Laboral

La autora sostiene que  sin un marco legal adecuado, inversores en rubros que requieran alta inversión en tiempo y dinero, podrían decidir desarrollar sus actividades en otras jurisdicciones donde exista una mayor protección para dicho tipo de negocios.

La autora repasa las tendencias jurisprudenciales sobre la temática y concluye proferir un insulto a un superior es un comportamiento que quiebra el respeto que debe imperar en toda relación humana, no siendo justo exigir al empleador que aplique sanciones menores cuando se haya quebrado el núcleo de buena fe entre las partes y se haya provocado en la víctima un importante daño moral.

La autora concluye que una adecuada armonización del derecho a la intimidad del trabajador y de las facultades de dirección, organización y poder sancionatorio de la empresa requiere que el control del uso de los emails corporativos cumpla con ciertas pautas de razonabilidad (en cuanto a la intensidad de la medida) y con la notificación previa de las políticas empresariales.

La autora concluye que en el caso de incapacidad absoluta del trabajador derivada de un accidente o enfermedad inculpable se trata de una consecuencia ajena al trabajo y por lo tanto se descarta que haya mediado culpa del trabajador y del empleador y por esta razón, habría sido razonable que dicha contingencia fuese soportada desde la Seguridad Social.

La autora reflexiona sobre la titularidad del derecho de huelga desde las distintas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales.

La autora sostiene que en la actividad constructora, la solidaridad laboral en casos de subcontratación es regulada por dos normas: el artículo 32 de la ley 22.250 y el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y dado que los requerimientos en cada uno de los preceptos es distinta, la jurisprudencia ha distinguido el fundamento normativo de la responsabilidad solidaria (y por lo tanto el alcance de la exigencia) conforme si la actividad principal del empresario es o no la construcción.

La autora sostiene que debe tenerse en cuenta que el concepto de dependencia es una categoría jurídica cuya implementación practica depende de la “densidad de la dependencia” y que la dependencia, técnica y económico funcional, son índices que permiten, junto con otros elementos, arribar al concepto jurídico de dependencia, no siendo por sí determinantes.

La autora sostiene que es necesario que las organizaciones generen una estructura operacional de trabajo que posibilite o ayude a lograr un adecuado equilibrio entre estos dos ámbitos – familia y trabajo-, manteniendo y/o generando beneficios, tanto para la producción como para el trabajador y su familia.

La autora examina los requisitos de procedencia del embargo, que una vez cumplidos, tornan proporcional a dicha medida  para asegurar los derechos del trabajador sin que se genere un perjuicio irrazonable al normal desenvolvimiento empresario.

La autora examina el Programa de Recuperación Productiva fue creado por la Resolución MTEySS Nº 481/02 en el marco de la Emergencia Ocupacional Nacional, sus requisitos de acceso y sistema de monitoreo.