Penal

El autor sostiene que por vía de superintendencia la casación manifestara en las sentencias que hacen lugar a recursos de acusadores contra decisiones tomadas en juicio (es decir, condenas directas o agravamientos), que el afectado tiene derecho a presentar un nuevo recurso de casación a ser resuelto por otra sala diferente y con un trámite sencillo.

El autor introduce el problema de la condena directa en casación mediante la evolución de la jurisprudencia a raíz de la decisión de la Corte IDH “Mohamed” y la relación que se entabla entre la Cámara y la CSJN.

La autora concluye que cualquier regulación estatal que castigue penalmente el consumo de drogas para uso personal y su tenencia es una regulación inconstitucional porque viola nuestro estatuto central de libertad. Asimismo, la prohibición de producción y comercialización de cualquier sustancia produce, automáticamente, que las mafias se apropien de ese mercado ilegal, produciendo sustancias sin ningún control de calidad, comercializándola clandestinamente con “mulas” y “punteros”, cobradores y, si la cosa se pone brava, sicarios.

El autor reflexiona sobre en qué modo las reglas de disponibilidad se conjugarán de modo válido con el particular ámbito de los delitos económicos, que en muchos casos se encuentran regulados por leyes especiales de fondo.

El autor sostiene que uno de los grandes cambios que trae aparejado el nuevo sistema es la recuperación de la posibilidad de las partes de litigar en defensa de sus derechos a diferencia del sistema actual (inquisitivo reformado) que no permitía a las partes litigar, ya que éstas estaban relegadas a una categoría de auxiliares del juez de instrucción que decidía sobre el mérito de su propia pesquisa.

El autor concluye que la afirmación de la criminalidad “mediática”, de que las maras actúan en Argentina, tiene como sentido evitar el costo de las políticas sociales, que deberán ser afrontadas por equidad, por las grandes corporaciones económicas.

El autor introduce la falacia literalista y concluye destacando la importancia de la interpretación de la norma y la elección del significado que se le atribuye, como un acto voluntario del que el intérprete debe hacerse “responsable” de esa atribución de significado, sin hacer responsable a la “norma” para desvincularse.

El autor en ocasión del caso del análisis del caso “T., M. s/ Recurso de Casación” de la Casación de la Provincia de Buenos Aires,  nos explica qué es interpretar y como a través de dicha interpretación los jueces pretenden no tener responsabilidad sobre las decisiones que adoptan.

Tras el caso “Tolosa” el autor analiza el bien jurídico protegido en el marco de las leyes locales y españolas, concluyendo que los argumentos del fallo contradicen el ordenamiento jurídico nacional e internacional por sus valoraciones contradictorias.

La autora plantea una mirada crítica sobre los proyectos legislativos que buscan soluciones al problema del acoso callejero a través de su penalización y, en términos generales, propone que sea cuestionado el uso del sistema penal como instrumento de reivindicación de los derechos de las mujeres.