El autor postula que todos aquellos derechos que tengan la virtud de fortalecer o hacer a la esencia de la república democrática gozarán de un escrutinio estricto -cuya intensidad dependerá de algunas otras circunstancias- a la hora del control jurisdiccional de su reglamentación legal.

La autora repasa la consagración jurisprudencial de la Corte respecto del derecho a la reparación integral, fundado en normas constitucionales, y concluye que representa sin dudas uno de los pasos más importantes en la protección de la víctima, coherente con la visión moderna de la responsabilidad civil, cuyo eje no puede girar en torno al dañador, sino que debe tomar como epicentro del sistema al damnificado.

El autor se muestra crítico de que en la integración de juntas electorales municipales se cuente con jueces provinciales y las ciudades deben dar una seria respuesta que evite cuestionamientos sobre futuros procesos eleccionarios.

El autor concluye que está de acuerdo con la idea de proponer y construir un derecho público más igualitario y democrático, lo que puede lograrse haciendo más flexible el principio de juridicidad o de legalidad dejando de lado, incluso, la utilización de técnicas jurídicas clásicas tales como el control de constitucionalidad de normas  o la declaración de nulidad de actos administrativos,  o también, limitando la discrecionalidad  para dotar de eficacia real a los derechos fundamentales.

El autor sostiene que a raíz de la sentencia de la CSJN “Municipalidad de Berazategui” se plantea la necesidad de establecer un registro público de acciones colectivas, con el fin de organizar el funcionamiento de las mismas, tanto en la justicia nacional como federal y se interroga si frente al nuevo Registro, reglamentación emitida por la Corte Suprema, estamos ante una ampliación en la operatividad del instituto contenido en el art. 43 de la Constitución Nacional.

Los autores concluyen que la interpretación de la cláusula legal relativa a la vigencia temporal de las medidas cautelares frente al Estado parece valiosa porque se ajusta a los estándares de hermenéutica de las leyes que ha delineado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El autor sostiene que de las discusiones teóricas sobre el originalismo estadounidense actual se pueden extraer elementos para sentar las bases sobre las cuales podría descansar una justificación de la interpretación dinámica o evolutiva de la Constitución y sobre los límites de una interpretación evolutiva o dinámica del texto constitucional.

El autor sostiene que es una preocupación actual de todos los estamentos de la sociedad que el Ministerio Público jamás ha estado tan cerca del Poder Ejecutivo en los últimos treinta años desde que regresamos a la vida democrática en 1983 y concluye que de sugerir una reforma sería el regreso a la antigua situación, cuando el Ministerio Público formaba parte el Poder Judicial.

El autor sistematiza cuáles han sido los standares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido en materia de facultades disciplinarias por parte de la Administración Pública para lograruna moderación entre la transparencia pública y el respecto a los derechos esenciales del hombre, teniendo como principal norte luchar contra la corrupción.

El autor concluye que en ausencia de un mandato constitucional explícito que defina las condiciones, límites y alcances del control de constitucionalidad, se deja librado a la voluntad de la Corte Suprema el diseño de una cuestión de máxima importancia, siendo necesaria, para frenar este avance, una próxima reforma constitucional con un diseño metodológico que contemple expresamente el instituto en cuestión.