Derecho Público

La autora realiza un análisis exhaustivo acerca del proceso de legalización del aborto y la manera en el debate revaloriza una política que trasciende a los partidos políticos. Relaciona el proyecto de ley y su repercusión en la sociedad con la representación de poderes, la representatividad, el sistema bicameral y el federalismo. Concluye que este proyecto de ley nos brinda la oportunidad de evaluar el funcionamiento republicano, tanto de los partidos políticos como del senado en nuestra democracia, y de repensar en las posibilidades de un modelo mejorado de representatividad, de institucionalización de la política, y de pesos y contrapesos, es decir en una nueva división de poderes.

En esta segunda parte, el autor analiza la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto al tema bajo análisis, haciendo especial hincapié en los tres requisitos establecidos por dicho Tribunal para analizar la trascendencia de la injerencia en la vida privada de las personas.

El autor analiza la sentencia número 230-18-SEP-CC dictada por la Corte Constitucional del Ecuador el pasado 27 de junio del 2018, a través de la cual se negó la acción extraordinaria de protección planteada por la empresa Chevron y se declaró la no existencia de vulneración de derechos constitucionales, quedando firme la sentencia que condenó a la petrolera estadounidense a pagar 9.500 millones de dólares por daños ambientales causados entre los años 1970 y 1992. Se trata del más reciente leading case del derecho constitucional ambiental latinoamericano.

En la segunda parte de su análisis, el autor se centra en las diferencias existentes entre los distintos tipos de tributos. De la misma manera, observa los distintos principios constitucionales que establecen límites al sistema tributario municipal y finaliza con un estudio pormenorizado del régimen de coparticipación de recursos fiscales entre provincias y municipios.

A raíz del dictado de una Disposición de la Dirección General del Registro Civil de la CABA que resuelve la no obligatoriedad del certificado médico prenupcial exigido por una Ley Nacional, el autor analiza el resto de las normas vigentes en la materia, y el obrar de la Administración en beneficio del ciudadano.

El autor analiza la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Suprema y entiende que en nuestro sistema constitucional nacional el juez, en principio, no está obligado a seguir las interpretaciones reiteradas y concordantes que él mismo u otros jueces superiores hayan dado a una norma. Añade que no rige en el ámbito judicial argentino el principio del derecho norteamericano conocido como “stare decisis”, en cuya virtud los pronunciamientos judiciales cuentan con carácter vinculante respecto de casos futuros. Concluye que disiente con la frecuente aseveración en el sentido que hay un deber de los jueces  de conformar las decisiones a los criterios de la Corte federal.

El autor analiza un caso ocurrido en los Estados Unidos, en el cual se discutió si, en relación a lo normado por la IV Enmienda de dicho país, resulta válido como prueba la obtención de una muestra de ADN extraída a una persona que se encontraba bajo custodia de la policía a partir de su detención por asalto.

El autor analiza de qué manera la Secretaría del Ambiente- SEAM (Autoridad Ambiental Nacional paraguaya) prosigue con acciones legales sobre aquellos infractores ambientales que no han pagado las multas aplicadas por la Autoridad Ambiental como consecuencia de los sumarios administrativos concluidos y que fueran motivados por incumplimientos a varias normas ambientales.

El autor analiza la diferencia existente entre la situación salarial de los trabajadores del Tribunal Fiscal de la Nación, y la de aquellos que prestan similares servicios en el Poder Judicial. En este sentido, sostiene que la normativa salarial aplicable al Tribunal Fiscal encubre un tratamiento diferencial para con sus empleados, que carece de apoyo constitucional y debe remediarse en la faz legislativa de modo urgente.

El autor analiza la problemática actual en torno a la brecha digital existente entre la población de nuestro país, destacando la importancia de llevar adelante reformas en las leyes de procedimiento administrativo que coadyuven a cambiar este escenario. Concluye con varios interrogantes acerca de las “ventanillas de la Administración” que nos invitan a pensar nuestro actual situación.