Salud

La autora difunde la necesidad de llevar a conocimiento de la comunidad la tarea que llevan a cabo los efectores públicos y privados del sistema de salud en todo el país cuando atienden los procesos trasplantológicos de médula ósea con total eficacia y a un costo en ocasiones quince o veinte veces menor de aquél al que lo hacen efectores de países extranjeros.

Los autores concluyen que dado que en nuestro país la prestación de servicios de salud es materia provincial, el Estado Nacional debe “complementar” la respuesta que cada provincia pueda alcanzar para satisfacer las necesidades sanitarias de sus habitantes, actuando como un factor de “igualación” entre las provincias, sin dejar de asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos.

La autora plantea como la verdad’ y el tiempo, conforman ingredientes que deben combinarse magistralmente para que la sociedad perciba al Defensor como un referente avezado y efectivo en la custodia de los derechos humanos que debe garantizar.

La autora, a raíz de una sentencia, reflexiona sobre la cobertura de terapia específica (técnica PROMPT) respetando la relación médico paciente, no obstante la existencia de idéntico tratamiento brindado por la empresa de medicina prepaga con otra profesional.

La autora sostiene que el reproche institucional cuadra en la demora del Estado para transformar la doctrina sentada en el fallo “Bahamondez” en ley y en este sentido el cuestionamiento es para los tres poderes del Estado, porque a los cuatro años de demora que le llevó al Poder Judicial un pronunciamiento definitivo al respecto, se sumaron los veinte años más que les llevó al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo transformar esa doctrina en ley.

La autora sostiene que el concepto de salud es verdaderamente dinámico, casi inabarcable, tan propio y cercano a nuestra humanidad como pocos y  el “Derecho de la Salud”, como toda ciencia, requiere delimitar su objeto de estudio, conceptualizarlo, para determinar sus contenidos y alcances.

La autora sostiene que debió garantizarse la cobertura de los tratamientos y a la par llevar adelante la implementación de políticas públicas de reproducción que lleven a concientizar la seriedad que la cuestión requiere, para concluir que dejar en manos de la Justicia la decisión de cuestiones inherentes a esas políticas no parece apropiado.

La autora sostiene que para establecer un adecuado estado de bienestar se requiere un sistema eficaz de seguridad y salud en el trabajo, con el compromiso de todos los actores: autoridad competente, empleados y sus representantes.

El autor analiza la sentencia de la CSJN en “Proconsumer v. Farmacity S.A.”, de cara a la Ley N° 26.567 que modificó la ley de ejercicio de la actividad farmacéutica en lo relativo a medicamentos de venta libre estableciéndose nuevos requisitos para su comercialización con el objetivo de morigerear o mitigar los riesgos producidos por la automedicación en la salud de la población.

El autor sostiene que  “Halabi” ha sido un legado de esta Corte, que aquí no escatima esfuerzos  -aunque sea con sólo tres jueces- para insistir en su valor como integrante de su línea jurisprudencial y concluye que la ampliación del “standing to sue”, de la legitimación activa en el amparo, hace que el mismo, en inolvidables palabras del Maestro Augusto Mario Morello, sea “rendidor”