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Los autores analizan un reciente caso resuelto por la Cámara Civil y entienden que cabe concluir que las acciones tendientes a concluir un contrato de locación y restituir el inmueble, no encuadran dentro de las destinadas  ni a determinar quiénes son los herederos del causante,  ni cuáles son los bienes que componen el acervo sucesorio,  ni a liquidar el pasivo, ni  repartir los bienes que componen la herencia.

El autor sostiene que la justicia restaurativa posee potencial para resolver todo tipo de conflictos penales, incluso los graves y concluye en que resulta ineludible la creación de propuestas de otros modelos de resolución de conflictos penales reparatorios y conciliatorios, basados en la justicia restaurativa que excluyan la idea de castigo.

La autora estudia como el concepto de “huella hídrica” puede ayudar a obtener mayor volumen de productos con menor impacto en la utilización del recurso hídrico.

La autora examina el Programa de Recuperación Productiva fue creado por la Resolución MTEySS Nº 481/02 en el marco de la Emergencia Ocupacional Nacional, sus requisitos de acceso y sistema de monitoreo.

El autor señala que, respecto del nuevo Código Civil y Comercial, el Derecho Comercial no se ha diluido, ya que al nuevo derecho hay que mirarlo de otro modo, con nuevos ojos, con una mente libre.

El autor analiza el alcance del beneficio de justicia gratuita en acciones colectivas que involucren derechos de consumidores y usuarios a raíz de la sentencia de la CSJN en “Unión de Usuarios y Consumidores el Nuevo Banco de Entre Rios S.A. si ordinario”.

El autor, respecto de los acuerdos colectivos de consumo y a raíz de dos sentencias sobre el particular, concluye que cuando los mismos  son espurios, ello puede causar un daño al sistema de tutela colectiva de derechos de consumidores y usuarios, particularmente a su credibilidad y legitimidad frente a la sociedad, la autoridad de aplicación de la LDC y los propios operadores judiciales, lo cual es fruto, lógicamente, de abusos tales como los que pusieron en evidencia las sentencias analizadas.

El autor analiza  el fallo  “Rozas, Romina Mariela y otros s/ homicidio calificado” y concluye que la Corte dejó pasar nuevamente la oportunidad de abordar el problema de la omisión impropia y el concepto de dolo.

La autora señala que a falta de acuerdo de los cónyuges, el juez debe determinar de oficio la procedencia y el monto de la compensación sobre la base de diversas circunstancias: estado patrimonial de cada uno de los cónyuges, la dedicación que cada uno le brindó, la edad y estado de salud de los mismos, entre otras pautas.

La autora examina las proyecciones en materia de competencia a raíz de que la ley 26.773  reinstala la opción entre las indemnizaciones tarifadas por ella y las derivadas de otros sistemas de responsabilidad, entre los que queda incluida la llamada “opción civil”.