Laboral

La autora señala algunos inconvenientes que pueden plantearse en materia de salud en el teletrabajo como ser el aislamiento, la falta de motivación, el sentimiento de marginación, la fatiga visual, la carga postural (en nuca, cuello, espalda y cintura), y la aparición de enfermedades como fatiga mental y neurosensorial, así como herramientas normativas tendientes a reducir su impacto.

El autor estudia la Resolución General (AFIP) N° 3.770/2015 que establece un procedimiento especial para el cálculo de las retenciones del impuesto a las ganancias para las rentas encuadradas en la 4º categoría  que implica la reducción progresiva para los asalariados y jubilados con remuneraciones y/o haberes brutos mensuales superiores a $15.000 y que no superen $ 25.000 en un período base.

La autora concluye que los plenarios ya dictados por la CNAT (que son más de trescientos) habrán de mantenerse vigentes hasta tanto sean dejados sin efecto, modificados o ampliados por la nueva doctrina de los pronunciamientos de la Cámara de Casación Federal y Nacional del Trabajo y la Seguridad Social.

La autora analiza cuáles son los cambios en la forma y modalidades de la prestación del trabajo que alteran las condiciones laborales esenciales y que, por lo tanto, autorizan al trabajador a exigir el restablecimiento de las mismas o a considerarse despedido.

La autora sostiene que desde que el Decreto Nº 472/14 fue publicado ya ha pasado más de un año y lejos de lograr la claridad y seguridad jurídica que el sistema de riesgos del trabajo necesita, su dictado generó posturas doctrinarias y jurisprudenciales encontradas y diversas declaraciones de inconstitucionalidad.

La autora sostiene que  los arts. 4º último párrafo, 17 inc 2º de la ley 26.773 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y recientemente, el art. 1º de la ley 8452 en la Provincia de San Juan, son normas que establecen una nueva competencia para las acciones de reparación por infortunios del trabajo fundadas en el Código Civil, y salvo que se vulnere alguna atribución constitucional, el legislador puede establecer la que mejor considere.

La autora sostiene que  sin un marco legal adecuado, inversores en rubros que requieran alta inversión en tiempo y dinero, podrían decidir desarrollar sus actividades en otras jurisdicciones donde exista una mayor protección para dicho tipo de negocios.

La autora repasa las tendencias jurisprudenciales sobre la temática y concluye proferir un insulto a un superior es un comportamiento que quiebra el respeto que debe imperar en toda relación humana, no siendo justo exigir al empleador que aplique sanciones menores cuando se haya quebrado el núcleo de buena fe entre las partes y se haya provocado en la víctima un importante daño moral.

La autora concluye que una adecuada armonización del derecho a la intimidad del trabajador y de las facultades de dirección, organización y poder sancionatorio de la empresa requiere que el control del uso de los emails corporativos cumpla con ciertas pautas de razonabilidad (en cuanto a la intensidad de la medida) y con la notificación previa de las políticas empresariales.

La autora concluye que en el caso de incapacidad absoluta del trabajador derivada de un accidente o enfermedad inculpable se trata de una consecuencia ajena al trabajo y por lo tanto se descarta que haya mediado culpa del trabajador y del empleador y por esta razón, habría sido razonable que dicha contingencia fuese soportada desde la Seguridad Social.