Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Administrativo Nro. 339 – 18.04.2022


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Intervención normativa en la economía y principio de legalidad (Parte I)

Por María Cristina Bazán

I. Introducción

La actuación de las autoridades administrativas de regulación, inspección, vigilancia y control han pasado de la aplicación de un derecho administrativo económico policivo a un derecho administrativo económico abierto a la canalización de la información derivada de los procesos de mercado y a la concertación entre las autoridades y los destinatarios interesados afectados por la regulación.

El estudio de la intervención del Estado en la economía se realiza a través del principio de legalidad y la regulación económica como instrumento de intervención de la administración pública.

Sobre esa base, en este trabajo se intentará justificar la intervención del Estado en la economía en la necesidad de corregir las fallas de mercado, reseñando las nuevas propuestas teóricas sobre el espectro y objetivos que esa labor debe perseguir.

II. Intervención normativa en la economía y principio de legalidad

La regulación se ha constituido en la actualidad en una importante herramienta de intervención del Estado en la economía.

Es importante aclarar, en primer lugar, el significado del principio de legalidad. En términos estrictos, es el principio rector del ejercicio de poder y es el principio rector del derecho sancionador.

La legalidad no es sólo un principio del derecho sancionador, sino que también se constituye en el fundamento del ejercicio del poder, pues -tal como lo establecen las constituciones democráticas modernas-, no puede existir ninguna función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos sin previa autorización prescripta y expresa de la ley.

De este modo, el ejercicio de las potestades que otorga el ser funcionario del Estado lleva consigo el actuar conforme a la constitución y a las demás normas que reglamentan el ejercicio del poder público.

Este principio deriva de las características clásicas del Estado de Derecho, según el cual el imperio de la ley, la división de los poderes públicos, la legalidad en las actuaciones administrativas y la garantía de los derechos y libertades fundamentales, constituyen en los pilares de la teoría contemporánea del Estado.

De ese modo, el Estado de Derecho se define por la pretensión de abarcar la totalidad de la acción posible del Estado, el cual debe racionalizar su acción por medio del derecho, que a su vez define los límites al ejercicio del poder y determina la necesidad del trato igualatorio de cualquier individuo por el Estado.

III. Intervención mediante regulación administrativa

Desde finales de los años ochenta, los Estados latinoamericanos cambiaron el modelo proteccionista de desarrollo por el de apertura económica. Como consecuencia de ello, se permitió el ingreso de sujetos privados en la prestación de los servicios públicos, generando una separación entre quien establece los parámetros o reglas generales y quien ejerce la actividad regulada. En este escenario, típicamente se hace primero la privatización de las empresas estatales, con el objeto de maximizar su valor. Posteriormente se procede a la liberalización y desregulación de la actividad, con el fin de permitir el ingreso de nuevos competidores y lograr que actúen las leyes naturales del mercado.

Como consecuencia de la aplicación de estas políticas, los particulares pueden participar en la prestación de servicios públicos en condiciones de libre competencia, bajo el régimen que establezca la ley. Sin embargo, el Estado debe mantener la regulación, el control y la vigilancia de los servicios públicos con el fin de promover la competencia, garantizar la calidad, los niveles de servicios y, en general, proteger a los usuarios.

No es posible ocultar la influencia del derecho anglosajón en el desarrollo del concepto de regulación que, como en el caso latinoamericano, se funda en la actividad de autoridades administrativas con algún grado de independencia del gobierno central, creadas para intervenir en la actividad económica de los particulares, ya que, el nuevo orden de mercado trae consigo la necesidad de nuevos principios de regulación, principios que apuntan al surgimiento de una nueva forma de organizar.

El regulador es una agencia estatal que actúa para desarrollar el orden económico establecido por la constitución y la ley. Tanto la función de regulación como la de policía administrativa que se requiere para la efectividad de la primera, están sujetas al principio de legalidad.

El concepto de regulación nace vinculado a la creación de nuevos sistemas de administración, los cuales responden a la necesidad de desligar al regulador del regulado en actividades de tipo económicas. En este sentido, el constituyente o el legislador atribuyen a la Administración poderes de intervención que antes no le habían sido conferidos.

Teniendo en cuenta lo anterior, considero que la regulación no se refiere a las normas generales de intervención en la economía, sino a aquella intervención del Estado, que ejecuta la administración, y que tiene como fin la consecución de un orden económico definido en la constitución.

En este sentido la adopción del concepto es problemática, ya que el desarrollo legal y constitucional del que se deriva la regulación, se refiere usualmente a la reglamentación o potestad reglamentaria del ejecutivo, cosa que afecta el sentido de la noción regulación. Asimismo, el término regulación es anfibológico, no tiene un sustento semántico claro, se le atribuyen distintos significados en cada legislación, y por ello su funcionalidad jurídica resulta débil.

Consecuentemente, la regulación consiste en la facultad del Estado de expedir normas de carácter general y/o particular de alcances no sólo jurídicos sino también económicos e informativos, destinadas a preservar con exclusividad el normal y transparente funcionamiento del mercado, corrigiendo las fallas que atenten contra su habitual estabilidad.

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