Derecho Público

El autor sostiene que las “cuestiones políticas no justiciables” (es decir, asuntos que no deben ser invalidados por los jueces), ponen en juego la fibra moral de los magistrados, si aceptan la doctrina y se resuelven a aplicarla -o no- en un caso concreto, teniendo que enfrentarse a veces a la “opinión pública” y a los gobernantes políticos de turno, o a ambos a la vez.

El autor concluye que la aplicación estricta del principio de nullum crimen sine lege en la interpretación de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), no apoya la expansión varietal de la destrucción genocida.

El autor sostiene que el Congreso se equivoca, o rehúye sus obligaciones, cuando “exhorta” a las jurisdicciones y es él quien debe actuar poniendo en obra la competencia (derecho-deber) que le asigna el art. 41 C.N. debiendo establecer un marco legal específico de protección ambiental en la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales.

El autor comenta con tono crítico un reciente pronunciamiento de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, en el cual se rechaza la aplicación del precedente “Filcrosa” de la CSJN sobre la base de que el nuevo Código Civil, no entrado aún en vigencia, remite a la legislación local en materia de prescripción.

El autor sostiene que respecto del contenido de la ley, corresponde hablar de inconveniencias y errores, y no de soluciones inconstitucionales, y propone como pregunta si preferimos que la responsabilidad del Estado se rija por una ley imperfecta o  por jurisprudencia imperfecta.

La autora señala preguntas que hubieran sido oportunas en la audiencia pública en el Senado en la que los representantes de las provincias argentinas y de la CABA tuvieron la oportunidad de preguntarle al candidato a integrar la CSJN.

El autor sostiene que la sanción penal de los comportamientos violentos hacia las mujeres las coloca en el escenario público, los visibiliza y concluye que la detección de la problemática es muy importante puesto que esos hechos se producen en el ámbito de lo privado y esto por muchos años conllevó la inacción y  encubrimiento de  parte de las autoridades públicas.

Los autores sostienen que todas las administraciones públicas (en todos sus niveles) poseen una gran incidencia en todo lo relacionado a mitigar los impactos negativos sobre el medio ambiente, que van desde el establecimiento de políticas públicas hasta acciones más pequeñas como pueden ser el establecimiento de normas para sus compras.

El autor analiza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires  en el caso “Libertad S.A. c. AGIP”, dónde se sentó a nivel local la doctrina según la cual las decisiones que los órganos del Convenio Multilateral adopten en el marco de casos concretos son pasibles de ser revisados judicialmente.

El autor analiza la reciente ley por la cual se declara de “interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas y concluye que los cambios operados son de cierta trascendencia en una curiosa mezcla entre el incremento de la intervención estatal y una liberalidad en la utilización de la vía (red) que introduce en nuestro país la posibilidad de que exista un servicio público prestado en competencia.