Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS II Diario Penal Nro. 270 – 20.03.2020


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS II

El fenómeno de la “Pornovenganza” (Parte II)

Por Mariano Petean Gioffre

Sumario: 1. Introducción.- 2. Diferencias con las figuras típicas vigentes.- 3. Conclusiones.-

2.- Diferencias con las figuras típicas vigentes

   El inconveniente que se le ha presentado tanto a magistrados como a doctrinarios es la subsunción de dicha conducta en los tipos penales vigentes. Ello se debe a que la conducta de difundir imágenes o videos de contenido íntimo se produce como represalia frente a la negativa por parte de la víctima de continuar con la relación sentimental o simplemente con la intención de causar un daño.

   En primer lugar, podemos relacionar la conducta analizada con el tipo penal de coacción, donde la conducta consiste en obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, mediando amenazas.

   En este sentido, la conducta que podría encuadrarse dentro del tipo penal de coacción[1] sería obligar a otro (coaccionada/o) a que haga o no haga determinada conducta como podría ser, continuar la relación amorosa o seguir manteniendo relaciones sexuales o bien reestablecer el vínculo interpersonal con el coaccionador, a cambio de que este último no difunda las imágenes o videos íntimos.

   No obstante, ello, la conducta de difundir efectivamente el contenido de carácter íntimo a través de las redes sociales o servicios de mensajería no estaría comprendida dentro del artículo 149 bis del Código sustantivo.

   El inconveniente que se observa para encuadrar la conducta de difundir imágenes o videos de contenido intimo dentro del tipo penal de coacción es que desde el momento en que se viraliza el mismo, la conducta coactiva propiamente dicha pierde el efecto, ya que se vuelve público dicho contenido produciendo de esta manera el perjuicio a la víctima. Solo podrían encuadrarse como conductas coactivas las que fueran realizadas en forma previa a compartir el o los contenidos privados.

   En segundo lugar, podemos asociar la problemática estudiada con la conducta de obligar a otro, valiéndose de la intimidación, a entregar una suma dineraria, cosas o documentos que produzcan efectos jurídicos. La mencionada figura estipulada en el Código Penal es considerada pluriofensiva ya que no solo afecta la libertad individual sino que también causa un perjuicio sobre el patrimonio[2].

   En este supuesto, la conducta descripta en el tipo penal se denomina extorsión[3]  y presenta como principal característica el contenido pecuniario.

Ello así, ya que, a diferencia de la coacción, la figura extorsiva persigue una finalidad económica y la intimidación es solo un medio para obtener un beneficio cernido estrictamente a lo patrimonial.

   Sin embargo, el mencionado tipo penal presenta la misma limitación que la coacción, pues, una vez difundido el contenido dañoso, se pierde el efecto intimidatorio que provoca sobre el sujeto extorsionado producto de la especial posición en la que se encuentra el extorsionador.

   Puede vislumbrarse que en el fenómeno de la “pornovenganza” la intención no reviste un carácter económico sino producir un daño mediante la difusión del contenido privado.

   En consecuencia, podrán subsumirse dentro del tipo penal de extorsión las conductas que persigan dicho fin, previamente a la efectiva difusión de las imágenes o videos con contenido sexual.

   Por último, podemos asociar la conducta sub examine con el tipo penal previsto en el artículo 169 del Código Penal, denominado chantaje[4]. La figura ilícita se asemeja al tipo penal de extorsión diferenciándose de esta última en el medio utilizado.

   En relación a la presente conducta puede indicarse que la particularidad que presenta es que el sujeto activo utiliza, como medio para obtener el fin pecuniario, la intimidación o amenaza del develamiento de secretos y/o afectaciones al honor del sujeto pasivo. En este sentido, puede asemejarse el hecho de difundir masivamente imágenes o videos privados como una clara afectación al honor tanto objetivo como subjetivo[5].

   La conducta criminal descripta, denominada chantaje, posee como elemento especial que el sujeto pasivo es compelido a cumplir con las pretensiones de carácter económico a fin de evitar el develamiento del secreto, es decir, debe pagar por el silencio del sujeto activo, para evitar ser desacreditado o revelado el secreto.

   De acuerdo a lo expresado por Donna, se entiende por secreto todo lo que se tiene cuidadosamente reservado u oculto, cualquier hecho o circunstancia que el sujeto pasivo quiera mantener en silencio[6]. Siguiendo este concepto, puede comprenderse a las imágenes o videos confeccionados dentro del ámbito de la intimidad como un secreto.

   Sin embargo, la finalidad presenta un carácter económico al igual que el tipo penal de extorsión con las respectivas limitaciones que presenta el tipo penal.

Ello así, ya que al momento en que se consuma la viralización del contenido privado se pierde el efecto intimidatorio. De modo tal que no es posible subsumir la conducta de difundir el material con contenido sexual a la figura penal de chantaje.

   Solo podrán subsumirse dentro del tipo penal de chantaje la conducta de obligar a otro, mediando la utilización de la amenaza de develar un secreto (en este caso imágenes o videos de contenido íntimo), y teniendo en miras obtener un beneficio económico ilícito, la entrega de cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Dicha conducta es llamada de manera popular como “sextorsión”.

 

[1]  El segundo párrafo del artículo 149 bis del Código Penal reza: “Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

[2] Conf. FONTÁN BALESTRA, Carlos, Derecho Penal, Parte especial, actualizado por Guillermo A. C. Ledesma, decimosexta edición actualizada, Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos Aires 2002.

[3] El artículo 168 del Código sustantivo expresa: “Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.

Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito”.

[4] El artículo 169 del Código de fondo establece: “Será reprimido con prisión o reclusión de tres a ocho años, el que, por amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos, cometiere alguno de los hechos expresados en el artículo precedente”.

[5] FONTÁN BALESTRA, Carlos, Derecho Penal, Parte especial, actualizado por Guillermo A. C. Ledesma, decimosexta edición actualizada, Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos Aires 2002, pp. 147-148.

[6] DONNA, Edgardo A., Derecho Penal, Parte especial Tomo II B, Segunda edición actualizada, Rubinzal Culzoni editores, Buenos Aires 2007, p. 229.

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