Penal

El autor concluye que el límite establecido por el legislador en el juicio por procedimiento abreviado, al día de hoy se encuentra modificado de hecho por la práctica de los tribunales orales.

La autora sostiene que la revisión de la sentencia no se encuentra debidamente fundamentada y concluye que éste tipo de acciones deben proceder  por regla,   en el caso de que existan  sentencias posteriores de máximos tribunales más benignas, por aplicación analógica de lo dispuesto para el caso de leyes penales más benignas.

El autor  concluye que el Estado debe  reorientar la política criminal, de manera de concentrar esfuerzos en supuestos de gran escala, abordar el problema de consumidores y tenedores de droga mediante un paradigma que ponga el acento en el derecho a la salud y la educación, profesionalizar la policía y, sobre todo, capacitar a los operadores jurídicos.

La autora concluye que la última reforma del tipo penal de trata de personas ha producido que la figura básica no tenga espacio normativo de aplicación teniendo en cuenta el bien jurídico protegido.

El autor concluye que no puede utilizarse el  derecho penal para coercionar a las personas que ocupan predios públicos abandonados  dado que su uso en ese tipo de casos  tendría por finalidad irradiar una amenaza a quienes intenten realizar actos similares.

El autor sostiene que Gustavo Trovato acierta en cuanto considera incorrecta la inclusión de la figura del autolavado (opinión publicada en Diario DPI Penal Año 2 Nº 20)  y sostiene que este tipo de leyes son peligrosas dado que traducen un incremento del riesgo sobre la libertad.

El autor concluye que la justicia transicional en Colombia se ha convertido, paradójicamente, en un escenario funcional a la violencia que intenta superar puesto que para la paz no basta con una reforma constitucional o mecanismos formales y jurídicos para el tratamiento de los actores del conflicto.

El autor sostiene que la corrupción de los funcionarios públicos necesariamente debe ser tratada con herramientas propias del derecho penal y concluye que es necesario a tal fin contar con organismos independientes de persecución, que no dependan de los humores del Poder Ejecutivo o sean obsecuentes a este.

La autora sugiere que hay que dejar de lado la comprensión de la teoría jurídica del delito como fin en sí misma, para que ésta pase a erigirse en instrumento, en medio, puesto al servicio de los delitos de la parte especial y concluye que se debe estudiar, elaborar y mejorar las categorías dogmáticas, pero como presupuesto para resolver delitos particulares.

El autor concluye que no puede aplicarse la prisión preventiva en orden a la investigación del delito de resistencia a la autoridad y postula que la aplicación de la prisión preventiva debe resolverse atendiendo a parámetros objetivos tales, como la  escala penal del delito  y las exigencias  de la investigación.