Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS II Diario Administrativo Nro 247 – 13.08.2019


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Regulación ambiental e inversiones extranjeras (Parte II)

Por Juan Bautista Justo

[1]

Como muestra la anterior reseña, desde finales del siglo XX los Estados han comenzado a ser demandados en diferentes foros globales con motivo de un sinnúmero de medidas ambientales que afectan a inversores de otros países, incluyendo la prohibición de actividades de fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos (fracking),[2] suspensión de proyectos de energías renovables,[3] cancelación de planes de construcción de plantas nucleares,[4] procedimientos administrativos de evaluación de impacto ambiental,[5] comercialización de pesticidas,[6] denegatoria de permisos para instalación de vertederos,[7] entre otros.

Esa tendencia constituye una muestra cabal de la transición hacia el modelo post westfaliano de Estados que caracteriza a nuestra época, en el cual los países se ven crecientemente sometidos a diferentes regímenes internacionales que, muchas veces, parecen perseguir fines contradictorios entre sí.[8]

En el caso de la temática analizada, esa rivalidad entre dos subsistemas del derecho internacional se observa claramente.

De una parte, asistimos a un exponencial desarrollo del sistema de Acuerdos Internacionales de Inversiones (AII), que encuentra su anclaje actual en diferentes tratados regionales y multilaterales (como el NAFTA, la Carta de la Energía de la Unión Europea y similares) y –en especial- en la amplia red de Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI) amparados en la Convención del CIADI, aprobada en 1965.

Sin embargo, en forma concomitante, crece también a pasos agigantados en todo el mundo un marco jurídico de protección del medio ambiente, que incluye un universo vasto de regulaciones internacionales y domésticas que tienen por objeto detener y revertir el severo deterioro del entorno natural en el globo.

La sujeción simultánea a esos dos marcos jurídicos genera con frecuencia un dilema de hierro para los Estados, que se vuelve tangible cuando se ven sometidos a reclamos desde los dos frentes: o bien se los responsabiliza por no adoptar las medidas que les exigen los estándares de protección ambiental, o bien se lo hace por adoptar esas medidas y afectar –con ello- los intereses de los inversores. De ese modo, la interacción de dos piezas centrales del orden jurídico global –ambiente e inversiones- involucra tensiones interpretativas que se trasladan a la gestión de una creciente litigiosidad en este ámbito.

Lo importante es asumir que ese escenario de tensiones no es aislado ni excepcional, sino que se ha convertido en un dato cotidiano de nuestro derecho, resultante de la internacionalización del orden doméstico. Si antes la idea de soberanía nos brindaba previsibilidad y consistencia lógica al “impermeabilizar” un universo normativo único dentro de cada país, hoy esa premisa de hermeticidad no es más que el “miembro fantasma” de un tiempo pasado.  Seguir pensando que nuestro derecho es un conjunto unitario y armónico de reglas no nos conducirá más que a diagnósticos y estrategias frustrantes. Las estrategias regulatorias de hoy deben dar cuenta de esa realidad y proponer nuevas formas de diálogo global.

[1] Cátedra de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue, Argentina. justo.juanbautista@gmail.com

[2] Lone Pine Resources Inc. v. The Government of Canada, Caso CIADI N° UNCT/15/2, Aviso de Arbitraje, 6° de septiembre de 2013.

[3] Windstream Energy LLC v. Government of Canada, Caso PCA N° 2013-22, Notificación de la Intención de someter un Reclamo a Arbitraje, 17 de octubre de 2012.

[4] Vattenfall AB and others v. Federal Republic of Germany, Caso CIADI N° ARB/12/12.

[5] Clayton and Bilcon of Delaware Inc. v. Government of Canada, Caso PCA N° 2009-04, 17 de marzo de 2015.

[6] Dow Agrosciences LLC v. Canada, Acuerdo Conciliatorio, UNCITRAL, 2011.

[7] Vito G. Gallo v. The Government of Canada, Caso PCA N° 55798, 15 de septiembre de 2011; Mercer International Inc. v. Government of Canada, Caso CIADI N° ARB(AF)/12/3, Solicitud de Arbitraje, 30 de abril de 2012.

[8] Justo, Juan Bautista, “El fin de la promesa constitucional”, Revista Argentina de Justicia Constitucional, N° 4, Octubre 2017.

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