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La autora estudia jurisprudencialmente la modificación de la ley 24.240 por la ley 26.361 y  la duda que se ha suscitado en relación a si el beneficio de gratuidad establecido en el art. 55  se extiende o no las costas del juicio.

La autora expone las características del procedimiento establecido mediante la Acordada 32/2014 que establece la creación del Registro de Procesos Colectivos y concluye que la Corte realizó un aporte de gran valor, siempre a la espera de una regulación definitiva por parte de la Legislatura.

El autor analiza la Acordada 32/14 por la cual la Corte creó el Registro de Procesos Colectivos y concluye que, sumándole otras en las cuales la Corte ejerció facultades legislativas delegadas expresamente, debería asignarse la cuestión por ley para su regulación por parte del Máximo Tribunal.

El autor analiza el proyecto de reforma procesal penal federal a la luz de tres ejes: consenso, eficacia y garantías; y concluye que aquella es necesaria frente a un sistema de justicia penal que hoy resulta intolerablemente injusto.

Los autores analizan el instituto de la “compensación económica” introducido por la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, haciendo especial referencia a los supuestos de procedencia, su finalidad y la fijación del monto.

El autor analiza la concurrencia entre Nación y provincias en la regulación de la protección del ambiente, y concluye que la Provincia de Buenos Aires ha sido pionera en la regulación de acciones complementarias de las normas federales a raíz de una reciente Resolución del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.

La autora analiza los cambios introducidos por la ley Nº 26.844 al régimen especial de contrato de trabajo para personal de casas particulares.

El autor estudia la reciente sanción de la ley 26.993, a través de la cual se regula el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo que modificó el art. 40 bis de la ley 24.240, que regula al daño directo y las cuestiones que genera su determinación por la autoridad administrativa.

La autora analiza el problema del sobreendeudamiento y la insolvencia en el marco de la sociedad de consumo actual.

La autora analiza los requisitos de procedencia de la acción directa tras la reforma y concluye que, si bien comparte los motivos por los cuales se incluyó la citación del deudor principal a juicio como uno de aquellos, resultaría más acorde con la finalidad y esencia del instituto que esa citación continúe siendo potestativa para el acreedor.

Fe de erratas: en Diario DPI Civil Año 1, N°5, el autor de la nota de Doctrina “Modificaciones a la responsabilidad del profesional liberal en el nuevo Código Civil y Comercial” es Luis R.J. SÁENZ