Derecho Público

El autor realiza una comparación entre el régimen de contrataciones del sector público nacional establecido en 2012 y las reformas incorporadas en 2016. Remarca los casos particulares, como la incorporación de las Universidades Nacionales, y concluye que las modificaciones apuntan a una mayor celeridad y eficiencia en las contrataciones, pilar fundamental para que la Administración pueda cumplir sus objetivos.

El autor repara sobre las distintas posturas acerca del asilo (la que lo considera un privilegio que da el Estado y la contraria, que lo reconoce como derecho fundamental). Luego de repasar la normativa convencional, concluye que por la disparidad entre quien pide el asilo y quien lo otorga, la comunidad jurídica en su conjunto debe vigilar los procedimientos administrativos y judiciales a fin de prevenir abusos sobre los derechos cometidos en un ambiente hostil a las migraciones forzadas.

En esta segunda parte, a partir de un reciente caso mediático que reavivó el debate sobre la procedencia de la legítima defensa, el autor desarrolla los lineamientos básicos de la doctrina donde existen limitaciones a este instituto por razones ético-sociales. Para concluir, advierte que la doctrina clásica ignora la problemática generada por situaciones que, si bien cumplen con los requisitos legales, desoyen la jerarquía de los bienes jurídicos establecida por los derechos humanos.

El autor toma un caso de contaminación hídrica de Brasil, considerado “desastre socioambiental” por su magnitud y consecuencias. Además, repara sobre el impacto expansivo que generó en distintos recursos naturales y para concluir afirma que el eje central debe estar en la forma en que reacciona el Estado frente a estos casos estructurando una respuesta.

En esta primera parte, el autor introduce en qué consiste la amnistía fiscal y cómo lesiona el principio de igualdad, dando mejores condiciones a los evasores de impuestos frente a quienes han cumplido con la ley. A partir de esto, explica la Ley 27.260 y el “Régimen de Sinceramiento Fiscal” y por qué será probablemente el último de los grandes “olvidos” fiscales.

Utilizando como disparador un fallo de la Provincia de Río Negro, el autor analiza la problemática de los estudios jurídicos frente a las atribuciones propias de la administración local, específicamente repara sobre el pago de la tasa por servicios generales. Concluye que las atribuciones del Colegio Notarial no pueden soslayar las propias del poder de policía local.

A partir del reciente fallo de la Cámara Nacional Electoral que invalidó la lista de un partido por estar integrado en su totalidad por mujeres, el autor deja su opinión sobre el tratamiento que se hizo de la herramienta del cupo y su relación con la problemática de grupos históricamente desaventajados. Cierra su comentario sosteniendo que el discurso jurídico formalista encubre un orden simbólico basado en machismo y misoginia, donde no se puede soportar que las mujeres ejerzan sus derechos políticos prescindiendo de los hombres.

Tomando como disparador un caso de robo que se ha mediatizado, el autor retoma el debate sobre la legítima defensa. Concluye que cada posición asumida es un indicador de una postura política, resultando relevante identificar el elemento que genera frente a este instituto divisiones entre los miembros de la sociedad.

Observando los distintos campos de actuación del derecho ambiental (ex ante) y el derecho penal (ex post), la autora repara sobre la complejidad que significa pensar el principio de solidaridad intergeneracional desde la actuación punitiva. Concluye que la creación de nuevos tipos penales que protejan el bien jurídico ambiente no serían útiles para lograr tal protección.

El autor comenta lo recientemente resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en la causa “De la Rúa”, en la cual hizo lugar al reclamo de restitución del impuesto a las ganancias retenido en oportunidad de pagarse la pensión vitalicia del actor, en su condición de ex Presidente de la Nación.