El autor explora la posibilidad de aplicar el principio de progresividad y de prohibición de la regresividad -que rige la interpretación en materia de derechos económicos sociales y culturales- como un criterio para el escrutinio de constitucionalidad y convencionalidad de la nueva ley de responsabilidad del Estado.

El autor comenta que en el último encuentro de Profesores  de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional se presentó un “Muestreo sobre la enseñanza del Derecho Constitucional”, realizado por las Dras. Susana Cayuso (UBA) y Cecilia Recalde (UCA), y concluye que el núcleo central de los contenidos mínimos que debe tener la asignatura es el principio de supremacía constitucional y la fuerza normativa de nuestra Ley Fundamental.

La autora comenta la reciente sentencia del llamado “habeas internet”, y concluye en que la discusión del derecho a la privacidad en la web, provoca un problema de superposición de regulaciones locales y federales.

El autor analiza los primeros pasos de la Corte en oportunidad de la celebración del 151 aniversario del Máximo Tribunal del país, creado por la Constitución de 1853.

Los autores analizan si el Estado tiene o no derechos fundamentales, inclinándose por la respuesta afirmativa cuando aquéllos encuentren su justificación en los mismos “derechos-razones” en los que se fundamentó su reconocimiento para los individuos.

El autor analiza las dificultades que existen para que el Consejo de la Magistratura funcione como institución, y concluye que es casi imposible que lo haga deseablemente en un futuro mediato.

La autora estudia una acción ante la Corte Constitucional que persigue la declaración de inconstitucionalidad del art. 81 de la Ley 9.504/97, que permitea  las personas jurídicas realizar donaciones para las campañas electorales y para los partidos políticos, y concluye que por más de que dicha declaración implique una moralización externa, será ineficaz si se considera la verdadera raíz del problema: la falta de una ética interna de la clase política.

El autor concluye que si bien la reforma constitucional de 1994 modernizó nuestro sistema, en la etapa pos constituyente no hemos tenido más que un cumplimiento deficiente y parcial de la Ley Suprema; y propone la educación popular y democrática como camino para superar el subdesarrollo político y jurídico que padecemos.

El autor critica el instituto de la prisión preventiva a la luz del  principio de proporcionalidad. Entiende que no existe un conflicto de intereses y que el  encarcelamiento con vocación de castigo ejemplar es una manera perversa de la venganza quese utiliza como una falsa pedagogía social.

La autora enumera los diversos factores que han contribuido a la expansión de la justicia constitucional,  poniendo de manifiesto que la misma avanza desmedidamente sobre las atribuciones de los órganos legislativos y ejecutivos, lo cual dificulta la separación de poderes.

Fe de erratas: en el Diario Constitucional, Año 2, Nº 35, del  Lunes 01 de septiembre de 2014, el autor de Doctrina en 2 Páginas que debió consignarse es José Ignacio López.