Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Civil y Obligaciones Nro. 275 – 05.05.2022


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Breves reflexiones sobre la perspectiva de género aplicada a las decisiones judiciales (Parte I)

Por Gabriela Iturbide

1.Introducción

Los derechos humanos, considerados como un conjunto de pautas éticas con proyección jurídica, surgen de la necesidad de todos los individuos de contar con las condiciones esenciales para una vida digna, y han sido producto de un largo proceso de construcción y cambio a lo largo de los dos últimos siglos.

Todos sabemos que a lo largo de la historia las mujeres han sido víctimas de diferentes prejuicios y discriminaciones. La tradición judeo-cristiana las condenaba a la lapidación (Deuteronomio, 22, 13-19). El Islam hacía caer sobre ellas grandes calamidades, incluyendo el repudio familiar y hasta la muerte. Si bien el avance cultural ha dejado en el camino las atrocidades enormes que pueden encontrarse, lo cierto es que aún subsisten, según los países, discriminaciones legales y otras de hecho[1].

Ya en el siglo XX -llamado el de la liberación de la mujer-, se observaron hechos aberrantes como que el gobierno chino había resuelto en una época multar a las mujeres que no llegaban vírgenes al matrimonio, y se sabe también que en algunos lugares del mundo se practica la castración femenina, lo que afecta a 6.000 mujeres por día. En África se le ha practicado la mutilación genital a más de 130 millones de niñas. En Somalía, Yibuti, Etiopía, Eritrea, Sudán o Sierra Leona afecta, aproximadamente, al 90% de las mujeres; mientras que en Malí y en Egipto las cifras descienden al 50%. Generalmente son operadas niñas cuyas edades oscilan entre los 4 y los 9 años. Las formas más comunes son la “cliteridectomía” (cortar todo o parte del clítoris junto a una parte de los labios menores), o la “infibulación”, similar a la anterior pero se agrega el cosido de la vagina, a excepción de un orificio para la orina y la menstruación[2]. El mundo conoció y repudió esta práctica recién en 1994, en la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo. Un año después, declaró la Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Pekín, que corresponde “prohibir la mutilación genital femenina dondequiera que ocurra y apoyar decididamente las actividades de las organizaciones no gubernamentales y populares y de las instituciones religiosas encaminadas a eliminar tales prácticas.”

Aunque cueste creerlo, en las décadas del 40 y del 50 algunos médicos en los Estados Unidos y en el Reino Unido aconsejaban la castración para “tratar la histeria, lesbianismo, masturbación” y otras denominadas “desviaciones femeninas”. Se escondía un brutal machismo, pues se creía que esta era una forma de prevenir la “inevitable inclinación femenina a la infidelidad”[3].

Es evidente que la organización social que se conoce como patriarcado,  afecta directamente la autonomía física de la mujer pero, también, su autonomía económica y, con ello, la toma de decisiones. Esta hace a una relación de poder y de desigualdad, y es una forma de discriminación que impide el goce y ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres.

Las directivas consagradas en los artículos 705 a 711 del Cód. Civil y Comercial en relación a la tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, lealtad procesal, oficiosidad, y oralidad  facilitan tal labor, atenuando el rigor en las formas procesales.

Ahora bien, como sostiene Claudia Sbdar[4] , Jueza de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, la transversalización de la perspectiva de género como enfoque en las políticas públicas y como estrategia al interior de las instituciones comenzó a ganar terreno con la elaboración de documentos posteriores a la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Nairobi, Kenia, en 1985. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Pekín en 1995, se estableció que los asuntos de género debían integrarse a todos los programas sociales. La transversalización se incorporó como estrategia a aplicar por los gobiernos firmantes del Plan de Acción y la Plataforma de Pekín con el objetivo de concretar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.[5]

Dos años después, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) advirtió  que la referida transversalización es una estrategia para que las preocupaciones y experiencias de las mujeres y los hombres sean tenidos en cuenta en la implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y programas de gobierno a fin de que mujeres y hombres se beneficien según sus necesidades, y la desigualdad no se perpetúe. Así, el objetivo de la igualdad tomaría un lugar central en la formulación de políticas en todas sus etapas, en la investigación, la legislación y la asignación de recursos. Todo ello sobre la base de un trabajo interdisciplinario e interinstitucional.

  1. ¿Que entendemos por perspectiva de género?

El enfoque o visión de género parte del reconocimiento de la diversidad y de la existencia de las mujeres y los hombres, como un principio esencial en la construcción de la humanidad diversa y democrática. Esta perspectiva permite analizar a las mujeres y a los hombres no como seres dados, eternos e inmutables, sino como sujetos históricos, construidos según el tipo de organización prevaleciente en la sociedad.

En relación a esta temática, nuestro país cuenta con normas de orden internacional, nacional y provincial que enumeraremos a continuación: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificado el 15 de julio de 1985 y su Protocolo Facultativo (ratificado el 20 de marzo de 2007); y la Convención  Interamericana para Prevenir , Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará de 1994), ratificada el 4 de septiembre de 1996.

Estos tratados se complementan con una importante jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con instrumentos  no vinculantes, como la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y con las Recomendaciones Generales adoptadas por organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas que constituyen “herramientas de interpretación autorizadas” de las respectivas convenciones.[6]

Es evidente que con la ratificación de los tratados a los que nos referimos en los párrafos anteriores, que gozan de jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por el inciso 22 del artículo 75 de nuestra Carta Magna, la República Argentina asumió una gran cantidad de obligaciones  internacionales y regionales. En ese marco, el Código Penal incorporó en el año 2012 la figura del femicidio, y se dictaron la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (2008), modificada luego por la Ley  26.842 (2012); la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (2009); Ley 26.791 que recoge la figura del femicidio;  la Ley 27.452 llamada “Ley Brisa” que incorporó un sistema  de reparación económica  para las hijas e hijos de víctimas de femicidios (2018); y la Ley 27.499 (“Ley Micaela”) que establece la capacitación obligatoria en las temáticas de género y violencias por razones de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública (2018).

También es importante destacar que en el ámbito del Poder Ejecutivo se creó en el mes de diciembre de 2019 el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad por el Decreto nº 7/2019. Ese Ministerio elaboró, entre otros planes y proyectos,   un “Plan de Acción Nacional contra las Violencias  por Motivos de Género (MMCyD 2020-2022)”, el que puede consultarse in extenso en la página web de esa dependencia y que hace referencia al marco normativo nacional e internacional vinculado con esta cuestión, a los principios rectores (participación, integralidad, federalismo, entre otros), los objetivos y los lineamientos estratégicos del Plan, -prevención, asistencia y abordaje integral, protección y fortalecimiento del acceso a la justicia-, y también presenta una clasificación de los tipos y modalidades de violencias por motivos de género en función de lo previsto por el artículo 5 de la Ley 26.485 (tipos: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política; modalidades: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, contra las mujeres en el espacio público, pública y política), cifras y datos sobre el fenómeno de las violencias por motivo de género en nuestro país, y la inclusión de la perspectiva de género sobre la cual diseñar e implementar las políticas públicas. El Plan contempla, además, la creación de un Sistema Integrado de Casos  de Violencia por Motivos de Género (SICVG).

 

[1] Ver el interesante estudio del tema in extenso en  Kiper, Claudio, Derechos de las minorías ante la discriminación, Hammurabi, Bs As, 1998.

[2]  Ver informe del Diario “Ambito Financiero” del 11/6/96, ps. 20/1.

[3] “Ambito Financiero”, cit.

[4] “La transversalización de la perspectiva de género: un enfoque necesario”,  publicado en La ley, 15 de junio de 2017.

[5] Barquet, M., y Benitez, A., “La transversalización de la perspectiva de género: una estrategia para avanzar a la igualad”, Colección Equidad de Género y democracia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal –Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Electoral del Distrito Federal, México, vol 4.

[6]Sbdar, art. cit.

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