El autor concluye en los supuestos de competencia y domicilio en el caso de personas jurídicas y del deudor domiciliado en el extranjero.

El autor sostiene que la educación del consumidor, vislumbrada como una necesidad y un derecho, se enmarca en la necesidad última de intervenir en condiciones de igualdad con los proveedores de bienes y servicios, no solo en las decisiones sobre la producción, como en la construcción de las significaciones y valores que los representan a fin de controlar el proceso que determina la transformación de los bienes, en los llamados “bienes de consumo”.

El autor introduce el problema de la condena directa en casación mediante la evolución de la jurisprudencia a raíz de la decisión de la Corte IDH “Mohamed” y la relación que se entabla entre la Cámara y la CSJN.

El autor sostiene que acceder a la administración de justicia implica, en el contexto de los casos de violencia familiar, más que obtener una respuesta judicial frente a actos de violencia, también comprende la obligación de dispensar un buen trato, dar una respuesta adecuada y hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria.

La autora sostiene que debe tenerse en cuenta que el concepto de dependencia es una categoría jurídica cuya implementación practica depende de la “densidad de la dependencia” y que la dependencia, técnica y económico funcional, son índices que permiten, junto con otros elementos, arribar al concepto jurídico de dependencia, no siendo por sí determinantes.

El autor sostiene que la Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre recepta en su Capítulo VIII el régimen penal correspondiente a la materia que regula, pero al no haber establecido la justicia competente para entender en los delitos que tipifica en la práctica se advierten posiciones encontradas que se traducen en lamentables dispendios jurisdiccionales.

El autor concluye que sobre la base de lo establecido en los arts. 989, 1122 y concordantes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, lo sostenido por la doctrina y la jurisprudencia, las regulaciones administrativas deben ser siempre interpretadas en favor del consumidor y en contra del predisponente.

El autor sostiene que la acordada importa una primera aproximación por vía pretoriana hacia un régimen procesal autónomo independiente de los clásicos procesos de contradicción y, si bien presenta vacíos importantes que pueden dar lugar a dilaciones procesales, constituirá la piedra fundante de un nuevo esquema de procesos en pos de los derechos del consumidor.

La autora examina los requisitos de procedencia del embargo, que una vez cumplidos, tornan proporcional a dicha medida  para asegurar los derechos del trabajador sin que se genere un perjuicio irrazonable al normal desenvolvimiento empresario.

El autor se formula el interrogante de sí los marcos jurídicos diseñados para atraer la inversión y protegerla, están causando problemas para implementar leyes ambientales, siendo posible que la aplicación en forma no discriminatoria de leyes ambientales sea considerada un obstáculo a la inversión o una medida equivalente a la expropiación (expropiación indirecta).