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La Justicia sudafricana declaró este miércoles “inválida” e “inconstitucional” la decisión del Gobierno del país de iniciar el proceso para abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), al no haber sido debatida y votada antes en el Parlamento.
El Tribunal Superior de Pretoria describió como “prematura” e “irracional” la forma en que el Gobierno comunicó el pasado octubre a la ONU su intención de dejar la CPI, y concluyó que el Ejecutivo no tiene potestad para emprender esta acción sin el visto bueno del Legislativo.
La Justicia –que se pronunció tras interponer un recurso la opositora Alianza Democrática (AD)– anula por tanto el proceso, aunque el Gobierno puede apelar la sentencia.
Según el dictamen, leído por el juez Phineas Mojapelo, el Gobierno tiene atribuciones para firmar acuerdos internacionales, pero necesita la aprobación del Parlamento para retirarse de ellos.
Sudáfrica había justificado su decisión de dejar de formar parte del Estatuto de Roma –tratado fundacional de la CPI– al considerar que está “en conflicto” con su ley nacional de inmunidad diplomática y afecta negativamente a sus relaciones internacionales.
Con su decisión –ahora anulada– de dejar la CPI, el presidente sudafricano, Jacob Zuma, se puso a la cabeza del frente de países africanos que iniciaron acciones para abandonar la Corte, entre los que se cuentan Kenia, Burundi y Gambia, enumeró la agencia EFE.
Los líderes de estos y otros países del continente acusan a la CPI de perseguir exclusivamente a mandatarios africanos y de servir a intereses neocolonialistas.
