La autora examina las proyecciones en materia de competencia a raíz de que la ley 26.773  reinstala la opción entre las indemnizaciones tarifadas por ella y las derivadas de otros sistemas de responsabilidad, entre los que queda incluida la llamada “opción civil”.

El autor concluye que no deben abonarse los salarios de los días no trabajados por ejercer el derecho constitucional de huelga, salvo que exista represalia que busque desalentar el ejercicio de tal derecho

La autora sostiene, a raíz de que recientemente en la República del Perú se debatió un proyecto de ley que establece la creación de un “bono laboral” no remunerativo, que el proyecto comentado comienza a recorrer un camino que la Argentina ya transitó con la introducción de los beneficios sociales no remunerativos, que terminaron cristalizados en el art 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo en el año 2007.

El autor sostiene que la legislación laboral protectoria de las mujeres, diseminada en todos los estratos jerárquicos, abarca diferentes etapas del contrato de trabajo y concluye que el mayor desafío es que los diversos actores sociales internalicen sus preceptos.

El autor concluye que, de cara a los nuevos niveles de desempleo y los que se utilizaron como referencia en materia de duplicidad indemnizatoria, algún sector de la doctrina podría interpretar que la ley 25972 en su artículo 4 vuelve a tener vigencia, sin necesidad del dictado de decreto o norma alguna.

La autora concluye que el problema de la carga de la prueba de la discriminación laboral se resuelve a través de la interpretación flexible del art. 377 del C.P.C.C.N. que conlleva el mecanismo de las presunciones judiciales, no se invierte la carga de la prueba, por cuanto el trabajador debe aportar indicios suficientes para que se genere la presunción discriminatoria.

La autora analiza las modalidades y normas atinentes all “teletrabajo” y sostiene que se presenta como una respuesta a las nuevas necesidades de la empresa u organización, como así también un modo de conciliación entre la vida familiar y la vida laboral del trabajador.

La autora concluye que la proporción de los gastos generados por el uso personal del teléfono celular otorgado por el empleador, sin que estuviera prohibida su utilización particular, son remuneración en especie y por lo tanto integran la base de cálculo de la indemnización por despido.

La autora sostiene que el Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL) es una vía rápida y expedita para el trabajador que le permite contar con un documento que constata su situación laboral y nivel de ingresos, y concluye que la obligación de entregar certificaciones o constancias documentadas que establece el art 80 LCT ha perdido toda utilidad práctica.

La autora analiza los cambios introducidos por la ley Nº 26.844 al régimen especial de contrato de trabajo para personal de casas particulares.