Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Ambiental Nro 314 – 07.12.2021


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Un avance en materia de Derechos Humanos: el derecho al medio ambiente limpio, saludable y sostenible como derecho humano fundamental (Parte I)

Por Adriana Margarita Porcelli y Adriana Norma Martínez

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  1. Introducción

La mayoría de la población mundial está expuesta, sin su consentimiento y aún sin información adecuada, a sustancias y residuos peligrosos que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedades y discapacidades a lo largo de la vida.

Justamente, la Organización Mundial de la Salud advierte sobre el aumento de la cantidad de muertes mundiales causadas por el daño ambiental en sus nuevas Directrices mundiales sobre la calidad del aire, publicadas en 2021. Las mismas aportan pruebas claras del daño que la contaminación del aire inflige a la salud humana en concentraciones aún más bajas de lo que hasta la fecha se suponía.

Por ejemplo, cada año la exposición a la contaminación del aire causa siete millones de muertes prematuras y provoca la pérdida de otros tantos más millones de años de vida saludable. En los niños y niñas, podría suponer una reducción del crecimiento y la función pulmonares, infecciones respiratorias y agravamiento del asma. En los adultos, las causas más comunes de muerte prematura atribuible a la contaminación del aire exterior son la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares. Actualmente se están analizando pruebas de otros efectos tales como diabetes y enfermedades neurodegenerativas. Esto sitúa la carga de morbilidad atribuible a la contaminación del aire en el mismo nivel que otros importantes riesgos para la salud mundial, como la dieta malsana y el tabaquismo. Por tal motivo las directrices recomiendan nuevos niveles de calidad del aire para proteger la salud de las poblaciones mediante la reducción de los niveles de los principales contaminantes del aire, algunos de los cuales también contribuyen al cambio climático[4].

Lo antedicho demuestra la interdependencia del ambiente con la efectiva realización de los derechos humanos. En el ámbito americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC 23/17, solicitada por Colombia[5], como marco introductorio, reconoció la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos. A la vez desarrolló, por primera vez, el contenido del derecho al medio ambiente sano, la relación de interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, así como las obligaciones estatales para protección ambiental[6].

En diferentes casos, ese Tribunal se refirió a la relación entre un medio ambiente sano y la protección de derechos humanos específicamente de los pueblos indígenas y tribales, la estrecha vinculación entre el derecho a la propiedad colectiva con la protección y acceso a los recursos naturales necesarios para la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del estilo de vida de dichos pueblos. Y en atención a la situación de especial vulnerabilidad de los mismos, los Estados debían adoptar medidas positivas para asegurar el acceso a una vida digna tanto en su dimensión individual como colectiva[7].

Con anterioridad, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, advirtió dicha interrelación al afirmar que un entorno seguro, limpio, saludable y sostenible era indispensable para el pleno disfrute de una amplia gama de derechos humanos, entre otros el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua y los saneamientos. En consecuencia, estableció, en virtud de la Resolución 19/10 del 2012, el mandato de Experto Independiente sobre derechos humanos y medio ambiente- actualmente denominado Relator Especial- el cual fue prorrogado en 2015 y 2018, con el objeto de estudiar las obligaciones de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.

Pasaron casi 10 años de aquel primer mandato y un sinfín de Recomendaciones hasta que, finalmente, el Consejo de Derecho Humanos de Naciones Unidas en su Resolución 48/13 del 8 de octubre de 2021 reconoce el derecho al medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de todos los demás derechos fundamentales de la personalidad.

El presente artículo tiene por objeto presentar los principales fundamentos y conclusiones de la precitada Resolución.

  1. Resolución 48/13 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Durante el 48° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, del 13 de septiembre al 11 de octubre de 2021, específicamente en la 43° sesión, el Consejo aprobó, en medio de aplausos, la Resolución 48/13.

El texto – que califica al derecho al medio ambiente saludable, limpio y sostenible como derecho humano fundamental- obtuvo 43 votos afirmativos[8] (entre ellos Argentina), ningún voto en contra y solamente 4 abstenciones (por parte de China, India, Japón y Rusia). La iniciativa fue propuesta por cinco Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos- Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza- y significó una victoria de los esfuerzos de al menos 1.100 organizaciones de la sociedad civil, de la infancia, de la juventud y de los pueblos indígenas, que han batallado por décadas en pos de su reconocimiento[9].

Es necesario aclarar que ese instrumento internacional es una expresión política que representa la posición de los miembros del Consejo (o de la mayoría de ellos) sobre cuestiones y situaciones concretas. Por tanto, forma parte del soft law y no es jurídicamente vinculante.

[1] El párrafo es parte de las Recomendaciones del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Se puede consultar en: Asamblea General de las Naciones Unidas (19 de julio de 2018). Obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. A/73/188

[2] Abogada (UBA) Magíster en Relaciones Internacionales (Universidad Maimónides) Diploma en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (UNPSJB) y el Posgrado en Derecho Informático (UNPSJB) Profesora Adjunta Ordinaria Universidad Nacional de Luján. adporcelli@yahoo.com.ar

[3] Abogada, Escribana (UBA). Posgraduada en Derecho del Turismo (UBA). Magister en Ambiente Humano (UNLZ). Profesora Adjunta Regular, Facultad de Derecho, UBA. Jefa de la División Derecho y Profesora Asociada Ordinaria Universidad Nacional de Luján. info@anmart.com.ar

[4] World Health Organization (2021) WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. Bonn, Germany: World Health Organization.

[5] El 14 de marzo de 2016 la República de Colombia, basándose los artículos 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 70.1 y 70.2 del Reglamento de la Corte Interamericana, se presentó ante dicho Tribunal, solicitándole que emitiera una Opinión Consultiva sobre las obligaciones internacionales de los Estados en relación con el medio ambiente, específicamente en materia de prevención, precaución y mitigación del daño en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal y que determinara la manera de interpretar el Pacto de San José cuando la construcción y las nuevas grandes obras de infraestructura afectaran de forma grave el medio ambiente marino en la Región del Gran Caribe.

[6] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC 23/17 Medio Ambiente y Derechos Humanos. (5 de noviembre de 2017). Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf

[7] Entre los casos referidos se pueden mencionar: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245 y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270.

[8] Los países que votaron a favor fueron: Alemania, Argentina, Armenia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Cuba, República Checa, Dinamarca, Eritrea, Fiji, Filipinas, Francia, Gabón, Indonesia, Islas Marshall, Italia, Libia, Malawi, Mauritania, México, Namibia, Nepal, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Senegal, Somalia, Sudán, Togo, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán y República Bolivariana de Venezuela.

[9] “Se aprueba una resolución histórica, en la que se reconoce el acceso a un medio ambiente saludable y sostenible como un derecho universal” (17 de octubre de 2021) Noticias ONU. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/10/1498452

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