El autor concluye que la potenciación de la autonomía de la persona que realiza la Corte Suprema deriva en una lógica inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 11 de la ley 26.742 y del art. 60 del Código Civil y Comercial en aquellos casos en donde las personas deseen disponer de la vida como parte de su plan de vida y en pos de construir una biografía digna.

El autor concluye que convencidos del poder que su investidura representa para la moderación de disímiles y contrarias pretensiones sociales, la magistratura norteamericana continua hoy reconociendo nuevos derechos a partir de un texto que con mas de 200 años de antigüedad sigue resultando novel y  autosuficiente para el pueblo estadounidense.

El autor acerca algunas reflexiones sobre el vínculo entre la economía y el derecho constitucional de los ciudadanos a vivir en un medioambiente sano, ya que como se sabe, la relación entre economía y medioambiente es tensa y compleja y en los últimos tiempos, se ha privilegiado el desarrollo económico por sobre la conservación de la naturaleza.

El autor concluye que la ley 26.854, que regula las medidas cautelares dictadas en contra el Estado Nacional, ha revitalizado la figura del amparo en el ámbito del derecho público, como medio para lograr el restablecimiento del bloque de derechos constitucionales.

El autor concluye que la interposición del remedio federal tiene efecto suspensivo lo que impide que la sentencia pueda ser ejecutada hasta tanto el máximo tribunal de la causa no se pronuncie sobre su  concesión o rechazo.

El autor sostiene que entre las ventajas de la planificación económica, pueden mencionarse la racionalización del intervencionismo de los poderes públicos; desde la visión del sector privado  el plan otorga orientación y coordinación, aumenta la certidumbre y previsibilidad; la coordinación de las fuerzas dispersas y la función de control.

El autor sostiene que el contexto actual configura una excusa propicia para pensar sobre cómo deberíamos llevar adelante el proceso de selección de un ministro de la Corte Suprema en el interés genuino en construir y afianzar la institucionalidad en nuestro país y analiza particularmente la cuestión de qué lugar debe jugar la ideología de un juez en ese proceso de selección.

El autor se pregunta cuál es la diferencia entre los reglamentos autónomos y los decretos ejecutivos y concluye que los primeros deben utilizarse para la regulación de aquellas materias propias del ejercicio de función administrativa mientras que los decretos ejecutivos traducen el ejercicio de una atribución legislativa que el texto constitucional le atribuye al Poder Ejecutivo y que consiste en reglar los pormenores de la ley.

El autor concluye que la estrategia de atrincherar normas constitucionales parece ser un intento de plasmar en la práctica las críticas que el constitucionalismo político le formuló al procedimentalismo jurídico, ya que para evitar que se produzca el quiebre de un orden político y jurídico que se juzga  valioso, acaso porque expresa un compromiso con la democracia y los derechos humanos, se procura limitar los alcances de una posible reforma constitucional.

El autor concluye en que la democracia no debe agotarse en el ejercicio para definir una representación política imperfecta, sino que tiene que consistir en la presencia viva del pueblo y sus miembros, cuyo contenido, la mayor y más activa vigencia de los derechos fundamentales, se manifiesta así, sin intermediarios.