Home / Area / SECCIÓN ESPECIAL: PERÚ Diario Constitucional y Derechos Humanos Nro 182 – 19.03.2018


SECCIÓN ESPECIAL: PERÚ

Perú y crisis de gobernabilidad – Corrupción política, brechas legislativas y tecnológicas conspiran contra el Estado de Derecho y el desarrollo nacional (Parte V)

Por Enrique Peramás Díaz*

IDEAS DE REFORMA EN PRO DEL DERECHO PÚBLICO

Como se habrá podido advertir, la corrupción política ha tenido manifestaciones permanentes de alta y baja densidad a lo largo de la historia peruana y, pese a los grandes esfuerzos públicos y privados que derivaron de políticas públicas anticorrupción y en el destino de ingentes fondos para detener su dinamismo y mitigar sus efectos en la economía y en bienestar social de millones de peruanos, las denuncias de abuso de poder y actos de corrupción no terminan de indignar a la población.

Claro está que estamos frente a un problema de carácter multidimensional y complejo por el tipo de modalidades de corrupción y por el número de personas que convienen en hacer mal uso de las funciones encomendadas a cambio de entrega de sobornos y dádivas que luego son cargadas o incorporadas a los contratos como obligaciones derivadas de actividades y precios no advertidos, ex profesamente ni en los estudios ni en los expedientes técnicos que sirvieron para discutir los contratos de concesiones y de ejecución de las obras y servicios públicos.

De modo que en armonía con las recomendaciones que hace Transparencia Internacional (2017) que coinciden con aquellas que hacen organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la misma ONU, en el sentido de que, es imperativo que los Gobiernos adopten medidas para reducir el soborno en los servicios públicos, facilitar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, fortalecer las instituciones policiales y de Justicia, limpiar la policía y proteger a los denunciantes, explican la idea de avanzar en la reforma radical del Estado para favorecer una mejor organización en el territorio y una renovada política de gasto social y de inversión pública sobre la base de realizar objetivos de desarrollo sostenible a largo plazo, tal como lo propone la ONU en la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030.

La actual política de redistribución del ingreso nacional con enfoque de compensación social debe dar paso a una política pública de presupuesto e inversión pública con enfoque territorial, es decir, concertar y concentrar la acción del Estado a través de los tres niveles de Gobierno en el aprovechamiento de las potencialidades de desarrollo como son los recursos naturales existentes en las jurisdicciones territoriales (local, regional y nacional) para promover y apoyar la expansión de las oportunidades de empleo y de vida a la población; así como también, dar mayor atención presupuestal a los Sistemas de Justica y de Control para que puedan realizar los programas y actividades de lucha contra la corrupción que hoy no tienen trato preferente en las partidas de gastos de inversión.

Hay también, la idea de que los esfuerzos públicos tanto del Ejecutivo y del Congreso como de las organizaciones sociales renueven un pacto social contra la corrupción y se apruebe, de una buena vez, las enmiendas a la actual Constitución que limita al Estado en las tareas de regular el óptimo funcionamiento del mercado. Aquí como bien lo sostiene el laureado economista Joseph Stiglitz (2012) en su célebre obra “El precio de la desigualdad”, los mercados por si solos no son ni eficientes ni estables y que la renuncia de la política a la regulación limitándose al rol promotor, ha provocado la profundización de la desigualdad social en todo el mundo, con mayor efecto en los países pobres.

La visión de J. Stiglitz no es ajena a la realidad que ha vivido el Perú desde que en 1992 abrazó con fervor el modelo liberal de crecimiento económico y confinó el rol del Estado al de simple observador del libre juego del mercado, es más, los modelos de contratación de obras y servicios públicos una vez que se desactivó el Sistema Nacional de Planificación y su órgano rector cuyas funciones asumió el Ministerio de Economía y Finanzas –MEF entre otros organismos del Gobierno Nacional, implicó la desactivación de las Regiones y la recentralización de las decisiones sobre presupuesto y financiamiento público, una situación que se remedió en parte en 2001.

A partir de ese año, el actual proceso de descentralización apoyado en el proceso de modernización de la gestión pública propuso al país la implementación y gestión de una administración pública realmente descentralizada para, en mejores condiciones, dimensionar la acción del Estado en beneficio de los derechos ciudadanos, pero al año 2004 se introdujeron cambios imprevistos que han impedido avanzar en la descentralización fiscal con cuya medida se buscaba asegurar fuentes de financiamiento e ingresos a los Gobiernos Regionales y Locales para que puedan cumplir con las funciones sectoriales transferidas del nivel Nacional.

En los años siguientes al 2007 y particularmente a partir de 2011 hasta la fecha, la correlación de fuerzas políticas en el Congreso de la República ha sido cambiante y carente de legitimidad como para asumir la difícil tarea de construir consensos para sostener un debate firme y que derive en leyes y normas necesarias que se requieren para promover y apoyar los procesos de descentralización y de modernización de la gestión pública que hoy están incomprensiblemente paralizados y sin un rumbo definido, pese a que ya van cuatro alternancias del poder y se avecina la quinta para el periodo 2019-2022, todo esto, en medio de incesantes denuncias de abuso de poder y de actos de corrupción que involucra a cientos de autoridades y funcionados cesados o en funciones.

Es por eso que resulta una ironía del destino saber que el Congreso se apresta a hacer una nueva modificación del Sistema Electoral que ya ha sufrido más de 30 enmiendas desde su aprobación a mediados de la década de los 90 del siglo XX. También resultan inocuas la legislación y la regulación que no comprende al sistema político puesto que temas sensibles como la democracia interna, permanencia y presencia nacional, reinserción en el tejido social y financiamiento público y privado de los Partidos Políticos exigen una reinvención de las reglas políticas puesto que no se puede persistir en formalismos burocráticos y administrativos en medio de una vertiginosa expansión de las TICs.

 

[*] Abogado por la Universidad de Lima. Es egresado de maestría de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú; y ha realizado estudios de maestría de Derecho Empresarial en la Universidad de Lima. Asimismo, estudios en finanzas con mención en Dirección Ejecutiva, concesiones y regulaciones para Gestión Pública en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; y cuenta con especialización en diversas disciplinas del Derecho: Corporativo, Administrativo, Tributario, Municipal, Civil y Procesal Civil.

 

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