades que emanan de dicho acuerdo en cuanto a un cambio de paradigma, basado en el concepto de economía verde que permita un desarrollo inclusivo. Nuestro objetivo se apoya en que el acuerdo establece que los países desarrollados deben proseguir encabezando los esfuerzos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el conjunto de la economía, mientras que los países en desarrollo deberían seguir aumentando sus esfuerzos de mitigación, alentando a que, en un futuro, adopten medidas de reducción o limitación de emisiones, siempre bajo las diferentes circunstancias nacionales.
A partir de esta concepción del reparto de responsabilidades se ha instado a fortalecer la cooperación en el desarrollo y la transferencia de tecnología con el objeto de mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el Mecanismo Tecnológico y, con medios financieros, por el Mecanismo Financiero de la Convención, para también facilitar el acceso de las Partes que son países en desarrollo a la tecnología, en particular en las primeras etapas del ciclo tecnológico. Ello en un marco de acompañamiento de adopción de medidas para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público a la información sobre el cambio climático. Es decir, que los compromisos establecidos impactan sobre los principales sectores respecto de las medidas de mitigación y adaptación, en el caso de nuestro país impacta sobre la agricultura, ganadería, el sector energético, el mundo del trabajo, el turismo, las ecorregiones, lo cual nos permitirá comprender los desafíos en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible con equidad. Para ello, el propósito es: identificar escenarios que impliquen una integración ventajosa para la Argentina en el mercado global, analizar los diferentes discursos en torno al crecimiento y el desarrollo, establecer las sinergias entre desarrollo sustentable y economía verde, determinar criterios de sustentabilidad de los procesos productivos ante el aumento de la demanda de materias primas, aportar evidencia empírica que indique cuáles innovaciones tecnológicas son beneficiosas, comparar experiencias entre diferentes países de la región, y en especial, focalizar el análisis en cómo las regalías producen efectos ya sea de estímulo o de freno e identificar elementos que permitan pensar el surgimiento de un nuevo paradigma ambiental.
[*] Abogada, investigadora en formación en el Proyecto de Investigación de la Facultad de Derecho de la UBA (2014-2016) DCT 1422, bajo la dirección del Dr. Marcelo López Alfonsín.
[**] Abogado, investigador de apoyo en el Proyecto de Investigación de la Facultad de Derecho de la UBA (2014/2016) DCT 1422 y (2016-2018) DCT 1620, bajo la dirección del Dr. Marcelo López Alfonsín, y en cuyo marco se realiza la presente publicación.
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