Administrativo

El autor concluye que la exigencia del dictamen jurídico previo tiene fundamento en dos sentidos: como garantía frente al administrado y como garantía del interés o bien común, a través del ejercicio de las potestades de la Administración Pública dentro del marco de los principios de legalidad y razonabilidad.

El autor concluye que las posturas autonomistas son las más endebles para justificar la supervivencia legislativa del instituto y aunque la postura crítica hacia el solve et repete no sea nada novedosa, es por el contrario muy llamativo advertir que no ha congregado la fuerza doctrinaria y jurisprudencial suficiente para promover un aggiornamiento legislativo generalizado y/o la lisa y llana eliminación del instituto de los ordenamientos jurídicos nacional y locales.

El autor formula una serie de interrogantes de cara a la sanción de la ley sobre responsabilidad del Estado, cómo ser: ¿hay un contenido esencial o estándar mínimo del derecho de daños y de la responsabilidad transfederal?, ¿Cuán diferente puede ser la responsabilidad civil del Estado en una provincia respecto de otra sin violentar el derecho a la igualdad?, ¿Se pueden establecer, por ejemplo, plazos de prescripción diferentes en cada jurisdicción local?.

El autor propone repensar la noción de función administrativa como actividad permanente, concreta y práctica por medio de la cual el Estado cumple de modo inmediato su obligación de garantizar el libre y pleno goce de los derechos fundamentales en el marco del art. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los autores consideran la constitucionalidad de la reforma introducida por la Ley de Presupuesto 14.652 de la Provincia de Buenos Aires al art. 70 de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 13.133, en tanto impone la obligación de pago previo de las multas aplicadas en el ejercicio del poder de policía de consumo para habilitar su impugnación judicial.

El autor entiende que, siendo conocidas las razones que llevaron al legislador a disponer la cláusula de vigencia temporal de las medidas cautelares, ésta no debería interpretarse en sentido de que los seis meses son prorrogables varias veces.

El autor repasa las doctrinas que han demarcado las diferentes ramas del derecho y sus límites, los que se mueven al compás de oscilaciones históricas, sociales y políticas y señala particularmente lo que acontece con la categorización de derecho constitucional como derecho público, no obstante albergar la regulación básica de derechos individuales de naturaleza privada, como el derecho de propiedad.

El autor analiza propuestas para llenar el vacío legal que existe en materia de reestructuración de deuda y concluye que el derecho internacional de los derechos humanos debe ser considerado como ley aplicable a aquella y que debe informar las discusiones acerca de una convención multilateral desde su concepción misma.

El autor, a raíz de una reciente sentencia, entiende que la Corte Suprema de Justicia se acerca a la configuración precisa de la representación colectiva adecuada respecto de los titulares de un derecho de incidencia colectiva divisible.

El autor sostiene que el endeudamiento soberano se encuentra orientado a contribuir en la implementación de aquellas políticas económicas y sociales nacionales que promuevan el crecimiento y el desarrollo de un país y concluye que, sin embargo, la litigación distorsiva de los fondos buitre es sólo una -pero probablemente la más importante- evidencia de las consecuencias del vacío legal global sobre las reestructuraciones de deuda.