Derecho Público

El autor comenta el pronunciamiento de la CSJN en la causa “A.C.A.R.A.” donde, eludiendo el requisito “sentencia de máximo tribunal”, decidió suspender el curso del proceso y los efectos de la medida cautelar ordenada. Concluye que el tribunal cambió el efecto de la concesión de los recursos por las cuestiones de origen federal involucradas en el caso.

El autor hace referencia a la necesidad de uniformar los criterios a partir de los cuales los operadores jurídicos toman decisiones en la fiscalización judicial. El autor concluye que para llegar a la CSJN debe existir una cuestión federal, que ésta debe ostentar trascendencia y que debe estar motivada en la necesidad de uniformar el derecho federal.

El autor recoge las distintas posturas que surgieron a partir del nuevo fallo de la CSJN en la causa “Fontevecchia”, que reanimó el debate sobre el alcance de las sentencias del Sistema Interamericano. Demostrando que no se ha incurrido en un debilitamiento de los derechos humanos, concluye que resta esperar a casos futuros para comprobar si el tribunal mantiene o no el cambio de postura.

El autor se pregunta si en los procedimientos de acción pública reconvertidos (con base legal o sin ella) en unos de acción privada, la causal de extinción de la penalidad conocida como “perdón del ofendido” resulta o no aplicable.

El autor interpreta los alcances de la prohibición que la Ciudad de Buenos Aires le dió al uso de agroquímicos en espacios públicos. Concluye que la poca flexibilidad de la norma dificulta la posibilidad de un debate participativo sobre presupuestos mínimos en la materia.

La autora hace referencia a las ejecuciones de multas tributarias cuando aún no hay sentencia firme. Concluye que los argumentos esgrimidos para justificar este proceder son insuficientes, además de que generan una utilización  ineficiente de los recursos públicos.

El autor repara sobre los distintos aspectos que encierra la restricción al acceso a la información, en caso de sumarios disciplinarios. Luego de analizar los roles de cada sujeto interviniente, concluye que la limitación de la información pública se propone evitar que el proceso se vea frustrado o entorpecido por su divulgación.

El autor desmitifica la relación supuestamente “intrínseca” existente entre el poder y la corrupción, opinando que los actos de personas que no tienen vocación de servicio a la comunidad no son resultado del poder mismo, sino de sus propias elecciones.

El autor analiza las reformas realizadas al Código Procesal Penal nacional en virtud de las Leyes N° 26.374 y 27.272, planteando una serie de inconsecuencias e interrogantes producidos tanto por la redacción de las normas como por la aplicación que de ellas hacen los tribunales.

El autor analiza las reformas realizadas al Código Procesal Penal nacional en virtud de las Leyes N° 26.374 y 27.272, planteando una serie de inconsecuencias e interrogantes producidos tanto por la redacción de las normas como por la aplicación que de ellas hacen los tribunales.