Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS II Diario DPI Suplemento Personas no humanas Nro 21 – 12.12.2019


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS II

Juezas (y Fiscales) de Rosario en las antípodas del Derecho Animal

Por Angélica Miotti

A pesar de que, aún hoy, a los y las integrantes de nuestro muy desprestigiado Poder Judicial el tema de los Derechos Animales les resulta completamente indiferente, no significa tengamos que continuar naturalizando semejante pasividad contra legem por más institucionaliza que esté.

Si bien en este artículo nombraré funcionarias mujeres (dado un caso que sucedió en la ciudad de Rosario), la reducción al absurdo de los casos de crueldad y maltrato animal no distingue género, tampoco edad ni cargo dentro del mundo de los operadores de justicia. Sobran los dedos de una mano para identificar qué funcionario/a judicial conoce de estas leyes y las aplica sin limitarse por los típicos prejuicios, arrogancias o temor reverencial.

Cabe mencionar que, ignorar o menospreciar los temas de los demás animales, los puede hacer incurrir -como administradores de justicia- en un claro incumplimiento de sus funciones, o, por qué no, en abuso de poder.

Por otro lado, el impacto social que tienen los delitos de maltrato animal debería ser material obligatorio de estudio para quienes juzgan penalmente. Está demostrado desde diferentes disciplinas que quien es o fue violento con animales, lo es, fue o será con humanos empezando por niños y mujeres (como otros de los colectivos más vulnerables). El Estado debería empezar a prestar particular atención allí. Y todo esto, sin mencionar la negación a reconocer los derechos básicos que tienen los demás animales. Su innegable condición de “SERES SINTIENTES y CONSCIENTES” no son un invento, sino una puesta al día por parte del mundo científico -reconociendo lo que desde hace 500 años a.C. ya se sabía-, y amparada por los académicos y eruditos jurídicos:  “Los animales deben ser considerados universalmente PERSONAS  y no cosas” (ver Declaración de Cambridge sobre la Conciencia, año 2012 y Declaración de Toulon, año 2019).

            Habiendo hecho este pequeño pero sustantivo resumen, sucede que nuestras funcionarias se caracterizaron (o caracterizan) por subestimar la Vida de los demás Animales (y el trabajo que hacemos sus colegas abogadas, como así también la existencia de jurisprudencia y doctrina local y comparada), y lo han dejado más que claro en el caso de MALTRATO Animal -MASCOTISMO y ESCLAVITUD- de un mono carayá que resonó en la ciudad de Rosario y reforzando la intolerable relación entre derecho y poder y favoreciendo la amplia discrecionalidad judicial perpetradora de muchas injusticias.

La Jueza de 1° Instancia, la Dra. Hebe Marcogliese, rechaza el pedido de Fiscalía de elevación a juicio -motivado por las leyes penales de fondo y forma yante el rechazo continuo de la imputada de cumplir una probation– por “falta de pruebas” a pesar de un arduo y completo trabajo del equipo de la Oficina de Maltrato Animal de la Fiscalía y con pruebas en calidad y cantidad suficientes (mientras tanto, el animal silvestre fue decomisado de su cautiverio y puesto en rehabilitación). Su decisión es apelada y es a la Dra. Bibiana Alonso, Jueza de Cámara, a quien lo corresponde confirmar o no la negativa de primera instancia. La magistrada se mostró indignada y molesta, inclusive durante la audiencia misma, afirmando que “todo eso no era más que una pérdida de tiempo, que ya tenía postura tomada de ante mano, que “ama a los animalitos” pero que tiene temas más importantes que atender y que las leyes penales están para otra cosa” (me pregunto, entonces, para qué los legisladores crearon las leyes penales 14.346 y 22.421). En fin, el mismo alboroto arrogante de siempre, pero con el agravante del desconocimiento de leyes de su propia competencia.

Es que, tampoco, la Fiscal Dra. Mariela Oliva durante la audiencia (en un artículo que escribí días antes de ésta, le manifesté crédulamente mi apoyo) logró, sin necesidad de ponernos pretenciosos y desde un proceso de razonamiento netamente jurídico, tipificar la conducta ilícita que pretendía imputarle a la acusada y en la que su equipo trabajó durante años. A pesar de los reiterados pedidos de la Jueza Alonso para que encuadrara la conducta ilícita de la imputada, la Dra. Oliva no fue capaz de mencionar el Inc. 7 del art. 3 de la Ley 14.346 en una Audiencia Preliminar.

Por su parte, el abogado defensor ni siquiera pronunciaba correctamente el apellido de su representada, así y todo, y con pruebas contundentes y una ley penal específica y vigente, se confirmó la negativa de elevar a juicio un caso claro de “maltrato”: un animal silvestre, atado con cadenas durante más de 10 años en el techo de una casa con piso y paredes de cemento, con riesgo de que se enredara con los cables, siendo la diversión de los vecinos, durmiendo en brazos de humanos o en mecedoras, con contacto sólo humano, una  alimentación contraria a su especie y cuya llegada a esa familia no pudo demostrar ser lícita. No hace falta ser experto en primates ni en derecho penal para saber y entender que un animal silvestre –como un mono Carayá-, autóctono de las regiones selváticas y las riberas de la Mesopotamia, aullador por naturaleza y que vive en manada (su familia puede ser hasta de 20 individuos de su propia especie) guiada por un macho o hembra dominante (de su especie, no de la humana); que, además, es una especie arborícola donde seleccionan los árboles para dormir y comer, jamás podría ser un animal doméstico, ni domesticado sin maltrato de por medio. Nunca la casa de un ser humano constituirá un hábitat para un animal salvaje. Debemos aceptarlo.

Desde el otro lado de la sala, la vergüenza ajena y el descrédito a los operadores de justicia se apoderó de todos los que presenciamos esa audiencia. La esclavitud por años de un animal, sumada a la evidencia de los hechos, la contundencia de las pruebas, el abanico de delitos que “esconde” el mascotismo, la reciente jurisprudencia y doctrina y la producción científica, merecían algo más que esa triste y vergonzosa audiencia.

En esta línea, y trascendiendo el maltrato como hecho socialmente repudiable en sí mismo, no es menor que otra ley penal tipifique el comercio de animales silvestres, es decir, no condenar este “mascotismo” es legitimar el delito de tráfico. Por si fuera poco, más allá del imperdonable trato que se le da a los monos carayá (y, en verdad, a todo animal que se comercialice) para colocarlos en el circuito de comercialización, los números deberían indignarnos: de 10 individuos que se separan de bebé de su manada, sólo 1 se puede vender ya que los otros 9 mueren en el camino o son asesinados (alterando también y de manera alarmante la biodiversidad).

No podemos romantizar el cautiverio, utilizar eufemismos, ni debemos subestimar la esclavitud por ser la víctima un animal. La Justicia como institución no puede darse ese lujo y lo último que podrían hacer nuestros empleados judiciales es trivializar  estos casos de violencia y ponderar derechos según privilegios y criterios personales. La Violencia es una -lo que cambia son las víctimas – y, como tal, debe condenarse.

En estos casos, los delitos de maltrato, crueldad, tráfico ilegal de especies y la esclavitud y la pérdida de la biodiversidad son consecuencia de la estupidez criminal humana del mascotismo y el prejuicio judicial de nuestros jueces y fiscales. Los humanos somos los únicos victimarios, con caprichos de moda mascotista o deseos absurdos de apropiación de la vida de otros seres, violando leyes y amparados por la impunidad que garantizan los Poderes Judiciales.

Más allá de las mentalidades que aún subestiman los derechos positivos de los demás animales, no se necesita aquel combo de ilícitos para que los demás animales puedan ser protegidos por nuestra justicia: podemos discutirlo, quizás, filosóficamente, pero desde la ética no hay mucho margen de discusión; desde la ciencia, menos aún. Y la intención legislativa es clarísima desde hace décadas: la Constitución Nacional y leyes penales amparan a los demás animales por el sólo hecho de ser tales. Pero nuestro Sistema Judicial aún no se enteró de ello, su pesado antropocentrismo lo vuelve anacrónico e injusto (excepto algunos casos a lo largo del país que juezas y jueces han fallado conforme la esencia de su envestidura, de las leyes locales y el derecho comparado, la jurisprudencia, los postulados de la ciencia moderna y los principios éticos básicos) aumentando la imperdonable deuda en el reconocimiento efectivo de los derechos de los demás animales y de la nueva conciencia social de respeto a la Naturaleza en su totalidad.

En este caso puntual, mientras en los estrados judiciales se encargaban de minimizar la vida del animal, éste fue rehabilitado y devuelto al hábitat de donde nunca debieron haberlo quitado.

Pero la importancia y trascendencia del Bien Jurídico Protegido desde el año 1954 con la promulgación de la Ley Penal 14.346 no ha sido aún receptado ni considerado por la Justicia rosarina. Este Bien Jurídico no es otro que el DERECHO del PROPIO ANIMAL a no ser víctima de maltrato ni crueldad. La idea de que los demás animales sean titulares de bienes jurídicos básicos no parece estar alejada de la intención de los legisladores de aquella época, inclusive, surge del propio texto legal. Y es evidente que los derechos más básicos que tienen son a la Vida, a la Libertad y a la Integridad Física y Psíquica.

Y la imputada, siendo ella quien mantuvo maltratado a un animal silvestre todos los días durante más de diez años, finalmente, ni siquiera tuvo que cumplir una tarea social. El mensaje que las juezas penales le dieron al resto de la sociedad es claro pero contradictorio a la esencia misma del Derecho Penal.

Desconocer la violencia por ser ejercida sobre otra especie, es un poderoso contraideal ético, sumamente inequitativo y claramente conservador del servicio de administración de justicia. Y persistir en lo contrario, no es quijotesco ni un disparate de sonsos, sino el mero RESPETO a la vida de los individuos de todas las especies, privilegio del cual el humano cree ser el único poseedor. Además, hasta lo que yo entiendo, es legítimo abogar para que las leyes vigentes sean cumplidas…

Y en el tema de los Derechos Animales, también es legítimo generar debates sobre la validez y los límites del Derecho y la discrecionalidad de quienes deciden a quiénes, cómo y cuándo administrarles justicia.

Es urgente, además, generar Políticas de Estado que amparen los derechos de los demás animales como base de un sistema justo, considerándolos lo que son: Sujetos de Derechos y poder trascender la mentalidad medieval que, en este tema, caracteriza a la mayor parte del Poder Judicial.

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