Derecho y Tecnología

La autora analiza la digitalización de la sociedad de Estonia a partir del E-gobierno, E-elecciones, E-residencia, E-impuestos, E-educación, E-negocios, E-salud y E-legal. Concluye que la innovación y la adopción de las tecnologías digitales no fue una decisión sino una necesidad.

En la segunda parte, las autoras analizan uno de los recursos clave para lograr el desarrollo de las TICs: el cloud computing. Asimismo, las líneas de acción propuestas por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información para lograr la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

En la primera parte, las autoras analizan documentos internacionales de la Organización de Naciones Unidas sobre el impacto de las tecnologías de la información y comunicación en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

La autora analiza la aplicación de las nuevas tecnologías al sistema de gestión de fronteras. Concluye que bajo la necesidad de optimizar la seguridad de los límites estatales y en un contexto tecno-globalizado surge el concepto de fronteras inteligentes.

El autor se pregunta si la inteligencia artificial puede reemplazar a los jueces. A lo que concluye que aún ningún sistema de inteligencia artificial ha sido creado para reemplazar a los jueces, sino sólo como apoyo en la toma de decisiones pues se presentan deficiencias al interpretar el lenguaje jurídico dado la vaguedad, ambigüedad y textura abierta que presenta el derecho y por las contradicciones y lagunas legales de las normas.

La autora analiza las principales novedades introducidas por el reciente Decreto 326/17 que aprueba la nueva reglamentación de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Destaca su relevancia a los fines de lograr un mayor desarrollo de los procedimientos de Contrataciones Digitales.

La autora analiza el régimen de contrataciones públicas a partir de las contrataciones digitales. Concluye que la forma de celebrar contratos administrativos no se digitalizó ni se modernizó, sino que es otra.

La autora analiza la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la admisibilidad de los enlaces electrónicos como prueba documental. Concluye que la Corte admite tal prueba y si una parte proporciona al menos el enlace electrónico directo del documento que cita como prueba y es posible acceder a éste, no se ve afectada la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal.

Los autores analizan los modelos de responsabilidad por Internet. Concluyen que las normas sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet están configurando la forma en que las empresas influyen en la libertad de expresión.

El autor analiza la responsabilidad de los buscadores de internet por contenidos publicados por terceros a partir del caso “Norbis”. Concluye que el fallo es acertado, las normas mencionadas protegen el derecho a la imagen como derecho personalísimo y nadie puede usar la imagen de otro (y mucho menos lucrar con ella mediante el uso de publicidad) sin su consentimiento, como así tampoco editarla a su antojo.