COLUMNA DE OPINIÓN

El Congreso quiere escribir la historia

Alberto B. Bianchi

Hace exactamente 31 años, en 1984, cuando el Congreso abría nuevamente sus puertas luego de la clausura forzosa impuesta por el gobierno militar de 1976-1983, una de las primeras actividades a las que se entregó el órgano legislativo fue la investigación de la compra de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad por parte del Estado en ese período. Se formó a tal fin una comisión investigadora que presidía por aquel entonces el diputado radical Guillermo Tello Rosas.

Uno de los actos más espectaculares de esta comisión tuvo lugar cuando fue allanado el estudio jurídico Klein & Mairal, a quien Ricardo Molinas, Fiscal Nacional de Investigaciones que, en paralelo con el Congreso, llevaba adelante la misma investigación, tildó de búnker de la “patria financiera”, un calificativo que se prodigaba despectivamente en aquella época. En el curso del allanamiento, la comisión secuestró numerosas piezas de documentación de las oficinas de Klein & Mairal y ello motivó el planteo de un amparo ante la justicia federal criminal y correccional que fue exitoso en las instancias inferiores. Apelada esta decisión ante la Corte Suprema, ésta se tomó dos años para resolver el amparo, diciendoque la cuestión era abstracta (caso “Guillermo Walter Klein”, Fallos 308-1489; 1986). Bien es sabido que, en ciertas ocasiones, la doctrina de las “cuestiones abstractas” ofrece una cómoda salida a la Corte para no resolver casos espinosos.

Traigo a la memoria este episodio del pasado pues el Congreso, en estos días, está dando a luz una nueva comisión investigadora vinculada con hechos económicos del gobierno de facto. Parecería que en la Argentina nada es pasado ni presente. Se pretende vivir la historia –en realidad los fragmentos que de ella interesan a la política- con tanta intensidad actual, que ello nos hace olvidar el presente. En nuestro país los hechos no se ubican en una cronología temporal. Nunca pasan a formar parte completamente de la galería de la historia y con frecuencia son descolgados de ella y traídos a la actualidad como si hubieran ocurrido ayer mismo.

Andrés Oppenheimer, en su libro “Basta de Historias”, describe lúcidamente este fenómeno, muy extendido por Latinoamérica, y señala que es tanta la preocupación que los pueblos de este Continente muestran por la investigación de la historia que, en general, no están preocupados por hacer nuevos descubrimientos científicos, ni desarrollar patentes de invención que colaboren con el progreso de la Humanidad. Estamos más interesados en estigmatizar a Cristóbal Colón como genocida, que en señalar que su Descubrimiento permitió la apertura de una nueva ruta comercial hacia Oriente que se había perdido cuando los turcos tomaron Constantinopla en 1453 y fundaron el Imperio Otomano.

Una prueba cabal de este recurrente viaje al pasado es la “Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar para la Búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia” que está gestándose en el Congreso argentino. El proyecto de ley de creación de esta nueva Comisión, inspirado por el diputado Héctor Recalde, ya cuenta con media sanción de la Cámara y será tratado en breve por el Senado.

Lo más curioso de esta iniciativa es que su finalidad no es -no parece ser- la investigación de una conducta presuntamente criminal con fines de denunciarla luego ante la justicia. Por el contrario, parecería que su objetivo es puramente histórico. Una contribución a la memoria y la verdad. Según dice el artículo 3 del proyecto de ley, “La Comisión tendrá por objetivo la elaboración de un informe con una descripción detallada de los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la dictadura que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983 y la identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron a y/o se beneficiaron con esa dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”.

Este informe pasará luego a formar parte del “Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, el que tendrá por finalidad la puesta a disposición gratuita,al público en general, de los documentos que sirvieran a la Comisión creada por esta Ley para la elaboración de su informe así como de todo otro documento relacionado con los objetivos perseguidos por la última dictadura militar y sus complicidades económicas” (artículo 9).

Parecería entonces, que el Congreso de la Nación está concentrando esfuerzos para que sus legisladores escriban un libro de historia. Todo esto me hace acordar de la frase de Churchill: “la historia será benévola conmigo pues yo me encargaré de escribirla”.

Mirada desde un enclave constitucional, la creación de esta Comisión es completamente ajena a las funciones que la Constitución asigna al Congreso. Nadie duda de que el Congreso puede destinar fondos a la promoción de la historia nacional y que puede también encomendar a los historiadores investigarla y escribirla, financiando sus proyectos. Si bien esa es una tarea que parece más propia del CONICET que del Congreso, nadie podría sostener que ello es inconstitucional.

Pero lo que sí llama la atención es que los legisladores empleen sus funciones de investigación para escribir,ellos mismos, una pieza de historia que, por lo demás, ya ha sido escrita. Horacio Verbitsky se ha encargado de ello en su libro “Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura”. Se ve que la investigación del Sr. Verbitsky no alcanza como contribución a la memoria y la verdad y es necesario, entonces, que sean los propios legisladores, empleando las más amplias facultades de investigación, los que ratifiquen con su informe lo que el periodista ya ha publicado.

Creo, sinceramente, que el Congreso no ha sido creado para erigirse en historiados y,en aras de ello citar “a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios, empresas y cámaras empresarias, asociaciones sindicales y partidos políticos” (artículo 2) y pedir informes “a empresas, organizaciones no gubernamentales, a dependencias de los tres poderes del Estado Nacional, Provincias y Municipal y Estados Extranjeros” (artículo 3) sin que pueda oponérsele “el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad” (artículo 7).

Estas son facultades propias de los jueces, que se ejercen en un proceso criminal y asegurando las debidas garantías del imputado, pero no pueden ser empleadas para que los legisladores escriban la historia. Y si lo que realmente se quiere investigar lo que ellos entienden son delitos, para ello está el Poder Judicial.

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