Derecho Público

El autor concluye su análisis en torno a la cuestión de si existe una diferencia entre una sanción administrativa y una penal, cuando lo que se pretende investigar es un mismo hecho cometido por una persona privada de su libertad sosteniendo que el Estado sólo puede reaccionar una vez por el mismo hecho con el objeto de aplicar una sanción a su responsable, cualquiera fuere la clase de sanción a imponer.

El autor analiza el Instituto del Amigo del Tribunal se encuentra regulado por la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 7/2013. El análisis se centra en el hecho de que la figura del Amigo del Tribunal parece ser hecha a medida de casos ambientales, muchos de los cuales resultan social, científica y técnicamente complejos y requieren de opiniones expertas que no siempre se encuentran al alcance del tribunal interviniente.

La autora cuestiona uno de los incisos del Artículo 3 de la Ley N° 26.944 de responsabilidad del Estado, el que establece los requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad e inactividad ilegítima. Al respecto, la autora sostiene que la norma es furiosamente estricta y limita los derechos de los particulares, dejándolos sin protección alguna.

El autor analiza la Ley sancionada por el Senado el 6 de agosto de 2008, que derogó, por unanimidad de los 60 senadores presentes, la ley que derogó el código de justicia militar. A partir de entonces los efectivos de las Fuerzas Armadas son juzgados por la Justicia Federal sobre la base de los códigos Penal y Procesal Penal. Entiende que estos cambios han significado un error conceptual que perdura y que implica desconocer las formas y el fondo de las funciones y deberes de los hombres de armas.

El autor avanza en el análisis sobre si existe una diferencia entre una sanción administrativa y una penal, cuando lo que se pretende investigar es un mismo hecho cometido por una persona privada de su libertad, mencionando ahora la jurisprudencia y derecho comparado en la materia.

El autor analiza las normativas ambientales vigentes de Paraguay en la Ley Nº 96/92 “De Vida Silvestre” sobre las importantes sanciones que se encuentran allí previstas para la cacería de animales silvestres. Además, nos cuenta acerca del régimen de multas establecido en el Decreto 2598/14 y la responsabilidad de la Ley  Nº 716/96.

El autor analiza si resulta aplicable para el Tribunal Fiscal de la Nación lo normado por la Ley N° 27.439, que instaura un nuevo Régimen de Subrogancias para la integración transitoria de los “tribunales inferiores de la Nación”. Al respecto, sostiene que si bien no hay duda que en sus orígenes este Tribunal fue concebido como un tribunal administrativo, en la actualidad es un verdadero Tribunal de Justicia Nacional.

La autora analiza si la revocación de un contrato administrativo ante el cambio de las circunstancias de hecho relevantes constituye una hipótesis de valoración del mérito, oportunidad o conveniencia o bien un supuesto de ilegitimidad sobreviniente.

El autor analiza la idea de Juan Pablo II en “Veritatis splendor” sobre que hay una ley moral con normas que no tienen excepción, en que hay acciones intrínsecamente malas, y que ante el argumento de que ciertas acciones discutibles pueden ser justificadas por sus consecuencias o porque generan más bien que mal, ya que nadie puede obrar mal para alcanzar el bien.

El autor analiza si existe una diferencia entre una sanción administrativa y una penal, cuando lo que se pretende investigar es un mismo hecho cometido por una persona privada de su libertad. A esos fines, reflexiona acerca de los puntos de confluencia entre estas dos ramas del Derecho, los principios de la potestad sancionatoria en ambos, entre otros factores.