Salud

La autora sostiene que la carga de enfermedad provocada por la contaminación ambiental es uno de los factores de riesgo más importantes para la Salud Pública y, asimismo, la raíz ambiental de las enfermedades es causa “evitable” de daño, los efectos pueden ser “irreversibles” y los factores ambientales son “modificables”.

La autora sostiene que el Estado Nacional intenta retener una competencia, en el caso el poder de policía sanitario en materia de farmacias en el ámbito de la CABA, otorgada a la Nación por una ley del año 1967 sin tomar en consideración los cambios históricos, sociales, políticos y jurídicos que han venido produciéndose y que han alcanzado su máxima expresión con la reforma constitucional del año 1994.

El autor concluye que  independientemente de la investidura que se le asigne al Instituto, lo de menos es calificar al sistema de ordenación y control como de Derecho Público o de Derecho Privado, lo importante es la incolumidad de los derechos y garantías constitucionales del derecho aplicables a todo poder público en sentido material.

El autor analiza lo establecido en la Ley Nº 19.032, según la cual el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados funcionará como una persona jurídica de Derecho Público no estatal, con individualidad financiera y administrativa, de acuerdo con los mandatos y prohibiciones emergentes de dicho Cuerpo Legal.

La autora concluye que,  en la actualidad, la Ciudad de Buenos Aires es la capital de la Nación y que no se ha operado el traspaso de las facultades aquí involucradas, el Ministerio de Salud de la Nación continúa siendo el encargado de ejercer las facultades inherentes al Poder de Policía establecidas en la Ley N° 17.565.

El autor sostiene que sin perjuicio de observaciones jurídicas, sanitarias y económicas que se puedan realizar, la falta de fiscalización y regulación eficaz de las relaciones contractuales entre obras sociales y empresas de medicina prepaga, demanda por parte del Poder Ejecutivo y la Administración Pública la emisión de una actuación administrativa que aporte claridad al tema.

El autor sostiene que ejercer ilegalmente la medicina, o cualquier arte de curar, en su modalidad de intrusismo, no es sólo hacerlo sin ser un profesional de la salud sino que en algunos casos también puede cometer este delito quien, poseyendo un título, carece de autorización

Las autoras concluyen que el Convenio de Minamata representa una importante iniciativa de reconocimiento internacional y político, que por un lado apunta a reducir las fuentes y emisiones y por otra a erradicar los riesgos de exposición a mercurio.

Las autoras indagan sobre la génesis y proyecciones del Convenio de Minamata para la eliminacion de mercurio, que es un tratado internacional para proteger la salud humana y el ambiente de los efectos adversos del mercurio.

Las autoras nos cuentan brevemente la historia de la afectación a la salud a través de la contaminación ambiental, con el ejemplo de las minas de mercurio de Amiana – Italia- (y su recorrido hacia Minamata -Japón).