Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS DPI Suplemento Derecho del Deporte Nro 29 – 20.11.2020


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

La responsabilidad civil de los dirigentes de las entidades deportivas por actos de gestión a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación

Por Germán E. Gerbaudo

[1]

I. Introducción.

En nuestro país los clubes asumen la forma de asociaciones civiles y la administración queda a cargo de una comisión directiva cuyos miembros no reciben una retribución por el ejercicio de esa función.

Sin embargo, asumen una importante responsabilidad civil por su gestión.

El régimen de responsabilidad civil de los administradores de las asociaciones civiles se modificó sustancialmente con la sanción del Código Civil y Comercial de Nación a través de la ley 26.994.

En este trabajo analizamos la responsabilidad de los miembros de un club a partir de la regulación del Código Civil y Comercial.

II. La forma jurídica de organización de las entidades deportivas.

En nuestro país los clubes adoptan la forma de asociaciones civiles.

A nivel mundial, existen dos grandes modelos que se contraponen: el de las asociaciones civiles y el de las sociedades anónimas deportivas[2].

Se trata de un debate que en la Argentina se presentó con mucha fuerza en la década de 1990 y que en los últimos años, especialmente desde el 2015 a 2019 se reactivó nuevamente.

El caso paradigmático a la hora de referirnos a los clubes como sociedades anónimas deportivas es el español, que adoptó esta forma mercantil a partir de la Ley del Deporte Nº 10 de 1990.

Cuando nos referimos a los clubes como sociedades anónimas deportivas se trata de una entidad de carácter mercantil en la que los socios asumen una responsabilidad limitada a sus aportes y hay un capital social mínimo que se encuentra representado en acciones.

En España la adopción de este modelo respondió más a razones económicas que jurídicas[3]. Por la década de 1980 los clubes de fútbol español se encontraban atravesando una gran crisis económica, con un gran endeudamiento y se pensó que con esta forma jurídica se daría una administración más ordenada con un mayor control económico sobre las entidades.

En verdad, en la práctica ese objetivo no se logró y como hemos indicado en reiteradas oportunidades con la crisis de 2008 numerosos clubes no pudieron sobrellevarla y terminaron en insolvencia.

Una de las pruebas más elocuentes del fracaso de este modelo de las sociedades anónimas deportivas se evidencia que en febrero de 2019 el gobierno español de Pedro Sánchez hizo público un Anteproyecto de nueva Ley del Deporte, en la cual ya no es obligatorio que las entidades deportivas para intervenir en las competencias oficiales adopten la forma de sociedades anónimas deportivas. Podrán asumir esta forma o conservar la forma de asociaciones civiles.

Frente a este modelo, encontramos el que adopta nuestra legislación: los clubes como asociaciones civiles.  Las asociaciones civiles son personas jurídicas privadas (conf. al art. 148, inc. b, Código Civil y Comercial). El art. 148, bajo la designación de “Personas jurídicas privadas” expresa que “Son personas jurídicas privadas: b) las asociaciones civiles;”

Las asociaciones civiles son una estructura jurídica que sirve para aquellos emprendimientos en los que los asociados no persiguen –como en las sociedades- un lucro, sino la utilización de los servicios que brinda la asociación civil. En tal sentido, se organizan bajo esta forma jurídica las entidades deportivas, las sociedades de beneficencia y las universidades privadas.

Luis Daniel Crovi indica que “la asociación civil es la persona jurídica que nace de la unión estable de un grupo de personas físicas o jurídicas que persiguen la realización de un fin común no lucrativo”[4].

La exigencia de que los clubes adopten la forma de asociaciones civiles viene impuesta por normas federativas. En tal sentido, las federaciones deportivas establecen en sus estatutos que los clubes que quieran participar en las competencias federadas deben adoptar y respetar las normas de las asociaciones civiles.

El Código Civil y Comercial de la Nación innovó en la regulación de las personas jurídicas en general y en particular de las asociaciones civiles. En el Código de Vélez de 1869, aun después de la reforma de la ley 17.711 de 1968 la regulación de las asociaciones civiles era muy escasa. En la actualidad, nos encontramos con una parte general de personas jurídicas y luego una regulación especial de las asociaciones civiles.

III. Responsabilidad de los miembros de la comisión directiva.

  1. Órganos de las Asociaciones civiles.

Las asociaciones civiles presentan los siguientes órganos sociales: a) órgano de gobierno: asamblea; b) órgano de administración: comisión directiva –el Código Civil y Comercial de la Nación utiliza la denominación de Consejo Directivo-; y c) órgano de fiscalización: comisión fiscalizadora.

  1. Administradores de asociaciones civiles.

La administración en un club recae en la comisión directiva.

El art. 171 del Código Civil y Comercial hace referencia a los administradores, indicando la calidad de asociados que estos deben revestir, el derecho de los asociados a integrar el órgano de administración, los cargos que debe prever el estatuto y la designación en el acto constitutivo de la primera comisión directiva.

Esta norma constituye una innovación con respecto al Código Civil derogado que nada establecía en relación a los administradores de estas entidades.

El precepto dispone que “Los integrantes de la comisión directiva deben ser asociados. El derecho de los asociados a participar en el consejo directivo no puede ser restringido abusivamente. El estatuto debe prever los siguientes cargos y, sin perjuicio de la actuación colegiada en el órgano, definir las funciones de cada uno de ellos: presidente, secretario y tesorero. Los demás miembros de la comisión directiva tienen carácter de vocales que no podrán ser un número inferior a DOS (2). A los efectos de esta Sección, se denomina directivos a todos los miembros titulares de la comisión directiva. En el acto constitutivo se debe designar a los integrantes del primer consejo directivo”.

La Comisión Directiva es la que tiene a su cargo la administración de la entidad, funciona de manera permanente, sus miembros son elegidos por la asamblea y se renuevan periódicamente. Así como la asamblea es el órgano de gobierno, la Comisión Directiva es el órgano ejecutivo que ejerce la administración o dirección de la entidad. Tiene a su cargo “el manejo de los asuntos cotidianos que hacen a la vida de la asociación”[5].  Asimismo, se señala que “tiene a su cargo la administración de la entidad, pero debe sujetar sus gestión a las directivas trazadas por la asamblea”[6].

  1. Régimen de responsabilidad de los integrantes de la comisión directiva.

En este tópico entran a jugar diversas normas del Código Civil y Comercial de la Nación: arts. 159, 160 y 177. En este acápite analizaremos las mismas. Adelantamos que se observa una “comercialización” del régimen de responsabilidad de los administradores de las entidades civiles en razón de que se han incorporado diversas normas que emergen del ordenamiento societario.

El art. 159 del Código Civil y Comercial establece que los administradores deben obrar con lealtad y diligencia, no pudiendo perseguir intereses contrarios a los que administran. Agregando el precepto que “si en determinada operación los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación”.

La fuente del precepto se encuentra en el art. 272 de la LGS que bajo el título de “Interés contrario” expresa que “Cuando el director tuviere un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber al directorio y a los síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación, so pena de incurrir en la responsabilidad del art. 59”.

El precepto eleva al carácter de norma jurídica una norma de carácter moral[7]. Es una norma de un alto contenido ético[8]. Se trata de una regla general que constituye una obligación ética de todo administrador de cosa ajena consagrada permanentemente en nuestro derecho[9].

La norma expresa una fórmula amplia, no aludiendo a supuestos particulares, sino a todos aquellos casos en los que pueda presumirse que la decisión del órgano deliberativo pueda favorecer intereses particulares[10]. En definitiva, como expresa Mariano Gagliardo el conflicto de intereses “se determina por la concurrencia en el socio o administrador de un interés antagónico o disímil al de la sociedad en que actúa”[11]. Se sostiene que el interés contrario es “el interés personal del director, la ventaja que pudiese obtener en el negocio en perjuicio de la sociedad, la actividad en competencia y situaciones similares en las cuales colisione su situación personal con la de la sociedad”[12].

En consecuencia, la solución desarrollada en el derecho societario se ha exportado a la parte general de las personas jurídicas privadas resultando aplicable a todas ellas[13]. Así se indica que “el artículo en análisis ha consagrado estos principios para todas las personas jurídicas. Los administradores deben abstenerse de actuar en interés contrario a la entidad, ya sea por sí o por interpósitas personas”[14].

El art. 160 del Código Civil y Comercial bajo la designación de “Responsabilidad de los Administradores” dispone que “Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones por su acción u omisión”.

Por su parte, el art. 177 alude a la extinción de la responsabilidad expresando que “La responsabilidad de los directivos se extingue por la aprobación de su gestión, por renuncia o transacción resueltas por la asamblea ordinaria.

No se extingue:

a) si la responsabilidad deriva de la infracción a normas imperativas;

b) si en la asamblea hubo oposición expresa y fundada de asociados con derecho a voto en cantidad no menor al diez por ciento del total. En este caso quienes se opusieron pueden ejercer la acción social de responsabilidad previstas para las sociedades en la ley especial”.

Se trata de una norma inédita del Código Civil y Comercial que reconoce su fuente en el art. 275 de la LGS.

La asamblea es el principal órgano encargado de nombrar y remover a los administradores, como así también de juzgar su gestión. Del mismo modo, la asamblea, como órgano de gobierno de la asociación, puede aceptarles la renuncia a los integrantes de la comisión directiva y también puede ratificar la transacción efectuada sobre aspectos litigiosos vinculados a su desempeño.

Los miembros de la comisión directiva responden por los perjuicios causados en el ejercicio de sus funciones. Siguiendo a la Ley General de Sociedades (LGS) se impone responsabilidad de los administradores en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros. Ello está marcando a criterio de autorizada doctrina una clara comercialización de las reglas de responsabilidad de los administradores de estos entes[15].

El factor de atribución es subjetivo y está dado por la culpa. Se expresa que “se establece pues una responsabilidad amplia basada en el actuar culposo”[16].

El daño puede ser ocasionado tanto por acción como por omisión.

La responsabilidad de los miembros de la comisión directiva se extingue por aprobación de la gestión, renuncia o transacción. Sin embargo, no se extinguirá la responsabilidad si la misma resulta de una violación a la ley y si media una oposición expresa y fundada de los asociados en una cantidad no menor al diez por ciento del total.

IV. Conclusiones.

En nuestro país, los clubes adoptan la forma jurídica de asociaciones civiles sin fines de lucro.

El Código Civil y Comercial –en comparación con el Código Civil derogado- regula de manera más exhaustiva a las asociaciones civiles.

En lo que respecta al régimen de responsabilidad de los administradores el Código Civil y Comercial en su regulación toma directrices que provienen de la hoy LGS.

Este régimen de responsabilidad más severo puede desalentar la participación de los asociados en el órgano de administración de las instituciones. No obstante, pensamos que las soluciones deben buscarse a través del asesoramiento jurídico y la profesionalización de la gestión de los directivos.

[1]Abogado (UNR). Doctor en Derecho (UNR). Magíster en Derecho Privado (UNR). Especialista en Derecho de Daños (UCA). Profesor Titular Ordinario –por concurso- de Derecho de la Insolvencia, Facultad de Derecho (UNR). Profesor Titular de Derecho del Deporte, Facultad de Derecho (UNR). Sub-director del Centro de Estudios en Derecho del Deporte (UNR). Secretario del Área Académica y de Aprendizaje (Facultad de Derecho, UNR).

[2] Con anterioridad en este mismo Suplemento analizamos los diferentes modelos de organización de las entidades deportivas, véase: GERBAUDO, Germán E., Formas jurídicas de organización de las entidades deportivas (Parte I), en DPI, Derecho para Innovar, Suplemento de Derecho del Deporte, 14/08/2017, Nº 1. www.dpicuantico.com; GERBAUDO, Germán E., Formas jurídicas de organización de las entidades deportivas (Parte II), en DPI, Derecho para Innovar, Suplemento de Derecho del Deporte, 11/09/2017, Nº 2. www.dpicuantico.com; GERBAUDO, Germán E.,  Formas jurídicas de organización de las entidades deportivas (Parte III), en DPI, Derecho para Innovar, Suplemento de Derecho del Deporte, 9/10/2017, Nº 3. www.dpicuantico.com.

[3] DE LA IGLESIA PRADOS, Eduardo, Derecho patrimonial privado y deporte, Madrid, Reus, 2016, p. 275.

[4] CROVI, Luis Daniel, comentario al art. 33 del Código Civil en “Código Civil Comentado”, Director Julio César Rivera, Santa Fe, Rubinzal, 2004, ps. 122 y 123; CROVI, Luis Daniel, Régimen legal de las asociaciones civiles, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006, p. 33; CROVI, Luis Daniel, Derecho Civil y Comercial. Parte General, Buenos Aires, 2017, Abeledo Perrot, p. 491; CROVI, Luis Daniel, Capítulo IX “Las entidades no lucrativas en la Argentina”, en “Derecho Privado del Siglo XXI”, Ciuro Caldani, Miguel Ángel y Nicolau, Noemí L. –Directores-, Frustagli, Sandra A. –Coord.-, Buenos Aires, Astrea, t. I, 2019, p. 303.

[5] CROVI, L., Régimen…, cit., p. 98; CROVI, Luis Daniel, Derecho Civil y Comercial. Parte General, Buenos Aires, 2017, Abeledo Perrot, p. 500; CROVI, Luis Daniel, Capítulo IX “Las entidades no lucrativas en la Argentina”, cit., t. I, 2019, p. 303.

[6] BORDA, Guillermo, Tratado de derecho Civil, 8° ed., Buenos Aires, t. I, Perrot, p. 588.

[7] SILBERSTEIN, Isidoro, Contratación del director con la Sociedad Anónima, Bs. As., Zavalía, 1997, p. 16.

[8] VILLEGAS, Carlos Gilberto, Derecho de las sociedades comerciales, 7º ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1994, p. 437.

[9] CORRAL, Gustavo Vicente, El conflicto de intereses en la sociedad, en L.L. 1997-B-1320.

[10] JUNYENT BAS, Francisco e IZQUIERDO, Silvina, Responsabilidad de los administradores societarios, en L.L. 2007-E-1119.

[11] GAGLIARDO, Mariano, Tutela de intereses diversos y conflictos de intereses societarios, en L.L. 2006-D-845.

[12] MALDONADO, María Florencia, ROBLEDO, María José, FONTANA, Jorge y FLEITAS, Federico, Capítulo IX “Sociedad Anónima”, en “Sociedades. Según las reformas de la ley 26.994”, Gebhardt, Marcelo –Director- y Romero, Miguel Álvaro –Coord.-, Buenos Aires,  Astrea, 2016, p. 348.

[13] Nos ocupamos de este tema en un trabajo anterior, véase: GERBAUDO, Germán E., Los directores con interés contrario al de la sociedad, en Diario Derecho Comercial, Económico y Empresarial, Buenos Aires, DPI Cuántico, Derecho para Innovar 02/05/2018, Nº 161.  www.dpicuantico.com.

[14] CROVI, Luis D., comentario al art. 160 del Código Civil y Comercial en “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Lorenzetti, Ricardo L. –Director-, De Lorenzo, Federico y Lorenzetti, Pablo –Coords.-, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, t. I, 2014, p. 622.

En sentido similar, véase: RIVERA, J. y CROVI, L., Derecho civil…, p. 475.

[15] SAUX, Edgardo I., La responsabilidad civil de las personas jurídicas privadas según el Código Civil y Comercial, en L.L. 2017-E, p 1021.

[16] CROVI, L., Derecho Civil…, cit., p. 479.

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