Laboral

La autora concluye que de acuerdo al art  992 del nuevo C.C y C., y por aplicación analógica de art 85 LCT, ambas partes quedan obligadas, con fundamento en el deber de buena fe, a guardar secreto respecto de las cuestiones que le hayan sido reveladas en el marco de las tratativas precontractuales, y que, en algunos casos, quedan cristalizadas en las cartas de intención.

El autor señala que la AFIP debiera reproducir lo indicado por la Procuración del Tesoro de la Nación y emitir una Circular, que suceda a las existentes, adecuada a los lineamientos de la sentencia “Negri” de la CSJN.

La autora señala que  la “exceptio non adimpleti contractus” –  art. 1031 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y la “tutela preventiva” – art. 1032 – son aplicables al Derecho del Trabajo, pues no existen incompatibilidades, y encuentran su fundamento en lo dispuesto en el art 10 de la LCT, en lo atinente a la conservación del contrato.

El autor sostiene la conveniencia del dictado de una normativa integral que regule la problemática, buscando una solución preventiva y curativa ya que tratándose de una cuestión ajena al empleador, la sanción expulsiva es posible en tanto constituya el actuar del trabajador un peligro para sus compañeros o terceros, aún cuándo sea cuestión que excede el ámbito de la relación laboral.

La autora señala algunos inconvenientes que pueden plantearse en materia de salud en el teletrabajo como ser el aislamiento, la falta de motivación, el sentimiento de marginación, la fatiga visual, la carga postural (en nuca, cuello, espalda y cintura), y la aparición de enfermedades como fatiga mental y neurosensorial, así como herramientas normativas tendientes a reducir su impacto.

El autor estudia la Resolución General (AFIP) N° 3.770/2015 que establece un procedimiento especial para el cálculo de las retenciones del impuesto a las ganancias para las rentas encuadradas en la 4º categoría  que implica la reducción progresiva para los asalariados y jubilados con remuneraciones y/o haberes brutos mensuales superiores a $15.000 y que no superen $ 25.000 en un período base.

La autora concluye que los plenarios ya dictados por la CNAT (que son más de trescientos) habrán de mantenerse vigentes hasta tanto sean dejados sin efecto, modificados o ampliados por la nueva doctrina de los pronunciamientos de la Cámara de Casación Federal y Nacional del Trabajo y la Seguridad Social.

La autora analiza cuáles son los cambios en la forma y modalidades de la prestación del trabajo que alteran las condiciones laborales esenciales y que, por lo tanto, autorizan al trabajador a exigir el restablecimiento de las mismas o a considerarse despedido.

La autora sostiene que desde que el Decreto Nº 472/14 fue publicado ya ha pasado más de un año y lejos de lograr la claridad y seguridad jurídica que el sistema de riesgos del trabajo necesita, su dictado generó posturas doctrinarias y jurisprudenciales encontradas y diversas declaraciones de inconstitucionalidad.

La autora sostiene que  los arts. 4º último párrafo, 17 inc 2º de la ley 26.773 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y recientemente, el art. 1º de la ley 8452 en la Provincia de San Juan, son normas que establecen una nueva competencia para las acciones de reparación por infortunios del trabajo fundadas en el Código Civil, y salvo que se vulnere alguna atribución constitucional, el legislador puede establecer la que mejor considere.