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La autora concluye que el problema de la carga de la prueba de la discriminación laboral se resuelve a través de la interpretación flexible del art. 377 del C.P.C.C.N. que conlleva el mecanismo de las presunciones judiciales, no se invierte la carga de la prueba, por cuanto el trabajador debe aportar indicios suficientes para que se genere la presunción discriminatoria.

El autor analiza qué bien jurídico busca proteger la ley 24.051 de Residuos Peligrosos y concluye que es la salud pública, por lo que no sería suficiente la mera agresión a la objetividad material (medioambiente) sino que para que la acción sea típica debe afectar también la objetividad jurídica (salud pública).

El autor realiza un primer análisis del sistema de Conciliación Obligatoria en las Relaciones de Consumo que instauró la ley 26.993, y sostiene que el mismo cuenta con ventajas notables por sobre otros sistemas anteriormente plasmados legislativamente debido al elemento humano y profesional que proveerá el Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo.

El autor comenta un reciente fallo de Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Federal y concluye que la falta de precisión de la cantidad de unidades en stock en las publicidades comerciales genera confusión e incertidumbre en los consumidores.

El autor sostiene que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha logrado desterrar la tortuosa delimitación de órbitas gestadas por Vélez Sarsfield en el ya conocido artículo 1107 del Código Civil y concluye que la eliminación de esta división es el resultado de no reparar en la fuente a cobijo de la cual se ha producido el ilícito, sino en las consecuencias desfavorables que repercuten en los intereses de la víctima.

El autor analiza la posibilidad de que el abogado defensor perciba honorarios cuyo origen provenga de la comisión de delitos, y concluye que sería absurdo considerar la conducta del abogado como constitutiva del delito de lavado de dinero ya que se encuentra en juego el derecho de defensa y el secreto profesional.

Los autores analizan la figura del ciudado personal compartido del hijo, introducida por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la cual viene a reemplazar a la de la tenencia y es uno de los deberes/derechos que se deriva del ejercicio de la responsabilidad parental.

La autora analiza las modalidades y normas atinentes all “teletrabajo” y sostiene que se presenta como una respuesta a las nuevas necesidades de la empresa u organización, como así también un modo de conciliación entre la vida familiar y la vida laboral del trabajador.

La autora analiza la Acordada 32/2014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que creó el Registro Público de Procesos Colectivos radicados ante los tribunales del Poder Judicial de la Nación y concluye que aquella es una muestra más de la preocupación de los jueces del Máximo Tribunal por la eficacia de los derechos, ante la mora del legislador en materia de procesos colectivos.

El autor analiza si el actual sistema concursal permite al fallido peticionario de su quiebra pedir la conversión de esa falencia al concurso preventivo, y concluye que la ley veda la misma y que, en caso de pensarse una futura reforma para admitirla, será necesario realizar un análisis de los efectos que ello produciría.