El autor sistematiza cuáles han sido los standares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido en materia de facultades disciplinarias por parte de la Administración Pública para lograruna moderación entre la transparencia pública y el respecto a los derechos esenciales del hombre, teniendo como principal norte luchar contra la corrupción.

El autor concluye que en ausencia de un mandato constitucional explícito que defina las condiciones, límites y alcances del control de constitucionalidad, se deja librado a la voluntad de la Corte Suprema el diseño de una cuestión de máxima importancia, siendo necesaria, para frenar este avance, una próxima reforma constitucional con un diseño metodológico que contemple expresamente el instituto en cuestión.

El autor analiza si es un requisito exigible poseer título de abogado para ser integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, a raíz de la reciente asunción como integrante del mismo de un senador que es el primer miembro de su historia que no cuenta con dicho título.

El autor describe el funcionamiento del régimen de Boleta Única Electrónica adoptado en la CABA y concluye en que el mismo implica un paso más en la transparencia y en el constante desafío de producir legitimidad.

El autor describe como en el ámbito de la Provincia de Córdoba, mediante el dictado de la Ley N° 10.155 y su Decreto Reglamentario 305/2014, se estableció un nuevo Régimen de Compras y Contrataciones, propiciándose la incorporación de tecnología informática.

El autor sostiene que existe una cuarta categoría de derechos que nace como consecuencia de la evolución científica y técnica, y del fenómeno de la globalización y analiza las ventajas y riesgos que importan los mismos para el Estado.

La autora concluye que la Corte Suprema cumple una doble función: por un lado, una función eminentemente jurisdiccional, en tanto tribunal de justicia, pero también, por el otro, una función política, en tanto poder del Estado.

El autor explora la posibilidad de aplicar el principio de progresividad y de prohibición de la regresividad -que rige la interpretación en materia de derechos económicos sociales y culturales- como un criterio para el escrutinio de constitucionalidad y convencionalidad de la nueva ley de responsabilidad del Estado.

El autor comenta que en el último encuentro de Profesores  de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional se presentó un “Muestreo sobre la enseñanza del Derecho Constitucional”, realizado por las Dras. Susana Cayuso (UBA) y Cecilia Recalde (UCA), y concluye que el núcleo central de los contenidos mínimos que debe tener la asignatura es el principio de supremacía constitucional y la fuerza normativa de nuestra Ley Fundamental.

La autora comenta la reciente sentencia del llamado “habeas internet”, y concluye en que la discusión del derecho a la privacidad en la web, provoca un problema de superposición de regulaciones locales y federales.