Derecho Público

El autor concluye que en materia ambiental se fue ampliando el universo de sujetos legitimados y que fueron atemperándose las barreras procesales en los casos en que están involucrados derechos colectivos.

El autor comenta lo recientemente resuelto por la CSJN en “Obra Social de Docentes Particulares”, en cuanto terminó de zanjar la cuestión relativa a si las ejecuciones de aportes iniciadas por obras sociales en los términos de la Ley 23.660 están gobernadas por la Ley 11.683 o por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La autora sostiene que el problema generado al aplicar normas internacionales y la tensión entre jueces, Administración y órganos legislativos requiere una mutua comprensión de que la responsabilidad por el cumplimiento de los derechos humanos compete a todos los poderes del Estado.

El autor concluye que las sanciones disciplinarias, aplicadas a las partes en el marco de los procesos judiciales o administrativos, deben ser revisadas para evitar que porciones del poder queden afuera del orden jurídico.

El autor concluye que no puede utilizarse el  derecho penal para coercionar a las personas que ocupan predios públicos abandonados  dado que su uso en ese tipo de casos  tendría por finalidad irradiar una amenaza a quienes intenten realizar actos similares.

La autora concluye que  frente al “ ecocentrismo” – teoria que valora todas las formas de vida, tanto humana como no-humana –  resulta necesario amplíar la mirada cultural para abrir las puertas a nuevas concepciones, percepciones y valoraciones del entorno ambiental.

Los autores analizan el fallo “Camaronera Patagónica S.A.” de la CSJN y concluyen que posibilita que el Congreso Nacional otorgue un margen válido de actuación al Poder Ejecutivo en lo que refiere a la determinación del aspecto cuantitativo de las obligaciones tributarias en el marco de su potestad reglamentaria (art. 99, CN).

El autor sostiene que se está generando un conflicto respecto de la aplicación del régimen general de contrataciones de la Administración Pública Nacional al ámbito de las Universidades Nacionales y concluye que, tratándose de norma legales específicas, su interpretación y eventualmente constitucionalidad deben ser prudentemente desentrañadas.

El autor concluye que debe darse no sólo un debate sobre los intereses reales del discurso descalificador del juicio por jurados en que se compute el instituto con las garantías fundamentales sino también debe honrarse la decisión del constituyente de erigir a la ciudadanía en actor protagónico de labor jurisdiccional.

El autor sostiene que Gustavo Trovato acierta en cuanto considera incorrecta la inclusión de la figura del autolavado (opinión publicada en Diario DPI Penal Año 2 Nº 20)  y sostiene que este tipo de leyes son peligrosas dado que traducen un incremento del riesgo sobre la libertad.